En muchas comunidades originarias de Salta, desde hace unos meses, la asistencia del Estado no alcanza para cubrir las necesidades básicas de miles de personas que tienen el subsidio como único ingreso. El comienzo de clases puso en aprietos a muchos padres, que se endeudaron para comprar útiles, ropa y calzado para que sus hijos puedan ir a la escuela. Otros, directamente, no pudieron comprar nada este año, porque esa plata es para la comida de todos los días.
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En muchas comunidades originarias de Salta, desde hace unos meses, la asistencia del Estado no alcanza para cubrir las necesidades básicas de miles de personas que tienen el subsidio como único ingreso. El comienzo de clases puso en aprietos a muchos padres, que se endeudaron para comprar útiles, ropa y calzado para que sus hijos puedan ir a la escuela. Otros, directamente, no pudieron comprar nada este año, porque esa plata es para la comida de todos los días.
Un grupo de aborígenes del municipio de Rivadavia Banda Norte expresó su preocupación a El Tribuno y demandó políticas que generen empleo en la zona. Solicitan medidas urgentes para contener a la juventud, que encuentra dificultades para terminar la escuela, para conseguir trabajo y para continuar su formación después del secundario. Además, reclaman un cambio de actitud del Gobierno, al que le advierten que los discrimina cuando entrega a todos los salteños casas de tres ambientes, con agua, cocina y baño, mientras que a los indígenas les asignan viviendas de madera o de una sola habitación, sin baño ni cocina, y una galería sin techo.
Esta vez los pobladores de ese desierto verde y llano que es el chaco salteño pidieron acciones concretas y recordaron una lista de necesidades que todavía no tienen solución y que “siguen siendo las mismas que tenían los abuelos aborígenes que llevaron por primera vez sus reclamos hace años”. Un tema tan preocupante como conocido es la falta de agua potable. Pero más alarmante aún es el hecho de que en la zona existen decenas de chicos con bajo peso, expuestos al agua que les puede producir diarreas y esto puede deshidratar rápidamente a los pequeños mal nutridos.
El bajo peso y la deshidratación pueden resultar una combinación mortal en esta zona, donde muchas madres deben caminar kilómetros para llegar al puesto de salud más cercano, bajo un sol impiadoso, que la hace una de las localidades más calientes de América del Sur.
“Con el agua vienen las diarreas, las bacterias y virus que se vuelven enfermedades. Hay una relación grandísima del agua que tomamos con los casos de diarrea que tenemos. Los chicos con bajo peso están controlados, pero pueden sufrir diarreas en verano y eso puede ser mortal si están muy lejos del hospital”, había dicho a El Tribuno en diciembre de 2011 la entonces responsable del hospital de Morillo, la doctora Fernanda Siuffi.
El municipio tiene 12.500 kilómetros cuadrados y 11.000 habitantes. Es más grande que la isla de Jamaica, que tiene más de 11 millones de personas. En Morillo hay cuatro pozos de agua. Una reacción química hecha por el hospital en 2011 mostraba rastros de sustancias tóxicas para el hombre.
En la alejada comunidad de San Patricio, a unos 70 kilómetros de la ruta nacional 81, donde viven monte adentro 250 personas, a más de dos horas de auto desde Los Blancos, hay una pozo somero para toda la comunidad donde se bombea a mano y se traslada en bidones hasta las casa terminadas en julio de 2009, planificadas sin baño, sin canillas de agua, sin chapas en la galería.
En julio de 2011 este medio publicó que en el centro de salud la radio llevaba un año sin funcionar. Hoy siguen sin comunicación.
En Los Blancos el agua de la canilla es salada. El agua dulce está en un tanque y la población tiene que ir a buscarla.
