Las comunidades indígenas de Aguaray, Tartagal y Mosconi tienen muchas necesidades básicas insatisfechas, pero el reclamo que por el alzan la voz al unísono es la falta de títulos de las tierras y de servicios básicos en los lugares que habitan. La entrega de títulos de propiedad está prácticamente paralizada y por ese motivo, legisladores nacionales impulsaron la prórroga de la ley nacional 26.160 hasta 2017, en virtud de la cual se suspenden los desalojos y se ordena realizar un relevamiento de las comunidades en todo el país.
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Las comunidades indígenas de Aguaray, Tartagal y Mosconi tienen muchas necesidades básicas insatisfechas, pero el reclamo que por el alzan la voz al unísono es la falta de títulos de las tierras y de servicios básicos en los lugares que habitan. La entrega de títulos de propiedad está prácticamente paralizada y por ese motivo, legisladores nacionales impulsaron la prórroga de la ley nacional 26.160 hasta 2017, en virtud de la cual se suspenden los desalojos y se ordena realizar un relevamiento de las comunidades en todo el país.
La senadora salteña Sonia Escudero puso de manifiesto que “según un trabajo del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a 6 años de vigencia de la ley, la situación es decepcionante por la lentitud de los relevamientos. A este paso harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”, y advirtió: “Salta es la provincia con mayor número de comunidades a relevar, 383, sin embargo hasta el momento solo fueron relevadas 10”.
Según el informe de la Pastoral Aborigen, en Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén se encuentra el 65% del total de las comunidades originarias del país. Sin embargo, el total de relevamiento en estas provincias denota sólo un 4.11%. Si se toman en cuenta los porcentajes puros por provincia, Salta sólo supera al Chaco que tiene el 1.98% de las comunidades relevadas, además de Neuquén y Formosa, donde directamente no se relevó nada.
Un capítulo aparte merece la cuestión presupuestaria, ya que de los 60 millones de pesos asignados para este programa, que se encuentra a cargo del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), “22 millones se pagaron a la Universidad de Lanus para realizar tareas que no se han detallado, en concepto de “cooperación y asistencia técnica”, detalló la legisladora.
“Este es el rostro humano del incumplimiento estatal reflejado en las desventuras de las víctimas. Es el rostro de la injusticia y de la negación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que emerge detrás de lo que los números muestran como prolongados retrasos en el relevamiento, falta de transparencia, desvíos de dinero y contrataciones sospechosas”, denuncia el informe de la Pastoral y recuerda que “las víctimas son los pueblos indígenas que viven a diario la agresión de los poderosos, la discriminación oficial y la represión judicial o policial”.
Seis años y sólo gastos
La Ley 26.160 fue aprobada en 2006. En tres años se debían relevar los territorios indígenas. A seis años de su sanción, sólo se finalizó el censo catastral de 12,5 por ciento de las comunidades originarias y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto. Desmanejo de fondos, el rol del INAI y la violación de derechos, caracterizan una época sin movimientos a favor de los indígenas.
El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, sostienen que gracias a la intervención oficial se frenaron “14.000 desalojos”, pero no pudo precisar de dónde surge esa cifra. “La información del INAI ha sido contradictoria, incompleta y en algunos casos palmariamente falsa”, denuncia la investigación “Nueva advertencia sobre la inejecución de la Ley 26.160”, realizada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen.
En las provincias con mayor conflictividad territorial, entre las que figura Salta, el relevamiento es escaso, y en Neuquén y Formosa no fue censada ninguna comunidad. El trabajo, cuyo subtítulo es “La brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas”, analizó en base a información oficial el estado de cumplimiento de la Ley. “El programa ha sido concluido en sólo del 12,5 por ciento de las comunidades, principalmente en las provincias de menor presencia indígena y escasos niveles de conflictividad”, señala el informe.
Sólo dos provincias
Tierra del Fuego y Catamarca fueron las dos provincias donde el relevamiento llegó al total de las comunidades (100 %). Le siguen, en ranking de cumplimiento, Santa Cruz (87%), San Juan (80%), La Pampa (78) y Córdoba (67).
Entre las provincias con mayor presencia de pueblos originarios y con mayor conflictividad territorial, el censo catastral muestra incumplimientos. En Río Negro se relevó el 40% de las comunidades (50 de 124), en Santiago del Estero el 23% (12 de 52), 17% en Misiones (18 de 103), 13% en Chubut (14 de 108) y 10% en Jujuy (30 de 295 comunidades). Chaco registra 101 comunidades, pero sólo se censaron dos. En Neuquén existen unas 61 comunidades y en Formosa 182. A seis años de aprobada la Ley 26.160, en ninguna comunidad se comenzó el relevamiento. Sobre un total de 1578 comunidades, sólo se finalizaron los relevamientos en 197. El 12,48%.
“La contracara de esta prolongada demora en consolidar la titularidad de los territorios indígenas se encuentra en el elevado número de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicación, y los gobiernos nacional y provinciales han olvidado”, cuestiona el informe, de 36 carillas, al que adhieren el Consejo Plurinacional Indígena, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.
Los wichis, un caso muy particular
Son muchos los wichis que habitan el norte de Salta. La mayoría de las misiones se ubican en la región chaqueña de la provincia y, cada tanto, los caciques levantan la bandera por los derechos de sus comunidades que en los últimos tiempos se topan con alambrados cada vez que salen a campear el monte en busca de alimentos. Algunas misiones tienen un promedio de 10 hijos por familia.
La media de vida entre los wichis no es muy alta, apenas supera los 50 años por varios factores: mala alimentación, escasos recursos y falta de medicamentos. Las comunidades están separadas por distancias considerables y ocupan terrenos de difícil acceso, sobre todo en verano cuando las lluvias los dejan aislados.
Las modernas prácticas agrarias desarmonizaron el medioambiente al punto que los wichis casi no reconocen hoy a la tierra que los cobijó desde siempre. Los cambios climáticos los someten a fríos inusitados, a prolongadas sequías y a repentinas inundaciones; la tala indiscriminada acaba con la vida del monte, y cuando el río crece, arrastra hasta sus vidas. Por eso practican una vida seminómade: Se trasladan y dispersan por el monte para conseguir comida, leña para vender; fibras vegetales y semillas para las artesanías que son su forma de subsistencia.