Con un respaldo crítico de la oposición, la Legislatura cordobesa convirtió ayer en ley el proyecto que envió el gobernador José Manuel de la Sota para denunciar el Pacto Fiscal firmado por todas las provincias y la Nación en 1992.
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Con un respaldo crítico de la oposición, la Legislatura cordobesa convirtió ayer en ley el proyecto que envió el gobernador José Manuel de la Sota para denunciar el Pacto Fiscal firmado por todas las provincias y la Nación en 1992.
La denuncia del Pacto a través de una ley implica que la Provincia da por extinguida la vigencia de aquel acuerdo, con el objetivo de que el Gobierno nacional deje de retenerle el 15% de la coparticipación del Impuesto a las Ganancias que Córdoba y el resto de las provincias argentinas cedieron hace veinte años para el sostenimiento del sistema previsional nacional.
Hace dos décadas, los estados provinciales cedieron ese porcentaje para contrarrestar el desfinanciamiento que afrontó el sistema nacional por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Reestatizado el sistema, en noviembre de 2008, ese 15% no volvió a las provincias, a pesar de que, como en el caso de Córdoba, muchas tienen su propio sistema previsional desfinanciado.
Como el Gobierno nacional no ha enviado, en el último año y medio, los recursos comprometidos para que Córdoba pueda pagar los haberes a sus jubilados, De la Sota decidió reclamarlos ante la Corte Suprema. Pero, además, recogió las sugerencias que, con espíritu de crítica, le formularon los líderes de la oposición en el sentido de que debía reclamar también la coparticipación que hoy nutre a la ANSES. El miércoles pasado, De la Sota envió a la Legislatura el proyecto de ley que la Provincia aprobó para utilizarlo como prueba y antecedente en un eventual reclamo de esos recursos ante el máximo tribunal judicial de la Nación. El legislador provincial oficialista Ricardo Sosa dijo que esta ley “se necesita para reclamar” ante la Corte los recursos que son de la Provincia.
El martes, durante la reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Economía; y de Asuntos Constitucionales quedó claro que el oficialismo aprobaría la ley.
Disposición judicial
La Procuración de la Nación dictaminó que la Corte Suprema es quien debe resolver la demanda que la semana pasada interpuso la Provincia de Córdoba por 1.040 millones de pesos contra el Gobierno nacional, por incumplimiento del acuerdo de armonización de normas previsionales firmado con la Anses.
El procurador Luis González Warcalde emitió un dictamen en el que expresó que la causa “debe tramitarse ante los estrados del tribunal”.