El fiscal ante la Corte de Justicia de Salta, Alejandro Saravia, consideró que la causa de Vanina Alderete debe ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ahí se defina si a la joven le corresponde una indemnización por el crimen de su madre y sus dos hermanos en un caso emblemático de violencia familiar.
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El fiscal ante la Corte de Justicia de Salta, Alejandro Saravia, consideró que la causa de Vanina Alderete debe ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ahí se defina si a la joven le corresponde una indemnización por el crimen de su madre y sus dos hermanos en un caso emblemático de violencia familiar.
El representante legal de Vanina Alderete, Rubén Juárez, busca que el expediente llegue al máximo tribunal de Justicia del país para que tome una decisión final sobre la reparación económica que ordenó el Poder Judicial local y que el Gobierno de Salta se niega a pagar.
Vanina tiene 20 años. Su padre asesinó a su mamá y a sus hermanos, de 6 y 8 años, el 28 de agosto de 2004, además de herirla a ella. La madre de los chicos había hecho cinco denuncias policiales por los golpes y amenazas de su marido, pero no se tomaron medidas que pudieran evitar el triple asesinato.
La jueza de primera instancia Mónica Faber consideró que el Gobierno de la Provincia debía pagarle a Vanina cerca de un millón de pesos más intereses por la negligencia del Estado.
Sin embargo, la Provincia apeló el fallo con el argumento de que no era responsable de lo sucedido. Entonces, la Corte de Justicia de Salta determinó que el Estado debía afrontar la indemnización, pero bajó el monto a 700.000 pesos más intereses.
Rubén Juárez presentó un recurso extraordinario federal para que se habilite la posibilidad de que la causa se revise en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El defensor busca que el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti deje firme el criterio inicial de la jueza Mónica Faber.
“La Corte de Justicia de Salta se expidió sobre algo que no estaba en debate, que es la cifra. La Provincia había apelado porque sostenía que no tenía culpabilidad, no pedía que se revise el monto”, indicó Juárez a El Tribuno.
En un dictamen que se notificó a las partes en los últimos días, el fiscal ante la Corte de Justicia número uno, Alejandro Saravia, consideró que la defensa de Vanina Alderete tiene razón y recomendó que se apruebe la posibilidad de que el caso se resuelva en la Corte Suprema.
La Corte de Salta tiene que definir ahora si habilita el recurso extraordinario federal para que la causa llegue a la máxima instancia de la Justicia a nivel nacional.
Fuentes judiciales informaron que el expediente ya está circulando para que cada miembro del cuerpo emita su voto al respecto.
Si bien el posicionamiento de Saravia no es vinculante, se debe tener en cuenta a la hora de tomar una decisión.
Rubén Juárez adelantó que presentará un recurso de queja si la Corte local rechaza su pedido de elevar el caso a una instancia superior.
“En los festejos por los 200 años de la Batalla de Salta se trató de homenajear a las mujeres. Sería importante que el Gobierno reconozca también los derechos de Vanina Alderete, una víctima de la violencia de género y de la ineficiencia del Estado”, reflexionó el abogado defensor, que también viene cuestionando que la Provincia gaste millones en festivales para las fechas patrias pero no acepte resarcir a la víctima.
El Gobierno cree que no tiene culpa
El fiscal ante la Corte de Justicia Alejandro Saravia consideró que no se debe hacer lugar al pedido del Gobierno de la Provincia, que planteó que el caso de Vanina Alderete debe revisarse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el Estado no tiene culpabilidad.
En el último fallo que tuvo la causa, la Corte de Justicia de Salta condenó al Estado provincial a pagar una indemnización de 700 mil pesos más intereses a Vanina Alderete.
Después de esta resolución, el Gobierno de Salta presentó un recurso extraordinario federal para que la causa se reconsidere en la Corte Suprema.
A fines del año pasado, el ministro de Gobierno Julio César Loutaif había hecho pública la intención del Estado de afrontar el resarcimiento.
Loutaif había hablado incluso de las intenciones del Poder Ejecutivo de darle un cierre a la historia. Sin embargo, semanas después los representantes legales del Gobierno hicieron una presentación para pedir que el Poder Judicial Nacional vuelva a evaluar el caso.
El fiscal Alejandro Saravia emitió su opinión al respecto en un dictamen sobre la causa que se conoció en los últimos días, tras el receso judicial de verano.
Protección. La ley provincial 7403 de protección a las víctimas obliga a los funcionarios a tomar medidas para prevenir la violencia familiar.
Casos. En 2012, la Justicia registró más de 15.000 denuncias sobre agresiones en la familia en la zona que comprende a Salta Capital.
Rechazan el concepto de homicidio “pasional”
PODER JUDICIAL| LOS EXPEDIENTES DE VIOLENCIA SE ACUMULAN EN LOS JUZGADOS.
La Corte de Justicia de Salta rechazó hace días el hecho de que una sentencia se refiriera a un femicidio como un “crimen pasional”, porque eso puede equivaler a justificar la violencia.
El cuerpo que preside Guillermo Posadas confirmó la condena a prisión perpetua para un hombre que asesinó a una mujer en 2009 en Orán.
Pero en sus consideraciones, la Corte de Justicia cuestionó que la sentencia de primera instancia se refiriera al hecho como un crimen “pasional”.
El máximo tribunal remarcó que no se puede continuar apelando a esta figura para referirse al “asesinato de víctimas de la violencia de género”.
Los jueces incluso citaron parte del decálogo de la Red de Periodistas de Argentina por una Comunicación no Sexista.
“Un delito no tiene nada que ver con la pasión. El término pasional remite a la equivocada idea acerca de la existencia de un tipo de ¿amor? tan “intenso” y “apasionado” que no permite frenar los impulsos asesinos frente a distintos tipos de situaciones, todas ellas marcadas por la idea de propiedad de la mujer, es decir, de su cosificación y consecuente degradación”, dice el fragmento del texto que la Corte incluyó en su fallo.
La sentencia del alto tribunal consideró además que hablar de crimen pasional “de alguna forma contribuye a legitimar la reproducción de patrones socioculturales de conducta basados en la idea de superioridad del sexo masculino, además de dar un confuso mensaje en torno a la gravedad criminal de la agresión sexista que llevó, en este caso, a terminar con la vida de una mujer”.
El caso de Rosana Alderete alimentó debates sobre la violencia de género. El asesinato de la mujer y sus dos hijos motivó una discusión sobre la necesidad de adaptar las políticas para responder a este problema social. Después del triple crimen se aprobó una ley provincial de protección a las víctimas, se hicieron capacitaciones y la Justicia de Salta abrió la Oficina de Violencia Intrafamiliar para canalizar las denuncias. Sin embargo, diferentes sectores vienen demandando mayores esfuerzos para eliminar todas las formas de agresión hacia las mujeres.