Tras el escándalo que significaron las adjudicaciones en el barrio Lomas de Medeiros, el Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urutube, por medio de un decreto estableció algunos cambios en la entrega de viviendas.
Entre ellas se requerirá niveles de ingresos inferiores a los actuales, disminuyendo el monto de las cuotas mensuales, se implementarán planes de viviendas para familias de bajos recursos, y la prohibición de que funcionarios del ejecutivo de niveles superiores puedan acceder a viviendas del Instituto Provincial (IPV), según se dio a conocer través de parte de prensa emitido por la gobernación.
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Tras el escándalo que significaron las adjudicaciones en el barrio Lomas de Medeiros, el Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urutube, por medio de un decreto estableció algunos cambios en la entrega de viviendas.
Entre ellas se requerirá niveles de ingresos inferiores a los actuales, disminuyendo el monto de las cuotas mensuales, se implementarán planes de viviendas para familias de bajos recursos, y la prohibición de que funcionarios del ejecutivo de niveles superiores puedan acceder a viviendas del Instituto Provincial (IPV), según se dio a conocer través de parte de prensa emitido por la gobernación.
El decreto firmado hoy, establece “la necesidad de implementar nuevas medidas tendientes a garantizar el derecho de acceso a la vivienda a todos los sectores de la sociedad se instruye a la Presidencia del IPV para que como Organismo Autárquico, en forma inmediata revise y modifique la reglamentación existente para la postulación y adjudicación de las viviendas”.
Dentro del articulado indica que “el Organismo deberá extender el plazo de amortización de las viviendas de los actuales veinte años hasta el máximo de treinta, lo que permitirá que el valor de la cuota mensual a abonar sea inferior a la requerida, esto traerá aparejado que se amplíe la cantidad de grupos familiares con posibilidad de acceso a una vivienda”.
E indica que para “facilitar el acceso a la vivienda a familias que posean niveles de ingresos inferiores a los mínimos requeridos para los planes tradicionales, el IPV deberá prever anualmente planes especiales de viviendas”.
Además determina la prohibición de que el Gobernador, el vicegobernador, los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado del Poder Ejecutivo Provincial; presidentes y directores de Empresas y sociedades del Estado y entidades autárquicas, y sus cónyuges o convivientes, puedan resultar adjudicatarios de las viviendas que se ejecuten a través del IPV, mientras se encuentren en ejercicio de sus cargos”.
Las modificaciones también deberán estar vinculadas con que los postulantes no sean o hayan sido propietarios o usufructuarios de viviendas, en todo el territorio de la República Argentina, en un período de un año anterior a su inscripción en el IPV. También señala que “se les otorguen mayores posibilidades de acceso a una vivienda a los grupos familiares inscriptos con mayor antigüedad”.