La Red de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol Salta) reclamó una urgente convocatoria del Consejo de Seguridad Interior para evitar que el crimen organizado tras el narcotráfico siga perforando las fronteras con sus hordas de traficantes, sicarios, tratantes y su probado poder corruptor.
inicia sesión o regístrate.
La Red de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol Salta) reclamó una urgente convocatoria del Consejo de Seguridad Interior para evitar que el crimen organizado tras el narcotráfico siga perforando las fronteras con sus hordas de traficantes, sicarios, tratantes y su probado poder corruptor.
La presidenta de la entidad civil, María Elena Jiménez, remarcó que incongruencias como el retiro de Gendarmería de la localidad de Salvador Mazza, en la línea fronteriza que separa a Salta de Bolivia, el segundo productor mundial de cocaína, no son nuevas ni aisladas. Ya en febrero de 2000, en una nota dirigida a las autoridades del Ministerio del Interior, la Red Sol Salta advertía sobre una creciente narcocriminalidad que llenó los juzgados federales de causas, las cárceles de presos y los barrios de muerte, sin que esa cartera nacional, como tampoco las de Seguridad y Defensa, respondieran con la urgencia, firmeza y compromiso deseables.
“La escalada del narcotráfico en el país y del crimen organizado en la frontera son problemas que deben tratarse en el Consejo de Seguridad de la Nación y enfrentarse con políticas públicas concertadas, definidas y aplicadas con la participación de todas las provincias”, sostuvo Jiménez, en referencia a un órgano federal que la ministra Nilda Garré sigue sin convocar.
En la nota que la ONG salteña elevó a autoridades nacionales en 2000, tras una serie de crímenes relacionados con el narcotráfico en el norte provincial, ya se consideraba “urgente” una convocatoria al Consejo de Seguridad para definir planes de acción complementarios de las fuerzas nacionales y provinciales en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado.
También se consideraban indispensables medidas contra del lavado de dinero y la actividad de bancos que la facilitan (con colaboración internacional); controles más estrictos a la fabricación, venta y transporte de precursores químicos utilizados en la fabricación de cocaína y otros estupefacientes; una detección y control de pistas de aterrizaje y aeropuertos privados en todo el territorio de la Nación; entre otras medidas que siguen pendientes hasta hoy.
Días atrás, en un encuentro con diputados y senadores nacionales, jueces federales de la región insistieron en la falta de radares en la frontera norte (de los siete que prevé el plan Escudo Norte sólo uno está instalado). Los magistrados también señalaron que las pistas y los sitios donde avionetas arrojan grandes cargamentos de droga fueron informados al Ministerio de Seguridad, pero nada se hizo. La Cámara Federal advirtió, asimismo, que hay 6.000 causas por narcotráfico a punto de prescribir porque los juzgados norteños están desbordados de expedientes.
Semanas atrás, el gobierno estadounidense cuestionó en un informe medidas del Ministerio de Seguridad argentino que, a su juicio, desalentaron la cooperación con las fuerzas provinciales y limitaron la capacidad antidrogas de las provincias.