El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer jueves la declaración indagatoria de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por presuntos nombramientos irregulares de fiscales ad-hoc o subrogantes. Se trata de una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla y a partir de la cual el fiscal le pidió al juez federal Sebastián Casanello que cite a indagatoria a Gils Carbó por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Son varios nombramientos los cuestionados en la denuncia, entre ellos el de Carlos Gonella al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), sin que mediara el acuerdo del Senado.
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El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer jueves la declaración indagatoria de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por presuntos nombramientos irregulares de fiscales ad-hoc o subrogantes. Se trata de una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla y a partir de la cual el fiscal le pidió al juez federal Sebastián Casanello que cite a indagatoria a Gils Carbó por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Son varios nombramientos los cuestionados en la denuncia, entre ellos el de Carlos Gonella al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), sin que mediara el acuerdo del Senado.
Gonella fue cuestionado por la oposición y se lo denunció penalmente por supuestamente omitir imputar al empresario Lázaro Báez, tal cual lo hizo con otros acusados, al dar inicio a la causa por supuesto lavado de dinero que también está en mano de Marijuan y Casanello.
Ese fue uno de los casos que tomó en cuenta el fiscal Marijuan al imputar a Gils Carbó puesto que -según consideró- la procuradora “primero generó esos espacios y luego los revistió con funcionarios con atribuciones de magistrados, careciendo de la debida legitimidad y poniendo en peligro, de este modo, toda investigación en la que aquéllos pudieran intervenir asumiendo ese carácter”.
“Queda absolutamente claro que no sólo es ilegal una subrogancia que no respeta el régimen legal previsto de sustitución sino que, además, es reprochable por su ilicitud crear un cargo para investir de magistrado subrogante a una persona en particular y ponerla en funciones cuando ella no ha cumplido con las exigencias constitucionales que establecen su consagración como Fiscal de la Nación”, agregó. La designación de subrogantes por parte de Gils Carbó le valió también un duro revés en la Corte Suprema de Justicia, puesto que ésta declaró ilegal el nombramiento de la procuradora adjunta Alejandra Cordone Roselló a raíz de haber sido bajo esa modalidad y cuando previamente ésta se desempeñaba como secretaria. En la presentación ante Casanello, el fiscal pidió que Gils Carbó responda por el artículo 248 del Código Penal que prevé penas de hasta dos años e inhabilitación especial por doble tiempo “al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”.