El juicio por la megacausa de la UNSa comenzó con la expectativa de siempre por parte de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que desde hace más de tres décadas esperan que el Estado salde en parte la onerosa deuda que mantiene con ellos. La excesiva demora en los procesos determinó que la Justicia Federal de Salta, con buen criterio, armara un paquete de 37 causas de personas que sufrieron tormentos, secuestros y desapariciones en la provincia. Por estos crímenes de lesa humanidad, cometidos entre 1975 y 1983, fueron llevados a proceso 19 miembros del Ejército, de la Policía local y hasta un civil.
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El juicio por la megacausa de la UNSa comenzó con la expectativa de siempre por parte de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que desde hace más de tres décadas esperan que el Estado salde en parte la onerosa deuda que mantiene con ellos. La excesiva demora en los procesos determinó que la Justicia Federal de Salta, con buen criterio, armara un paquete de 37 causas de personas que sufrieron tormentos, secuestros y desapariciones en la provincia. Por estos crímenes de lesa humanidad, cometidos entre 1975 y 1983, fueron llevados a proceso 19 miembros del Ejército, de la Policía local y hasta un civil.
La ronda de testigos se inició el lunes en el recinto de la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, con el desgarrador relato de los exdetenidos políticos Julia Beatriz García, Silvia Troyano y Carlos Arturo Homquist. De sus dichos surgió con nitidez que la eliminación del gremialista Eduardo Fronda y del periodista Luciano Jaime -entre enero y febrero de 1975- formó parte de un accionar conjunto de la Policía de la Provincia y de la Policía Federal, con los imputados Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray a la cabeza. A Fronda lo vieron detenido en ambas instituciones y luego su cadáver apareció acribillado en la ruta que une San Lorenzo con Vaqueros. A través de sus crónicas en las páginas del diario El Intransigente, Jaime orientó las sospechas hacia esas fuerzas. Días después el cuerpo del periodista apareció dinamitado en el paraje Encón Chico, en el departamento de Rosario de Lerma. Rodolfo Plaza, directivo del periódico, también coincidió con la teoría de los testigos de marras.
De la investigación judicial surgió que las fuerzas de seguridad recibieron expresas directivas de eliminar a miembros del Frente Revolucionario Peronista (FRP), que liberaba Armando Jaime (primo de Luciano). Alfredo Mattioli, Leonardo Tapia y los hermanos Estopiñan también tuvieron un final trágico el 24 /04/75, cuando medio centenar de policías rodearon la casa donde pernoctaban, en Rosario de Lerma, y los masacraron a balazos. Según el fiscal Ricardo Toranzos, el ataque a los militantes de FRP fue planeado y comandado por Guil y el entonces jefe de Policía, teniente coronel Miguel Gentil. En la audiencia del martes testimoniaron los policías que llegaron después de la balacera. No aportaron mucho porque recurrieron a la teoría del “no me acuerdo”. No obstante su reticencia a contar la verdad dejó en evidencia que las víctimas fueron virtualmente ejecutadas. Tenían más de 20 impactos de bala en sus cuerpos.