“Hay que hacer más por impedir que los traficantes puedan volcar sus ganancias al mercado legal”.
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“Hay que hacer más por impedir que los traficantes puedan volcar sus ganancias al mercado legal”.
“Hay que reforzar la fiscalización sobre medicamentos para evitar que se desvíen con fines ilícitos”.
Ricardo Gil Lavedra es jefe de los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical. Fue uno de los legisladores nacionales que junto a Victoria Donda (FAP) y Diana Conti (FPV) presentaron los proyectos que analizan la despenalización de la tenencia para uso personal de marihuana o de semillas, el autocultivo e incluso su utilización en la vía pública, siempre que no se incite a menores a hacerlo.
Si bien durante mayo y junio se analizó junto a varios especialistas -a favor y en contra- en la Comisión de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones de la Cámara Baja, el debate quedó frenado.
Hablar del uso legal de la marihuana sigue molestando a muchos por lo que resulta bastante difícil llegar a un proyecto consensuado. En exclusiva para El Tribuno, el diputado explicó que “la tarea que tenemos por delante no es simple. Hay mucho por discutir y explicar”.
En cuanto al proyecto que impulsa Uruguay, en el que se analiza que sea el Estado quien controle la venta de drogas, Gil Lavedra aseguró que en Argentina un proyecto de esas características no sería legalmente viable.
¿A qué atribuye el retraso en el análisis de los proyectos para despenalizar el consumo de drogas?
Entiendo que hoy todos tenemos una valoración crítica de lo que hasta aquí ha sido la política de drogas. Sin embargo, cuando nos formulamos la pregunta sobre qué hacer en este escenario, empiezan los desacuerdos. El núcleo de coincidencias que hemos logrado, entre quienes tenemos una opinión formada sobre el tema y la importante repercusión de las propuestas de reforma, ha contribuido a disparar la discusión entre las distintas fuerzas y hacia el interior de los bloques. Pero la tarea que tenemos por delante no es simple. Hay mucho por discutir y explicar. Nuestra intención es retomar la discusión luego de finalizado el receso y esperamos que la bancada del Frente para la Victoria acompañe.
En comisión analizan una propuesta de consenso, ¿qué puntos tomaron de su proyecto?
Nuestro aporte a la discusión, entiendo, ha sido destacar la preocupante situación que se vive en algunas de las cárceles de provincias fronterizas y, en general, la alta tasa de encarcelamiento de los eslabones más vulnerables de las cadenas de tráfico. Se denomina “mula” a aquellas personas empleadas por organizaciones delictivas para transportar pequeñas cantidades de estupefacientes, habitualmente a través de fronteras. En general, son mujeres de estratos sociales extremadamente vulnerables que se ven forzadas a realizar esta actividad, muchas veces poniendo en grave riesgo su salud, a cambio de pagos irrisorios. Debido a la tosquedad de las maniobras desplegadas es habitual que estas personas sean detenidas en zonas fronterizas y esto, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, ha generado en los últimos años un crecimiento de alrededor del 240% de la población carcelaria femenina. En definitiva, esto tiene un alto costo humano. Y por ello, nuestra propuesta fue brindarle mayor flexibilidad al sistema para aliviar en alguna medida esta situación y evitar la imposición de sanciones que en determinados casos pueden resultar manifiestamente injustas. Entendemos que hay que diferenciar entre la gravedad de las distintas conductas y tener un sistema de penas escalonado, y no uno que tienda a encarcelar indiscriminadamente a todos los actores cualquiera sea su aporte o responsabilidad. También hemos colaborado activamente en la redacción de la figura de la tenencia simple de estupefacientes. Esto se entendería como la tenencia que no tiene fines de consumo ni comercialización.
¿Cuáles son las mayores objeciones en el debate?
El principal desafío es consensuar un texto claro que marque un punto de ruptura con las prácticas actuales y dar respuesta a algunas cuestiones complejas. La primera y quizás una de las que genera más dudas es determinar en qué situaciones la tenencia o el consumo dejan de ser una acción privada para convertirse en un peligro para la salud o los derechos de terceros. Entonces hay que preguntarse si es siempre que se produce en lugares públicos o solo cuando hay menores presentes.
Es un tema difícil y siempre terminará siendo la Justicia la que tenga la última palabra, pero aún así hay cuestiones de redacción de la ley que se pueden ajustar. Un segundo punto es la regulación de la tenencia simple, que se aplica a casos dudosos, en donde no está claro si hay una situación de consumo o comercialización y que pretendemos reformular para evitar abusos. Y de nuevo aquí el problema es equilibrar el interés por perseguir el narcotráfico con los derechos de los usuarios. Y el último punto es la interacción entre la Justicia Penal y los sistemas de salud.
Hoy contamos con la nueva ley de salud mental para garantizar los derechos de los procesados y condenados que presenten problemas de adicción y requieran atención profesional. Pero hay algunas dudas sobre si es necesario establecer mayores recaudos y cómo coordinar la relación entre las partes.
¿Existe la posibilidad de avanzar en una reforma de la ley actual que responsabilice más al Estado en la atención de los adictos?
Existen distintas propuestas en este sentido como la que ha presentado, por ejemplo, el diputado Mario Fiad. Y entiendo que es necesario revisar lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido muy poco, y destinar más recursos y atención al tema. De todas formas, creo que aunque podría contribuir no resulta imprescindible una nueva norma o una reforma legal. Se trata, fundamentalmente, de un tema de políticas públicas. Hoy el Estado es responsable de brindar atención a las personas que padecen un problema de adicción. Pero como es frecuente, quien cuenta con menos recursos debe recurrir a un sistema de salud público que funciona deficitariamente.
¿Cree que en algún momento se puede regular la venta? Uruguay analiza un proyecto que propone controlar la venta y llevar un registro de consumidores. ¿En Argentina se podría aplicar una ley así?
No, y sobre esto ha sido muy clara la Corte. La Argentina ha asumido compromisos internacionales que la obligan a limitar exclusivamente la producción, fabricación, exportación, importación, distribución y comercio de estupefacientes con fines médicos y científicos. Y a penalizar la oferta de venta. Por lo tanto, la cuestión no sería legalmente viable, aunque siempre queda, por supuesto, la posibilidad de denunciar los tratados.
¿Cómo se podría reforzar la lucha contra el narcotráfico?
Se trata de un tema muy complejo, pero podríamos empezar por afianzar los controles sobre las zonas fronterizas, para que no se ingresen sustancias con tanta facilidad. El nivel de radarización hoy continúa siendo bajo y los controles terrestres también presentan falencias. También deberíamos reforzar la fiscalización sobre medicamentos y precursores químicos, para evitar que se desvíen con fines ilícitos. El registro de fiscalización, de hecho, fue recientemente intervenido por su bajo nivel de eficacia y la ley que lo creó todavía no fue reglamentada, a pesar de haber sido sancionada en 2005.
Otro punto es el sistema de prevención del lavado de dinero. Hay que hacer más por impedir que los traficantes puedan disponer de sus ganancias y volcarlas al mercado legal. Y por último, señalaría que hace falta capacitar y modernizar las estructuras policiales y judiciales.
¿Cree que el proyecto de despenalización de la droga llegue al recinto este año?
Estamos trabajando para eso, pero como sucede con todo tema controvertido, es difícil anticipar cómo se alinearán las mayorías o si habrá acuerdo.