Los invitó a “recorrer caminos de unión para lograr una patria federal, teniendo la plena convicción de que la actitud del Gobierno nacional para con la provincia de Córdoba, es idéntica a la que tiene con otras provincias”, pero recibió por respuesta el previsible silencio de la mayoría de los gobernadores, o el brulote disparado por Francisco Pérez, José Luis Gioja y Beder Herrera, los mandatarios que tienen varias razones para apostar por el alineamiento incondicional con el kirchnerismo. Es que el fervor de los que mandan en Mendoza, San Juan y La Rioja está más vinculado con los aportes extraordinarios contemplados en el presupuesto nacional -manejados discrecionalmente por la Presidenta de la Nación- que con la distribución automática de los recursos coparticipables, cuyas alícuotas para cada provincia están determinadas por la Ley de Coparticipación Federal. En 2011 estos fueron de aproximadamente 105 mil millones de pesos y aquellos, los discrecionales, alcanzaron la cota máxima de 101 mil millones.
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Los invitó a “recorrer caminos de unión para lograr una patria federal, teniendo la plena convicción de que la actitud del Gobierno nacional para con la provincia de Córdoba, es idéntica a la que tiene con otras provincias”, pero recibió por respuesta el previsible silencio de la mayoría de los gobernadores, o el brulote disparado por Francisco Pérez, José Luis Gioja y Beder Herrera, los mandatarios que tienen varias razones para apostar por el alineamiento incondicional con el kirchnerismo. Es que el fervor de los que mandan en Mendoza, San Juan y La Rioja está más vinculado con los aportes extraordinarios contemplados en el presupuesto nacional -manejados discrecionalmente por la Presidenta de la Nación- que con la distribución automática de los recursos coparticipables, cuyas alícuotas para cada provincia están determinadas por la Ley de Coparticipación Federal. En 2011 estos fueron de aproximadamente 105 mil millones de pesos y aquellos, los discrecionales, alcanzaron la cota máxima de 101 mil millones.
“Somos parte de un proyecto nacional que conduce nuestra Presidenta y que desde 2003 recuperó el federalismo”, le respondieron los cuyanos al cordobés José Manuel de la Sota.
La distribución
Sin embargo, los números no parecen darles la razón. En los primeros seis meses de 2012 el Estado nacional recaudó más de 258 mil millones de pesos y envió a las provincias 63 mil millones. Esto significa que retuvo el 75,7% y coparticipó automáticamente solo el 24,3%.
Mientras la ley de Coparticipación Federal, vigente formalmente pero atada a las claudicaciones sucesivas de la mayoría de la dirigencia política nacional, dispone que a las provincias debe asignárseles el 54,66% de los recursos; al Poder Ejecutivo Nacional le corresponde administrar el 42,34%. Destina también el 1% para los ATN (Adelantos del Tesoro Nacional) y el 2% para un Fondo Especial que beneficiaría a Buenos Aires y a las provincias patagónicas. Además, la ley establece una garantía por la que jamás los aportes enviados a las provincias pueden ser menores al 34% de lo recaudado. Pero claro, esa norma vale hoy menos en nuestro país que un pedazo de papel mojado.
El 15% y la rebelión
De la Sota impulsó en la Legislatura cordobesa, que la aprobó con una amplia mayoría oficialista y opositora, una ley que denuncia el Pacto Fiscal firmado por las provincias argentinas con el Estado nacional, en agosto de 1992, mediante el cual estas cedían el 15% de lo que les correspondía por coparticipación federal para destinarlo a la ANSeS, con el objeto de financiar el sistema previsional público, que quedaría desfinanciado por el surgimiento de las AFJP.
A cambio la Nación se comprometía a compensar el déficit que podrían tener las Cajas provinciales. Sin embargo, el compromiso no se cumplió en su totalidad y algunas jurisdicciones, como la cordobesa, terminaron asfixiadas. En 2011 el Estado Nacional le remitió a Córdoba 1.039 millones de pesos pero le descontó, por el 15% cedido de coparticipación, alrededor de 2.000 millones.
