Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña, consideró ayer que la Corte Suprema de Justicia intentará “llegar a una postura” uniforme sobre el pago del impuesto a las Ganancias y advirtió que los magistrados podrían ser “eximidos” del gravamen, pero los empleados “no”.
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Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña, consideró ayer que la Corte Suprema de Justicia intentará “llegar a una postura” uniforme sobre el pago del impuesto a las Ganancias y advirtió que los magistrados podrían ser “eximidos” del gravamen, pero los empleados “no”.
Además, cuestionó “ataques” a la Justicia y aseguró que intentan colocarla “en una cuestión binaria de amigo-enemigo que siempre nos fue ajena”. E indicó que “la Corte debidamente va a tratar de llegar a una postura en cuanto al impuesto a las Ganancias”, que estima sea “algo gradual y mas sensato”.
El funcionario explicó que “al ser parejo para todos” el impuesto “provocaría que todos los empleados lo paguen, salvo en las últimas categorías”, y que “el mínimo no imponible hace que todos entren”.
Sin embargo, el fiscal cuestionó que “yo como magistrado podría hacer una acción de amparo para estar eximido por la garantía constitucional, mis empleados no. Eso también es paradójico”, apuntó en diálogo con una radio porteña. Y advirtió que el Sindicato de Judiciales que preside Julio Piumatto “está empezando a pensar en los paros”.
Por otra parte, Sáenz se refirió a los cuestionamientos que sufre la justicia por parte del oficialismo, y aseguró que intentan colocarla “en una cuestión binaria de amigo-enemigo que siempre nos fue ajena. Esto es una cuestión desgraciadamente aplicada a la Justicia en los últimos 20 años. Entre nosotros no era así, ahora uno parece que está con ellos o está frente a ellos, y de los dos lados es falsa la opción”, acotó. “Que uno no esté con justicia legítima no quiere decir que sea opositor al Gobierno”, enfatizó Sáenz al referirse al colectivo de jueces, fiscales y defensores autoconvocados que reclaman cambios en el Poder Judicial, encabezados por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.