Visita a la capital
El día que se cumplieron 200 años de la Batalla de Salta fue el que eligieron los nueve aborígenes de distintas comunidades de Rivadavia Banda Norte para acercar sus preocupaciones a los funcionarios que asistieron al desfile, en donde las autoridades bajaron del palco antes de que terminara, dejando plantados a más de 300 gauchos. Ese mismo día visitaron El Tribuno después de entregar un petitorio al ministro de Gobierno, Julio César Loutaif. En su momento expresaron su malestar por no haber sido invitados, aunque más agresivo les resultó el hecho de no encontrar a ningún aborigen en el palco oficial.
“La celebración fue muy linda, pero no había ni uno solo de mis paisanos invitado. A nuestros hermanos bolivianos los invitan a todos los actos, pero a nosotros nos ignoran. Dicen que tenemos derechos, pero nosotros no los conocemos”, opinó Ricardo Suárez, auxiliar de cacique en la comunidad de Kayip, en Juan Pagés, límite con Formosa.
Módulos habitacionales
no tienen baño ni cocina
A los aborígenes de Morillo les llamó mucho la atención la diferencia de calidad y comodidad que hay entre las casas que el Gobierno hizo para ellos y las que pudieron ver en los barrios de Salta durante su estadía. Por alguna razón sus casas son de un solo ambiente, sin canillas, sin baño, ni techo en la galería. No importa cuántos sean los integrantes de la familia, todos tienen un solo cuarto para dormir, cocinar, comer, estudiar y todos tienen que hacer sus necesidades al aire libre. No hay ducha, cocina o lavatorio. Las 60 casas son denominadas técnicamente “módulos habitacionales”.
Los wichi de Formosa, a unos kilómetros del municipio, recibieron hogares con habitaciones individuales, cocina, tanque de agua, baño y comedor. “Hicieron viviendas, pero no tienen baño ni galería. Son dos cosas fundamentales. Los aborígenes vamos al baño también, pero parece que tenemos que ir al monte. La galería no es un lujo. No se puede estar encerrado en un cuarto de cuatro por cuatro, pero así estamos: sin sombra para el sol y sin techo para la lluvia”, dijo el legislador de Morillo.
Todos prometen
pero nadie cumple
Los pedidos y las necesidades de la gente son coincidentes.
“Queremos dejar de estar como estamos. Por eso nos llegamos a Salta, aunque es muy difícil venir para nosotros. Pienso que estamos bien firmes en nuestros reclamos. La gente pasó mucho tiempo de manos cruzadas, porque todos prometen soluciones, pero acá no llegaron. La juventud no quiere esperar más. Ellos ven que sus abuelos peleaban por lo mismo y no quieren que sus hijos sigan sufriendo esas necesidades. Creo que ya se terminó el tiempo de quedarse de manos cruzadas. Nuestros chicos tienen que estudiar y es lo que buscamos, porque un chico con estudios no se deja atropellar y, sobre todo, puede conseguir trabajo, que es lo que más se necesita”, dijo Benicio Valdivieso, de la comunidad La Cortada.
“Lo que nos preocupa es que no podamos ver una salida. Necesitamos trabajar para solucionar problemas y queremos colaborar, mostrar propuestas. Nadie dice que se puede solucionar todo de golpe, pero hay que empezar urgente con algo, sobre todo el agua, que nos viene faltando hace 10 años”, dijo Alberto Arias, de Chañar II, en Morillo.
Situación difícil
Alicio Campos, representante de la comunidad Cacique Catán, prefirió remarcar las dificultades de movilidad que tiene el hospital del municipio. “Es muy difícil para nosotros los aborígenes cuando tenemos alguna emergencia. La ambulancia nunca está, o dicen que se echó a perder, o que no tiene combustible. Lamentablemente, muchas veces tenemos que pagar el combustible para trasladar a nuestros hijos”, aportó.
Esas necesidades suenan desde hace años en las comunidades de la zona. Gran parte de la población aborigen recibe algún subsidio del Estado, sobre todo la asignación universal y la pensión por invalidez.
