Pasaron 25 años hasta que la Justicia le dio la razón a Sofía Benítez de Ruiz, dueña de un terreno que fue ocupado por una familia en la ciudad de Orán. El año pasado la Justicia falló a su favor y, a pesar de que la orden de desalojo se cumplió el 1 de agosto pasado, los ocupas retornaron y la posesión irregular del inmueble, ubicado en Dorrego 550, continúa hasta la fecha.
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Pasaron 25 años hasta que la Justicia le dio la razón a Sofía Benítez de Ruiz, dueña de un terreno que fue ocupado por una familia en la ciudad de Orán. El año pasado la Justicia falló a su favor y, a pesar de que la orden de desalojo se cumplió el 1 de agosto pasado, los ocupas retornaron y la posesión irregular del inmueble, ubicado en Dorrego 550, continúa hasta la fecha.
“Después del desalojo, el usurpador permaneció un mes en la vereda. Cuando el IPV le adjudicó una casa, se retiró, pero al poco tiempo regresó y ocupó la casa prefabricada que montó en una parte importante del terreno que nos pertenece”, manifestó Sofía Benítez a El Tribuno.
La mujer, que mostró la documentación que la acredita como titular del terreno en cuestión, señaló: “Lo compramos con mucho sacrificio, pero resulta que después de 25 años no podemos darle punto final a este eterno litigio porque los intrusos regresaron”, indicó Benítez.
La mujer solicita que intervenga nuevamente la Justicia para que la situación se regularice y este litigio llegue a su fin.
Encadenados
La causa involucra a Ramón Rosa Vivas y fue caratulada como usurpación, violación de domicilio, daños y desobediencia judicial.
Después del desalojo, en diciembre pasado, Vivas se manifestó en la plaza 9 de Julio de la ciudad capital, donde se encadenó. En ese entonces, contaba con un boleto de compraventa para demostrar la titularidad del terreno donde levantó su vivienda. Como uno de los integrantes de su familia es discapacitado, el IPV le adjudicó una vivienda en Orán. No obstante, la casa fue ocupada durante algún tiempo. Sorpresivamente, la familia retornó al terreno de la calle Dorrego 550.