Con el sorteo anunciado para el próximo lunes, ayer se conoció la resolución de una de las ocho cautelares que se presentaron por viviendas desadjudicadas en el barrio Lomas de Medeiros. En este caso, el juez civil Federico Cortés hizo lugar a la medida solicitada y ordenó que se excluya del sorteo a una de las casas, mientras se dirimen derechos defendidos en una acción de amparo.
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Con el sorteo anunciado para el próximo lunes, ayer se conoció la resolución de una de las ocho cautelares que se presentaron por viviendas desadjudicadas en el barrio Lomas de Medeiros. En este caso, el juez civil Federico Cortés hizo lugar a la medida solicitada y ordenó que se excluya del sorteo a una de las casas, mientras se dirimen derechos defendidos en una acción de amparo.
El lunes otros magistrados responderían a los pedidos formulados en siete acciones similares que se concentraron, en su gran mayoría, en la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta.
Estas resoluciones podrían modificar e incluso frenar el sorteo que hasta ayer seguía confirmado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para el lunes, a las 16, en Enjasa (Alvarado 651).
El organismo informó que son 51 las casas que irán a sorteo, pero a esa cantidad debería restarse el cupo del 10% reservado para familias que tienen personas discapacitadas en su seno.
Hasta el cierre de esta edición no estaba claro si ese cupo se aplicará en base a las 76 viviendas que conforman el grupo habitacional de Lomas de Medeiros o se toma únicamente las que el IPV revocó, el pasado 9 de abril, por medio de la resolución 339/13. Si se opta por lo primero, serían siete las viviendas asignadas para los casos especiales. En su defecto, serían sólo cinco.
Más allá de esa salvedad, es muy probable que la cantidad de casas sujetas al sorteo público sufra modificaciones sustanciales hasta las horas previas, en vista de las cautelares pendientes y hasta de un posible pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta.
Sucede que el juez civil Juan Antonio Cabral Duba acaba de declarar su incompetencia para actuar en uno de los amparos promovidos contra el IPV. El magistrado consideró que la resolución 339/13 es una medida que el Ejecutivo dispuso con alcances generales, sin distinguir a adjudicatarios, de preadjudicatarios y grupos familiares con parcelas asignadas. Sobre este criterio, Cabra Duba concluyó que el delicado tema es de la cuestión que subyace detrás de la diversidad de derechos afectados es de competencia y de interpretación de la Corte salteña.
La primera cautelar
En el primer fallo contra la resolución 339/13, el juez Civil y Comercial de Quinta Nominación, Federico Cortés, ordenó al IPV que se abstenga de incluir en el sorteo del lunes a la unidad habitacional identificada como Parcela 2, en la Manzana 632B, del grupo de 76 viviendas del barrio Lomas de Medeiros.
El magistrado hizo lugar así a la cautelar que solicitó uno de los demandantes que esgrimen derechos adquiridos sobre viviendas que el gobierno revocó, sin diferenciar a postulantes que reunían los requisitos legales para aspirar a viviendas sociales del IPV de otros que, pese a tener una, dos e incluso más propiedades, fueron aceptados por el organismo. El escándalo que se destapó en los medios sacó a relucir siete casos inauditos. Uno es el del secretario Legal y Técnico de la Provincia, Pablo Robbio Saravia, quien en su declaración jurada, a fines de 2011, declaró ante la Escribanía de Gobierno tres bienes inmuebles.
En el fallo que se conoció ayer, el juez Cortés señaló que los actos de los poderes públicos provinciales “ostentan presunción de validez”, pero advirtió que admitir esa presunción de legitimidad en forma amplia puede llevar a proteger una “arbitrariedad administrativa”.