Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y el contador Alejandro Gotkin, recuperaron hoy la libertad luego de que la Sala I de la Cámara Federal les rebajara las cauciones de 4 millones de pesos a 40 mil en el marco de la causa por el desvío de fondos públicos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
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Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y el contador Alejandro Gotkin, recuperaron hoy la libertad luego de que la Sala I de la Cámara Federal les rebajara las cauciones de 4 millones de pesos a 40 mil en el marco de la causa por el desvío de fondos públicos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En la puerta del penal de Ezeiza, donde permanecía detenido desde el 15 de mayo pasado, Sergio Schoklender habló con la prensa y repartió duras acusaciones contra juez federal Norberto Oyarbide, la presidenta de la asociación, Hebe de Bonafini, y a funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner, a los que responsabilizó por la "malversación" de fondos en la entidad.
"Me ha asombrado que ella (por Bonafini) no haya estado nunca involucrada en la causa. La aconsejaron mal y están saliendo muchas cosas a la luz. Es muy grave y seria su responsabilidad, está todo documentado y acreditado. Si no le han hecho una imputación más seria es por la presión del Gobierno, pero en la historia de la humanidad todos los inquisidores terminaron juzgados y en la hoguera cuando dejaron de ser funcionales a los poderosos de turno", sostuvo Schoklender.
Subrayó, además, que su liberación "era lo que correspondía" ya que "las últimas pruebas con las declaraciones de los funcionarios públicos ratifican que no hay ni un sólo perjuicio cometido contra el Estado nacional".
"En la Fundación --advirtió-- no hubo malversación mientras yo estuve, sí la hubo en el último año con la complacencia de Oyarbide y la participación de funcionarios de Planificación Federal".
Le apuntó entonces directamente al secretario de Obras Públicas, José López, a quien consideró como "el responsable del colapso" en la Fundación y sostuvo que con él en prisión "supusieron que iban a poder meter mano en una caja que nunca les hubiera permitido tocar", por lo que denunció que hubo "intencionalidad política" en su detención.
"La Cámara le ha dado una señal muy clara a Oyarbide tras el disparate que él había fijado de caución y eso tiene que ver con las últimas pruebas que se aportaron en la causa, que ratifican que no hay ni un solo perjuicio cometido contra el Estado nacional. Ahora van a tener que responder", indicó a la prensa.
La liberación se produjo luego de que los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero (el tercer camarista Eduardo Farah votó en disidencia) revocaran la medida del juez Oyarbide que había impuesto cauciones de 4 millones de pesos para los hermanos Schoklender y de 2 millones para Gotkin, y las rebajara a 40 mil pesos.
Los tres fueron liberados desde el penal de Ezeiza, donde estaban detenidos desde el 15 de mayo pasado, acusados de asociación ilícita en el marco de la causa por el desvío de unos 280 millones de pesos girados por el Estado para la construcción de viviendas dentro del programa "Sueños Compartidos" en la organización que preside Hebe de Bonafini.
La liberación de Sergio Schoklender se produjo pocas horas después de que declarara por tercera vez ante el juez Oyarbide, a quien aseguró que, luego de su desvinculación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, "desaparecieron unos 130 millones de pesos en certificados de obra" correspondientes a viviendas sociales, y apuntó contra Hebe y Alejandra Bonafini.
En el fallo, el juez Freiler tuvo en cuenta que los bienes de los imputados están embargados por decisión de Oyarbide, y sobre
los cuatro millones de pesos sostuvo que fue una cifra "irrazonable".
"No puedo compartir la gravitación monetaria que el a quo concedió a la caución real dispuesta", sostuvo Freiler, quien señaló que a los tres acusados se les debe "otorgar una respuesta concreta y pronta sobre una situación en la que se debate su propia libertad ambulatoria".
Por su parte, Farah aclaró que si bien "es cierto que el magistrado valoró las circunstancias patrimoniales del imputado", el análisis "no se centró en la apreciación estática de la composición actual de su fortuna en miras a definir la fuerza necesaria para sujetar la voluntad del imputado al correcto desarrollo del proceso".
La Sala I de la Cámara Federal había hecho lugar previamente a los pedidos de excarcelación, los cuales habían sido rechazados en primera instancia por el juez Oyarbide, quien consideraba que existía peligro de entorpecimiento de la investigación.