No muchos gobernantes actuales leyeron a Francisco Suárez (1548 1617). Francisco, teólogo y estadista español, también era jesuita. Su obra inspiró a Descartes y fue admirada por el Papa Pablo V. Enseñó en Salamanca y Alcalá y es uno de los más importantes filósofos políticos de la historia. Valiente como pocos, Francisco enfrentó a gobernantes terribles y peligrosos. Detestaba al político ineficiente y calificaba a los dictadores como “cobardes de pocas ideas”. Cuando los políticos de su época leyeron su teoría sobre el derecho ciudadano a desobedecer las órdenes injustas del gobernante, sintieron que una lanza de 4 puntas se incrustaba en sus corazones.
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No muchos gobernantes actuales leyeron a Francisco Suárez (1548 1617). Francisco, teólogo y estadista español, también era jesuita. Su obra inspiró a Descartes y fue admirada por el Papa Pablo V. Enseñó en Salamanca y Alcalá y es uno de los más importantes filósofos políticos de la historia. Valiente como pocos, Francisco enfrentó a gobernantes terribles y peligrosos. Detestaba al político ineficiente y calificaba a los dictadores como “cobardes de pocas ideas”. Cuando los políticos de su época leyeron su teoría sobre el derecho ciudadano a desobedecer las órdenes injustas del gobernante, sintieron que una lanza de 4 puntas se incrustaba en sus corazones.
Escribió que “gobernar” un Estado es un jugoso desafío para gobernadores “corajudos” que “echando el corazón por delante” superan todos los obstáculos. En cambio, dice Suárez, “es un interminable calvario para gobernadores timoratos”. Cuando la clase política se integra con timoratos de escasa ambición, los obstáculos se salvan “comprando voluntades”. Para ello necesitan mucho dinero.
Salta tuvo gobernadores enérgicos e “imparables” a la hora de hacer y construir. No suelo hacer referencias individuales, pero, más allá de ideologías y partidismos, es indudable que tanto Roberto Romero como su hijo Juan Carlos fueron ese tipo de gobernantes. Cada uno a su manera, con presupuestos públicos moderados, construyeron en la escasez y sin ayudas nacionales. ¿Qué tipo de gobernantes tiene Salta hoy?
En estos días se conoció un proyecto del Gobierno para implementar en Salta un “impuestazo”. Se trata indudablemente de un golpe doloroso al corazón de los salteños. Al corazón del comerciante que pelea cada día para enfrentar la baja en las ventas y al del industrial que navega contra la recesión. Al corazón del médico que transpira en un quirófano y del obrero que dejará de percibir “extras”. Al corazón del ama de casa porque la canasta básica aumenta al ritmo de los impuestos y del almacenero del barrio, resignado a que bajen las ventas.
No sirve negarlo: si el proyecto se aprueba, cada salteño pagará más impuestos. Y lo peor de todo es que el Gobierno tendrá una amplia discrecionalidad para determinar cuánto paga cada uno. Con absoluto respeto por sus impulsores, lo malo de este aumento es que sería improductivo para el pueblo.
Hace 5 años, el Gobierno provincial comenzó un proceso de incorporación de personal. Nunca en toda su historia el Estado salteño tuvo tantos funcionarios y asesores políticos. En 5 años pasó de tener 8.000 personas en su planta política a tener más de 40.000. Más allá de si son buenos o malos funcionarios, sus sueldos constituyen una verdadera catástrofe para las cuentas públicas y los impuestos no alcanzan para pagarlos. A la vez , no se implementaron políticas para emprendedores y creación de empleo privado. A cambio, se “compró” voluntades mediante subsidios millonarios.
Los impuestos que el pueblo de Salta paga mes a mes ya no alcanzan para pagar sueldos públicos y subsidios, porque el Estado asumió todo el “desempleo” de los últimos años, sea incorporando gente a su planta o sea subsidiando. El aumento de impuestos es para salvar este problema. No para hacer obras o asegurar el funcionamiento de las instituciones públicas. Debemos ser conscientes de que con el impuestazo no habrá más hospitales, ni más escuelas, ni más comisarías.
Para entender por qué los impuestos en Salta no sirven a los intereses de los salteños basta tener en cuenta estas cifras: en 2003 la Provincia tenía un presupuesto público de 950 millones de pesos y 400 millones se destinaban a pagar sueldos. Es decir, menos del 50%. En 2013 ese mismo presupuesto es de 12.000 millones de pesos y 10.500 millones son para pagar sueldos y subsidios. Es decir, casi el 90%. Los salteños pagan impuestos solo para que funcionarios, asesores y subsidiados cobren sus remuneraciones a fin de mes. Un aumento de impuestos en Salta, entonces, sería inservible al interés público.
Sin herir susceptibilidades, un aumento de impuestos sería “humillante”. Humillar significa “hacer al otro inferior”. Un impuestazo dejaría a miles de salteños sin trabajo, sin negocios y sin proyectos. Destruiría sueños e ilusiones. En definitiva: los haría “inferiores” e “indignos”.
Francisco, el jesuita español, considera necesarios 3 requisitos para que el pueblo tenga el deber de obedecer las leyes: que la ley provenga de autoridad pública, que sea justa y que se oriente al bien común. No es justo cargar sobre miles de salteños que salen a ganarse el pan cada día, los mayores sueldos y subsidios públicos. Ni responde al bien común una ley que aumenta impuestos sólo para eso. Salta no necesita gastar “más” sino gastar “mejor”. Necesita “corazones exaltados”, almas valientes que naveguen las tormentosas aguas de nuestro destino con sabiduría e ideas. Pero especialmente con coraje.