Sin embargo hoy, según los testimonios, esa ayuda es insuficiente para muchas familias. Por eso el punto que más quieren resaltar de su petitorio es la falta de trabajo.
“Hay que darles oportunidades
a los jóvenes de estas etnias”
Reinaldo Ferreira es uno de los cinco concejales del municipio de Rivadavia Banda Norte. Es de la etnia wichi y tiene 38 años. Le preocupa que los jóvenes aborígenes no tengan las mismas oportunidades que los chicos de su edad de otras regiones del país.
“Nosotros vemos que sí o sí necesitamos trabajo. Queremos que los chicos puedan terminar el colegio para seguir estudiando, cosa que hoy es imposible. Ya resulta complicado que completen la secundaria, acá la terminaron 9 de 25 el último año. Pero los que consiguen el título no pueden seguir sus estudios, porque la familia no puede pagar una estadía en la ciudad y todo lo que se necesita. Queremos un futuro para nuestros hijos, para que puedan vivir mejor. Hay muy pocos chicos aborígenes profesionales, no llegan al 10%. Tenemos que pensar todos, Municipio, Provincia y Nación, en generar oportunidades para los jóvenes”, dijo el concejal Ferreira.
El futuro preocupa en esta parte del chaco, pero hoy muchas familias aborígenes tienen dificultades para llevar comida a sus casas.
En un petitorio firmado por las 19 comunidades indígenas del municipio piden políticas de inclusión laboral, “porque a muchos no les alcanza para comer todos los días”, dijo Ferreira, y coincidieron los otros ocho entrevistados.
“Algunos dicen que no nos tiene que dar trabajo porque vivimos de los planes sociales. Pero ya son muchos los que no pueden vivir con ese ingreso. Alguien que tiene dos hijos con la asignación cobra $540, es decir $270 por cada chico, pero son $18 por día y hay que comer. La pensión por invalidez ahora es de $1.500. Hablamos de 50 pesos por día. Con eso puede comer una familia con dos hijos, pero no alcanza para comprar ropa y útiles para la escuela. Son muchos los que están sufriendo el comienzo de clases, porque no pueden comprar calzado para mandar a estudiar a sus hijos, porque con esa plata se come”, aseguró Ferreira.
Más problemas
“Teníamos la esperanza de trabajar en las fincas vecinas. Algunos propietarios quieren emprender y buscan gente para trabajos del campo, pero en el mismo pueblo enseguida se arma la discusión”, dijo.
Agregó que “algunos salen por las radios y dicen que es malo para el municipio y el medio ambiente. Entonces lo que pasa es que no dejan trabajar a gente que quiere emprender. No dejan que acomode el campo para criar vacas. Eso es malo para todos, porque esa gente viene a dar trabajo y la tratan como delincuente, aunque tenga todo en regla”.
Por otra parte, dijo que piensa que es mejor ayudar a los que pueden dar trabajo que ponerles trabas. “No digo que no se controle. Hay que controlar para que se trabaje en regla, como corresponde. Pero parece que lo que se busca es directamente echarlos del municipio, no les interesa corregir lo que está mal para que el trabajo se quede en el pueblo. En Fortín Dragones los campos dan trabajo al aborigen y nunca tuvieron problemas, analizó el concejal de Morillo Reinaldo Ferreira.
"Pedimos una
vivienda digna”
Alberto Arias, de Chañar II, fue contundente: “Pedimos una vivienda digna, como las que vemos que están haciendo en Salta ¿Por qué para nosotros hacen casa de segunda y para el resto de primera? Queremos que nuestros hijos se acostumbren a vivir de otra manera. Hay cosas que ya están hechas y no se pueden cambiar, pero para adelante tiene que ser distinto. En Morillo cualquiera puede ver las casa para aborígenes sin nada y a unas cuadras de ahí están las casa que hicieron para las familias criollas. Ellos tienen dos habitaciones, baño privado, comedor y tanque de agua en la casa”, dijo.