El abogado Gonzalo Guzmán Coraita, director del sitio Salta Transparente, solicitó formalmente al gobernador Juan Manuel Urtubey que revoque la designación de Gabriela Buabse como fiscal penal. Al justificar su pedido, el letrado detalló que la extitular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) mintió en sus declaraciones ante la prensa y ante los senadores durante el proceso que concluyó con su designación.
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El abogado Gonzalo Guzmán Coraita, director del sitio Salta Transparente, solicitó formalmente al gobernador Juan Manuel Urtubey que revoque la designación de Gabriela Buabse como fiscal penal. Al justificar su pedido, el letrado detalló que la extitular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) mintió en sus declaraciones ante la prensa y ante los senadores durante el proceso que concluyó con su designación.
En su presentación Guzmán Coraita recordó que “meses atrás tomó estado público un informe elaborado por el CIF que caracterizaba de manera desafortunada a una niña de 9 años, presunta víctima de un abuso sexual. El cuestionado informe lleva la firma de la Dra. Buabse y de los "investigadores" Benjamín Diez y Mercedes Posse. Ante los cuestionamientos públicos que se hicieron en aquella oportunidad, a modo de explicación o de defensa, la Dra. Buabse señaló que en la elaboración del informe habían participado una psicóloga y dos técnicos”. El denunciante recordó que esa afirmación fue reiterada ante la prensa luego que la designada fiscal fuera interrogada por los senadores, en el marco de su proceso de selección.
Para constatar la participación de una psicóloga en el irregular interrogatorio a una menor, Guzmán Coraita solicitó al Procurador General copias de las resoluciones de designación de quienes integran el CIF. Y de esa documentación surge que la única psicóloga designada ingresó al organismo el 25 de junio de 2012; pero que el cuestionado interrogatorio se realizó el 16 de marzo del año pasado, tres meses antes. Esto demostraría que Buabse mintió.
“Su actitud, asumida quizás para no frustrar su designación, resulta sumamente grave y la descalifica para ocupar el cargo” planteó Guzmán Coraita en su presentación. Y agregó que “en nuestro Derecho la idoneidad (requerida para el cargo) es entendida no sólo como aptitud técnica y legal, sino también como aptitud moral y evidentemente no la tiene ha comprometido con su conducta la confianza que debe inspirar en la sociedad y ha puesto en riesgo la imagen que debe tener la comunidad de sus funcionarios públicos”.