Tras cuatro meses de inisistir por copias de una resolución que la Procuración General mantiene bajo reservas, el abogado Gonzalo Guzmán adelantó ayer que interpondrá una acción de amparo, la semana entrante, en ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Tras cuatro meses de inisistir por copias de una resolución que la Procuración General mantiene bajo reservas, el abogado Gonzalo Guzmán adelantó ayer que interpondrá una acción de amparo, la semana entrante, en ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Con la resolución a la que intenta acceder Guzmán, el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, archivó la denuncia presentada contra el ministro de Economía, Carlos Parodi, por presunto enriquecimiento ilícito.
Como ocurrió con tantas otras presentaciones semejantes, Akemeier no tardó en descartar los posibles delitos en perjuicio de la Administración Pública y en desestimar las investigaciones judiciales que, por norma, corresponde a los agentes del Ministerio Público promover.
En este caso, el fiscal de Delitos Económicos Complejos desdeñó toda la documentación reunida en una investigación periodística que El Tribuno publicó el pasado 1 de julio. Entre las constancias respaldatorias de ese trabajo, se expusieron las declaraciones juradas que Parodi presentó a lo largo de su carrera como funcionario público. También se mostraron certificaciones de inmuebles, vehículos y otros instrumentos públicos que permitieron advertir un aumento del 1.000% en los bienes patrimoniales del titular de Economía, en cinco años
En las declaraciones juradas presentadas ante la Escribanía de Gobierno, además, se evidenciaron varias omisiones e inconsistencias que el abogado Santiago Pedroza pidió investigar con una presentación penal que formuló ante la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos el 4 de julio. Apenas 48 horas después, Akemeier desestimó la investigación con argumentos que hasta hoy se desconocen.
“El Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, sigue sin permitir el acceso a la resolución que dispuso el archivo de las actuaciones por supuesto enriquecimiento ilícito”, remarcó Guzmán, a quien el fiscal Akemeier le denegó la entrega de una copia el 16 de julio.
Ante la negativa, el abogado recurrió al procurador general, quien pese a reiteradas presentaciones e intimaciones “optó por mantener silencio frente a nuestros requerimientos”, señaló Guzmán.
El titular de Salta Transparente subrayó que el jefe de los fiscales “tampoco nos dio acceso al expediente administrativo iniciado con motivo de nuestras presentaciones, a pesar de solicitudes de vista formuladas”.
“El Procurador General, al no permitir el acceso a las resoluciones que se dictan en el marco de las investigaciones que inician sus fiscales, convierte tales actuaciones en secretas y, por lo tanto, exentas de todo control”, afirmó Guzmán. La situación es grave si se tiene en cuenta que la decisión que toman los fiscales de archivar actuaciones está exenta, a su vez, de control judicial. Guzmán hizo notar que, con la reforma procesal que rige desde 2012, “es el fiscal de impugnación el único funcionario con facultades para controlar tales resoluciones”. Y ese cargo también se corresponde con el Ministerio Público, por lo que la Justicia no tiene ninguna intervención. “El archivo de una causa penal dispuesta por un fiscal sin intervención de un juez es inconstitucional”, concluyó Guzmán.
La opinión
Los secretos no deben existir en una República
Por GONZALO GUZMAN, abogado - Salta Transparente
Que el Procurador General de la Provincia no permita el acceso a resoluciones dictadas por sus fiscales, sobre todo en causas en las que se investigan posibles actos de corrupción por parte de funcionarios públicos, es muy grave.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude de Reyes c/ Chile”, señaló claramente que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”.
Este principio se aplica a todos los Poderes del Estado y por supuesto no está exento el Ministerio Público.
La falta de respuestas por parte del Ministerio Público Fiscal a pedidos de información revela el apego a la cultura del secreto por parte de sus funcionarios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de señalar en un reciente caso que el Estado tiene la obligación de promover una cultura de la transparencia en el sector público y de actuar con la debida diligencia en la promoción del derecho de acceso a la información.
En una República no deben existir los secretos.
En los sistemas respetuosos de la Constitución, los fiscales pueden solicitar el archivo de las causas a jueces competentes, pero no pueden decidir ellos directamente su archivo.
El archivo de una causa penal dispuesta por un fiscal sin intervención de un juez es inconstitucional. Y esto, lamentablemente, es lo que está ocurriendo en Salta.
El dato
- Registros de la Justicia muestran una merma de causas por delitos contra la administración pública, a partir de la reforma procesal.