El acuerdo entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA, cuestionado por la oposición y por entidades de la comunidad judía, tuvo ayer su primer planeo de inconstitucionalidad por parte de un agrupamiento de abogados peronistas. Por ello, la Corte Suprema de Justicia le requirió ayer a la Procuración General de la Nación que opine sobre la acción de amparo presentada por los letrados contra el “memorándum de entendimiento” firmado para investigar el atentado a la mutual judía, ocurrido en 1994.
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El acuerdo entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA, cuestionado por la oposición y por entidades de la comunidad judía, tuvo ayer su primer planeo de inconstitucionalidad por parte de un agrupamiento de abogados peronistas. Por ello, la Corte Suprema de Justicia le requirió ayer a la Procuración General de la Nación que opine sobre la acción de amparo presentada por los letrados contra el “memorándum de entendimiento” firmado para investigar el atentado a la mutual judía, ocurrido en 1994.
La Corte corrió vista a la procuradora, Alejandra Gils Carbó, para que se expida en relación con la presentación que hizo la Agrupación Abogados en Propuesta Peronista (Aprope). Según el amparo, “el Poder Ejecutivo Nacional, por la vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, llegó a un acuerdo con Irán para investigar el múltiple homicidio de la AMIA perpetrado en 1994, que arrojo el trágico saldo de 85 muertos”.
Los abogados de Aprope, Alejandro Lipovetzky y Gustavo Palópoli, señalaron que el “memorándum es con un país que debe ser considerado sospechoso de promover, autorizar o encubrir una masacre de tales dimensiones contra el país”.
Reclamaron tener “especialmente en cuenta que entre los imputados, con solicitud de captura internacional a Interpol se encuentra el ministro de Defensa iraní”.
Para evitar que se proceda teniendo en cuenta el acuerdo, la Aprope reclamó a la Corte una acción de amparo para evitarlo, y ahora desde el Tribunal corrieron vista a la Procuración. Tras el dictamen de la procuradora, el cual no es vinculante y no cuenta con plazos establecidos, la Corte Suprema resolverá el planteo.