Los planteos de nulidad contra la resolución que desadjudicó unidades habitacionales en el barrio Lomas de Medeiros, sin separar la paja del trigo, comenzaron a llegar al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
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Los planteos de nulidad contra la resolución que desadjudicó unidades habitacionales en el barrio Lomas de Medeiros, sin separar la paja del trigo, comenzaron a llegar al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Familias que fueron despojadas de derechos adquiridos, por una decisión que no diferenció a quienes reunían todos los requisitos de aquellos que detentaban propiedades, influencias y funciones en el gobierno, esperan que el organismo que preside Fernando Alesanco revea la resolución 339/13 en forma urgente.
Las impugnaciones que ya ingresaron al IPV advierten sobre una vulneración de derechos y garantías constitucionales que podría tener consecuencias irremediables para familias perjudicadas por la medida y para el patrimonio público de Salta, por las demandas penales y civiles que empiezan a asomar.
Contundentes escritos
En la mañana de ayer, uno de los afectados, Diego Emiliano Villazón, interpuso un recurso de reconsideración por vicios de nulidad en la resolución que el organismo de vivienda dictó el pasado 10 de abril, en medio de un escándalo que desató indignación social y cuestionamientos al organismo que regula y canaliza la entrega de viviendas sociales en Salta.
Las derivaciones del caso que saltó al tapete desde los micrófonos de FM Capital impulsaron al gobernador Juan Manuel Urtubey a disponer una desadjudicación generalizada, que alcanzó a 39 familias. Entre éstas, solo siete detentaban propiedades sobre bienes inmuebles que justificaban una inmediata anulación de adjudicaciones. Uno de esos casos puntuales es el del secretario Legal y Técnico de la Provincia, Pablo Robbio Saravia, quien declaró la posesión de tres bienes inmuebles y aún sigue en ese cargo, en el que debe velar por la legalidad de los actos del Gobierno.
“Yo no soy funcionario y vivo desde 2002 en un departamento alquilado con mi esposa y mis hijos”, aclaró Villazón.
El joven abogado, que ejerce la docencia en la Universidad Católica, es desde el año pasado cónsul honorario de Brasil en Salta.
Ayer, a primera hora, interpuso el recurso de nulidad contra la resolución 339/13 ante el IPV y reclamó a ese organismo una medida cautelar autónoma, de no innovar en la situación de las viviendas del barrio Lomas de Medeiros, hasta tanto se resuelvan las impugnaciones que presentó contra una medida que se considera “ilegal, ilegítima, arbitraria y discriminatoria”.
Para evitar una conculcación de derechos con perjuicios irremediables para él, su esposa y sus tres hijos menores de edad, Villazón pidió que se suspendan, en no más de 24 horas, las instancias administrativas que abrió la controvertida resolución hasta el próximo viernes (vencimiento del plazo de presentación de interesados, con la exigencia de un depósito de $75.000 incluida) y el lunes 22, día en que se haría el sorteo si IPV o la Justicia no lo frenan antes.
Pedido de amparo a la Justicia y denuncia penal
Ayer Diego Villazón adelantó que hoy, en caso de no tener una respuesta del IPV a su legítimo reclamo, pedirá a la Justicia una medida cautelar que evite la vulneración de una larga lista de derechos y garantías constitucionales: igualdad ante la ley, no discriminación, debido proceso, defensa en juicio, inviolabilidad de la propiedad, no confiscatoriedad, sujeción al ordenamiento jurídico, jerarquía normativa, protección del bien de familia y protección de la niñez, entre otros.
Demanda penal
El letrado, que defiende los derechos patrimoniales de su familia con una abultada documentación reunida en el IPV y planteos sustentados en un texto jurídico que escribió en 2004 el fiscal de Estado, Simón Padrós, anticipó que presentará acciones penales si se consuma el sorteo el lunes 22. Precisó que hará la demanda en la Justicia Federal, porque las viviendas de Lomas de Medeiros se construyeron con recursos de la Nación, y que los cargos serán por desbaratamiento de derechos acordados, estafa, desvío de fondos nacionales e incumplimiento de deberes.
| Los datos |
| Diego y su esposa tienen tres hijos de 17, 10 y 3 años. Alquilan desde 2002. Se inscribieron en 2004. En 2006 desistieron en un plan para abogados. No lograron juntar los $17.000 de anticipo |
| En 2007 fueron a actualizar su ficha en el IPV y allí les informaron del barrio Lomas de Medeiros. Decidieron tomaron un préstamo para poder completar los $28.000 de ahorro previo. |
| En 2008 sintieron el sueño cerca cuando les adjudicaron la vivienda. La obra tardó y el IPV les sacó otros $28.000 por una casa mucho más chica. Y ahora se las quitaron. |