Las protestas policiales y los saqueos mantienen la tensión social en el país y aún así el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que los reclamos son de exclusiva responsabilidad de los gobernadores. A pesar de que la Casa Rosada está atenta a que el efecto contagio no se extienda, el funcionario dijo ayer “ratificamos el poder no delegado por las provincias a la Nación respecto al ejercicio del poder de policía” y añadió que las decisiones en torno a conflictos salariales “son pura y exclusivamente de competencia provincial. No hay que confundir ni deslindar responsabilidades”.
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Las protestas policiales y los saqueos mantienen la tensión social en el país y aún así el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que los reclamos son de exclusiva responsabilidad de los gobernadores. A pesar de que la Casa Rosada está atenta a que el efecto contagio no se extienda, el funcionario dijo ayer “ratificamos el poder no delegado por las provincias a la Nación respecto al ejercicio del poder de policía” y añadió que las decisiones en torno a conflictos salariales “son pura y exclusivamente de competencia provincial. No hay que confundir ni deslindar responsabilidades”.
Capitanich estuvo ayer en Chaco, su jurisdicción, y en una conferencia de prensa retó a los mandatarios provinciales. Marcó distancia, pero aclaró que el Gobierno “monitorea” en forma permanente los reclamos salariales que surgieron durante los últimos días en diferentes distritos. “Estamos en permanente comunicación con los gobernadores para hacer un control”, dijo Capitanich, quien aseguró que mantuvo conversaciones telefónicas con Lucía Corpacci (Catamarca), Antonio Bonfatti (Santa Fe), José Manuel De la Sota (Córdoba) y Daniel Scioli (Buenos Aires). “Lo que nosotros podemos hacer es generar un sistema de monitoreo para evaluar la situación en cada una de las provincias, pero indudablemente la administración de las fuerzas y las políticas de seguridad es una facultad exclusiva, excluyente y estrictamente provincial”, marcó.
La mecha se prendió el martes en Córdoba, donde la Policía se autoacuarteló para reclamar un aumento salarial. Mientras los efectivos negociaban desde el cuartel con gente de De la Sota, varios sectores de la ciudad eran saqueados. La crisis más fuerte duró dos días hasta que el mandatario aceptó subirles los salarios un 25%.
El conflicto luego se instaló en Catamarca, La Rioja, Río Negro, Neuquén, San Juan, Chubut y Santa Fe. Cuando las cosas comenzaban a tranquilizarse en Córdoba, la Nación decidió ceder al reclamo provincial y envió 1.200 gendarmes dos días después; ayer, repitió el operativo y dispuso el traslado de 1.500 gendarmes y 250 prefectos a Santa Fe para evitar que la situación se desborde. El vicegobernador de San Juan, Sergio Uñac, también había pedido asistencia antes de firmar un acuerdo que prevé una recomposición de unos $8.500.
La tarde y noche del viernes fue complicada en Catamarca. Los policías tomaron la casa de gobierno y en esa avanzada se enfrentaron con sus pares de Prefectura. Allí, también hubo un acuerdo ayer a la madrugada: la gobernadora Corpacci destacó, pasadas las 3 de la mañana, la predisposición de las partes antes de anunciar que los miembros de la fuerza cobrarán desde enero un 45% más.
Hasta el cierre de esta edición, los problemas no podían solucionarse en Neuquén y Río Negro. En la primera provincia, los policías rechazaron la oferta oficial y seguían acuartelados en la jefatura local.
A pesar de ese escenario, Capitanich remarcó que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 13 de abril 1869, que ratifica que la seguridad pública es un poder no delegado por lo que “indudablemente la administración de la seguridad y la política salarial es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial”. Recordó que esto está regulado por la ley 24059 y sus modificatorias.
Responsabilidades
“La seguridad pública está regulada en virtud de la ley 24059 y sus modificatorias, y eso implica que frente a causales expresamente establecidas en los artículos 23 y 24 debe haber un pedido formal para requerir apoyo por parte del Estado nacional”, dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El funcionario aclaró además que el Estado nacional no puede entablar ninguna negociación salarial con ningún actor gremial en el ámbito provincial, porque eso sería violatorio de las autonomías de cada jurisdicción. “Tiene que existir una responsabilidad objetiva por parte de quien administra las cajas provinciales”, remató.
Problemas en Zapala
Numerosos comercios de la ciudad neuquina de Zapala fueron saqueados ayer a la madrugada, en el marco de una protesta de la Policía provincial que no presta servicios desde el viernes porque pide cobrar más.
Los miembros de la fuerzas de seguridad de esa provincia continuaban apostados en la División Seguridad acompañados por sus familias. Los saqueadores rompieron vidrieras y robaron mercadería de distintos comercios.
El pedido de D'Elía
Desde el kirchnerismo pidieron a la gente que denuncien en el Ministerio de Seguridad nacional cualquier señal de que se está por cometer algún saqueo. El dirigente Luis D'Elía publicó en su cuenta de Twitter una nota en la que pedía a sus seguidores que se mantengan en “estado de alerta” y dio el número de teléfono del Ministro de Seguridad (0800-
555-5065) para que realicen denuncias. Pidió que las denuncias se hagan “sin vueltas”.
Piden calma en el país
El diputado socialista Hermes Binner y su colega radical Julio Cobos se mostraron juntos ayer en Mendoza. Exhortaron al Gobierno a adoptar “medidas efectivas” para responder a los reclamos sociales. Ambos prometieron también avanzar en una agenda legislativa común.
“Hemos hecho un análisis de la difícil situación que están atravesando algunas provincias de nuestro país y pedimos calma a la sociedad y medidas efectivas al Gobierno”, remarcó el anfitrión.