Además, estatizado el sistema previsional y desaparecidas las AFJP, el aporte del 15% debería ser devuelto a las provincias, como lo planteó un proyecto de ley presentado en su momento por Juan Carlos Romero que, por cierto, duerme el sueño de los justos en los cajones del oficialismo legislativo.
Así las cosas, la diferencia de poco más de 900 millones de pesos es la madre del borrego en el contencioso que inauguró el “cordobesismo” con los “porteños”, una disputa que, como se sabe, en cualquier lugar del interior de nuestro país rinde jugosos dividendos políticos. En cuanto a los hipotéticos dividendos económicos, De la Sota sabe que la Presidenta utilizará la ley aprobada por los cordobeses para arrojarla a un cesto de papeles, por lo que deberán recurrir a la Corte Suprema para que resuelva el diferendo. ¿Aguantará De la Sota los tiempos que demore la Corte en resolverlo, además de los que se tome Cristina Fernández para cumplir un eventual fallo favorable, antes que la gillotina kirchnerista caiga sobre su cabeza, como amenaza hacerlo con las de Scioli y Macri? Se sabe que cuando el Gobierno nacional decide no cumplir una orden de la Justicia, aunque provenga del máximo tribunal, no tiene prejuicios ni pruritos institucionales en hacerlo. El tiempo dirá.
Y en Salta ¿qué pasa?
Nuestro gobernador es uno de los que respondió a De la Sota con el silencio. Así se lo aconsejaron las reglas de la prudencia política y los fuegos que salen del atril de las cadenas nacionales. Juan Manuel Urtubey y el resto de los mandatarios provinciales saben que “el Gallego” se tiró a la pileta de la confrontación porque no tenía más remedio y, además, porque decidió adelantarse unos pasos al pelotón empeñado en disputar la carrera del 2015. El salteño también quiere participar, pero se trata de una maratón de largo aliento y tratará de no despegarse demasiado de los punteros, eligiendo el momento oportuno para pegar el salto. O para no pegarlo. Porque en definitiva su alternativa de mínima es repetir el mandato provincial en 2015.
En cualquier alternativa y faltando más de tres años para la línea de meta, hay cuestiones en el frente interno que deberían impulsarlo a no descuidar su gestión: la Salud Pública aparece con demasiada frecuencia en la agenda cotidiana de los salteños, bombardeada por médicos que aparecen en una grabación tratando de acomodar argumentos para eludir su presunta responsabilidad en la muerte de un niño, cuyos familiares los acusan de no haber actuado con la suficiente responsabilidad para evitar el fatal desenlace; o que faltan a menudo a sus puestos en las salitas de barrio, o que se enfrentan en internas políticas dentro del principal hospital de referencia de la provincia; o que están sospechados de ser juez y parte en los servicios tercerizados de hospitales públicos a su cargo.
En el área de Seguridad enfrenta problemas en la policía, con algunos oficiales de jerarquía involucrados en una interna que es negada, sin embargo proyecta su sombra cotidianamente sobre el accionar de la fuerza de seguridad. Se han probado torturas en las comisarías y hay centenares de denuncias sobre el tema en las dependencias judiciales. Hay una denuncia muy sensible sobre pinchaduras de teléfonos y computadoras de dirigentes políticos, periodistas y empresas de medios, que también se investiga en ese ámbito. De hecho son pocos los que trabajan en esos sectores, dispuestos a utilizar teléfonos y computadoras sin tomar las debidas precauciones.
En fin, se dice que salvo en el área que depende del ministro Carlos Parodi y en la que tiene responsabilidad el titular del ministerio de Gobierno, Julio César Loutaif, el gobernador estaría decidido a introducir cambios. ¿Llegarán con las festividades del Milagro? ¿Antes o después? Sólo él lo sabe.