Entre tantas cosas irregulares que caracterizan el mundillo kirchnerista, cosas sospechosas y sospechadas, la que más atrae la atención en estos días es la voluntad de Cristina de expropiar la empresa Ciccone, metida en el tembladeral de anomalías y chanchullos que distinguen a la actualidad del vicepresidente de la Nación, Amado Aimé Boudou.
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Entre tantas cosas irregulares que caracterizan el mundillo kirchnerista, cosas sospechosas y sospechadas, la que más atrae la atención en estos días es la voluntad de Cristina de expropiar la empresa Ciccone, metida en el tembladeral de anomalías y chanchullos que distinguen a la actualidad del vicepresidente de la Nación, Amado Aimé Boudou.
Todo el mundo conoce los antecedentes que rodean el caso de esta imprenta encargada, por Cristina, de imprimir una ponchada de billetes (que no pueden ser usados en los cajeros), y cuyos dueños los de la imprenta, no los de los billetes tienen la peculiaridad de ser desconocidos: ni la Justicia conoce la identidad de los genuinos y rocambolescos propietarios. Por eso es que sería inútil redundancia repasar su historial.
¿Cuál es el verdadero motivo que impulsa al Ejecutivo a estatizar a la única empresa en el país que puede fabricar papel moneda?
En los considerandos del proyecto de ley de expropiación que se envió al Congreso, se arguye que de esa manera se recupera para el Estado las “capacidades que son estrictamente de su competencia indelegable e insustituible”. Pero eso casi nadie se lo cree.
No quiere que la impresión de billetes esté en manos privadas. A buena hora repara en eso!
Lo de Ciccone es un escándalo que envuelve a la Casa Rosada. Y esta iniciativa puede entenderse como una inicial salida política en procura de apartar al gobierno del centro del asunto.
Uno de los personajes kirchneristas más atrapado en las redes del lamentable manejo de la situación, es, por lejos, Amado Boudou, el vicepresidente elegido para ese cargo por la exclusiva voluntad del dedo de Cristina. Y, en verdad, se trata de una elección personal que hasta ahora sólo le produjo malos ratos y decepciones, si cabe esto último en el diccionario oficialista.
Boudou viene de mal en peor en la causa judicial que se le sigue por su presunto tráfico de influencias a favor de Ciccone en la AFIP. Por eso es que la expropiación le viene como anillo al dedo pues está perdiendo las batallas tribunalicias. Por ejemplo, su denuncia sin pruebas contra el exprocurador Esteban Righi, está a un tris de ser archivada. Y otra denuncia suya contra Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio, correría similar suerte que la anterior.
Todo es enredo feroz. Desde al comienzo. Si la expropiación mencionada se concreta, el gobierno se verá en dificultades para pagar, si decide hacerlo, el monto de esa operación a seres poco menos que fantasmales: ¿quiénes son los propietarios de Ciccone?
Un prestigioso político opositor aventuró, acaso no muy alejado del blanco: “Ciccone es el gobierno”. Vaya uno a saber!
Se asegura que con esta expropiación el gobierno busca, además de aliviar a Boudou, tapar la olla que ya hiede y en la que él mismo se cocina.
No debe haber en nuestra historia episodio que supere este escándalo apañado.
¿Orsai? El orsai es poco.