Ocurrió lo que se esperaba. El escándalo de las viviendas de Lomas de Medeiros desnudó el déficit habitacional de la provincia. Y muchas familias que aún no recibieron una casa por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), ahora presionan al organismo para que les dé una inmediata respuesta a la situación por la que atraviesan.
Consideran injusto que haya funcionarios y empresarios que poseen propiedades en la lista de futuros preadjudicatarios para viviendas sociales. Dudan si es que en la conformación de las próximas listas de adjudicatarios habrá acomodos.
Muchos de ellos se comunicaron con El Tribuno estos días para expresar la situación que los golpea y que los lleva hoy a reclamar.
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Ocurrió lo que se esperaba. El escándalo de las viviendas de Lomas de Medeiros desnudó el déficit habitacional de la provincia. Y muchas familias que aún no recibieron una casa por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), ahora presionan al organismo para que les dé una inmediata respuesta a la situación por la que atraviesan.
Consideran injusto que haya funcionarios y empresarios que poseen propiedades en la lista de futuros preadjudicatarios para viviendas sociales. Dudan si es que en la conformación de las próximas listas de adjudicatarios habrá acomodos.
Muchos de ellos se comunicaron con El Tribuno estos días para expresar la situación que los golpea y que los lleva hoy a reclamar.
Los testimonios
Ayer, entre los que se comunicaron, se encuentra Eduardo M., quien denunció estar inscripto desde 1980 en el IPV. “Me inscribí hace poco más de 30 años. En 2011 recién me salió la adjudicación en el barrio El Huaico. Cuando presenté los papeles me dijeron que no me la iban a dar porque no cumplía con los requisitos, ya que al estar independizados mis hijos, no era vital tener una casa”.
Celeste A. también se comunicó para denunciar la situación de su hermana, quien tampoco logró acceder a una vivienda tras años de espera. “Ella tiene un hijo, por eso la solicitó. Después de un tiempo, cuando le estaban por adjudicar una vivienda, le dijeron que no y sin razones lógicas. ‘No es no’, le dijeron”, contó Celeste.
Como el caso de Eduardo y Celeste, muchos otros lectores llamaron para que se les haga pública la situación que los afecta.
El modo en que opera el IPV provocó una sensación de descreimiento hacia este organismo público provincial.
Promesa incumplida
Las 3 mil casas por año prometidas por el Gobierno no se concretaron y la demanda habitacional creció.
Esta situación provocó que más del 30% de los habitantes de Capital, Orán y Tartagal vivan en asentamientos precarios, aunque tampoco es ideal la situación de quienes poseen vivienda, ya que muchas de ellas no reúnen las condiciones de habitabilidad.
El déficit se refleja en los más de 30 mil inscriptos que tiene hoy el Instituto de la Vivienda.
El escándalo por las viviendas explotó cuando distintos medios publicaron el listado de los preadjudicatarios para ocupar las viviendas en el barrio Lomas de Medeiros. Entre éstos se encontraban funcionarios y empresarios con propiedades, requisito totalmente excluyente para acceder a una vivienda social.
Desadjudicación
Por decisión del gobernador, y ante la magnitud y bronca que generó el escándalo, a todos los preadjudicados durante su gestión se les quitó tal beneficio y deberán ir a un sorteo que se realizará el próximo 22 de abril en Enjasa (Ente Regulador de Juegos de Azar).
Recusan a amigo de una investigada
El fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, fue recusado ayer como responsable de investigar si se cometieron ilícitos en la adjudicación de las casas de Lomas de Medeiros, por tener una relación de amistad íntima con una de las beneficiadas: Anabella Sodero Calvet.
“Sin dudar de la honorabilidad del representante del Ministerio Público Fiscal cuyo apartamiento se solicita, puede pregonarse que tal vínculo podría afectar la objetividad de su criterio funcional”, afirmaron en la presentación que hicieron ayer el exdiputado Carlos Morello y el exconcejal Carlos Saravia ante la Fiscalía Correccional y de Garantías.
Ambos exlegisladores pidieron ser querellantes particulares de la causa, para contribuir a la investigación de la adjudicación de casas de Lomas de Medeiros a amigos del Gobierno.
Morello y Saravia son los autores de la denuncia por presunto accionar delictivo de funcionarios y personas involucradas en la operatoria para Lomas de Medeiros, a través de la cual se entregó más del 60% de las viviendas financiadas y construidas por el IPV a funcionarios, empresarios, familiares y amigos del Ejecutivo provincial.
Ayer, además de pedir ser querellantes particulares y el apartamiento del fiscal Akemeier, insistieron nuevamente en la urgencia de disponer el secuestro de la documentación que exista en el IPV relacionada al barrio Lomas de Medeiros. La pérdida de resoluciones o informes podría entorpecer la investigación, afirmaron.