La oposición mantiene un fuerte rechazo al proyecto de ley que envió el gobernador Juan Manuel Urtubey a la Legislatura para incluir a las empresas sociales en el sistema de contratación directa.
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La oposición mantiene un fuerte rechazo al proyecto de ley que envió el gobernador Juan Manuel Urtubey a la Legislatura para incluir a las empresas sociales en el sistema de contratación directa.
El arco opositor reafirmó el convencimiento de que la modificación a la ley de Contrataciones de la Provincia tiene fines partidarios y advirtió sobre la utilización electoral que se realizará a través de las empresas sociales.
A pesar de esta observación, el oficialismo aplicó el número en la Cámara baja y otorgó media sanción al proyecto de ley que mandó Urtubey a la Legislatura provincial.
Una de las principales advertencias de la oposición tiene que ver con la definición de un sistema de control para que no haya direccionamiento, tanto para la compra de producción como para la contratación de servicios.
Es la única manera de evitar pagos por servicios “fantasmas” y detectar actividades que puedan estar vinculadas a los sectores alineados con el gobierno de Urtubey y con los intendentes kirchneristas del interior provincial, sostienen.
Un conocedor de los manejos municipales, por su extensa gestión como concejal de Cerrillos, es el actual diputado Mario Abalos del PPS.
El legislador cerrillano, durante el debate en el recinto, no dudó en manifestar que “la modificación de la ley de contrataciones será "papita pal loro' para que en los municipios se beneficie a séquitos políticos, parientes o punteros afines al gobernador Urtubey”.
También hizo notar que los diputados tuvieron que reparar un “grueso error” de Urtubey en el texto del proyecto. “Daba como existente el registro para las empresas sociales y los diputados tuvieron que enmendar ese grueso error; el gobernador tiene que cambiar a sus asesores”, sostuvo.
La falta de cultura cooperativista en la provincia fue otro de los aspectos que se remarcan. Este punto, incluso, es observado por legisladores oficialistas del norte.
Tampoco se dejó de lado el hecho de que existen denuncias permanentes sobre el funcionamiento irregular de cooperativas y mutuales en diversos lugares del país y cuya mayoría se relaciona con el ministerio nacional de Desarrollo Social que maneja Alicia Kirchner, la cuñada de la presidenta Cristina Fernández.