Recordar estos treinta años de democracia continua es inevitable y casi obligatorio. Pero festejarlo, eso es otro tema, algo diferente que requiere meditar si el concepto de democracia “a la argentina” resulta digna de festejos.
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Recordar estos treinta años de democracia continua es inevitable y casi obligatorio. Pero festejarlo, eso es otro tema, algo diferente que requiere meditar si el concepto de democracia “a la argentina” resulta digna de festejos.
Concediendo que la democracia sea un sistema de gobierno y convivencia, en el cual imperan el orden, la Constitución y las leyes, resalta lo que Argentina en 1983 no tenía: una cultura cívica firmemente enraizada. Solo había un sentimiento ampliamente compartido acerca de una suerte de democracia básica, elemental, debido, entre otras causas, a una falta de ejercicio continuo de ese sistema, a interrupciones violentas de períodos gubernamentales, a una decadencia de la educación general. Más tarde debió añadirse la falta de excelencia en los cuadros de las clases dirigentes, en especial la política.
En 1992 el filósofo Carlos Nino publicó un ensayo, hoy clásico, que encendía luces de advertencia; su título era una definición y un diagnóstico de la realidad nacional: “Argentina, un país al margen de la ley”. La flamante democracia transitaba su primera década y podía visualizarse que la cultura política nacional no habría de cambiar por el sólo hecho de reemplazar el sistema de gobierno, y que tampoco podía realizarse apelando sólo a nuevas leyes. Que requería tiempo, ejemplo dirigencial y, sobre todo, educación.
Durante las dos décadas siguientes el diagnóstico seguía válido y las dificultades para lograr madurez democrática también. Las responsabilidades pueden repartirse, en diferentes proporciones, entre gobernantes y gobernados por los 30 años que muestran una actividad democrática ininterrumpida, pero carente de intensidad y de perfección creciente. Aunque pueda exhibir la inexistencia de interrupciones constitucionales, no ha sido una democracia de excepcional calidad. La clase política no ha demostrado en estas décadas un apego y subordinación a la ley que sea digno de alabanza. Se modificó la Constitución Nacional con una finalidad contraria a la ética política, sólo para durar más tiempo en el gobierno. Promediando la última década, el límite constitucional de dos mandatos presidenciales fue esquivado a través de una discutible ingeniería política, basada en una sucesión matrimonial. Hace menos de un mes igual ardid se utilizó en Santiago del Estero. Por su parte, desde el Gobierno nacional y los provinciales se retacea información, eluden los controles y no se esfuerza por transparentar la gestión, hay ausencia de políticas de Estado, y continúa la exclusión social de gran número de personas. Siete millones de estudiantes abandonaron la educación secundaria, y de cada cien que la terminen solo 29 concluirán una carrera universitaria.
Los ciudadanos tuvieron su cuota de responsabilidad, porque en general después de ejercer su derecho a votar, se desentendieron y no ejercieron un control informal, a pesar de los esfuerzos de los medios independientes para comunicar la realidad de marcha de la gestión de gobierno. Una mirada a la realidad advierte que el país sigue caminando peligrosamente al margen de la ley, como lo había descripto Nino en 1992. Aquellas circunstancias perviven en la sociedad actual: las desviaciones normativas, el cotidiano quebranto de las normas se advierten tanto en el tránsito automotor como en la corrupción de las gestiones estatales, en entorpecer a los organismos de control administrativo, evitando que auditen las cuentas públicas. El evadir responsabilidades cívicas o el descuido del medio ambiente, “colarse” en las filas y muchas otras conductas marginales son socialmente aceptadas, motivado en que “todos lo hacen”. El paradigma de esa sociedad que simpatiza con la ilegalidad es que hoy se siga festejando un gol realizado con la mano, violando las normas obligatorias que rigen en el fútbol.
Este cuadro se condice con un escaso avance en educación, tanto cívica como general, en estos 30 años; con un monstruoso avance en la producción, comercialización y consumo de drogas dura en el territorio nacional. Explica, aunque no lo justifica, que la mitad de la población ignore cuántas provincias integran la República Argentina o cuántos son los poderes que conforman el Estado Nacional. Que no sean una sorpresa los reciente resultados obtenidos en las pruebas PISA, exámenes internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos que miden la calidad educativa del colegio secundario, que informan que en 2012, entre los 65 países participantes, Argentina haya quedado en el puesto 59.
Con treinta años de democracia continua esta realidad nacional hace que la fecha de hoy pueda recordarse con alegría, pero que los festejos se retrasen para cuando la democracia sea plena, o casi; para cuando sea un modo de vida más que un sistema de gobierno, en el marco de un vigente sentido federal, ese que vio nacer y nutrió a la Nación Argentina en su juventud.