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28 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
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Qué ganó y qué perdió la gente con la reforma judicial

Domingo, 28 de abril de 2013 01:10

Un diluvio de información está cayendo sobre la ciudadanía y la ahoga. La gente sabe que algo importante sucede con la Justicia argentina pero la información, por su inmenso caudal, desinforma. Parece una madeja imposible de desenredar. El ciudadano tal vez intuya algunas preguntas, aunque no tenga respuestas. ¿Es democrático el Poder Judicial? ¿Estos proyectos benefician a la gente? ¿Serán más rápidos los juicios? Sabe de la importancia del tema porque conoce que días atrás puso en la calle a más de un millón de personas y también las llevó a una inusual vigilia frente al Congreso.

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Un diluvio de información está cayendo sobre la ciudadanía y la ahoga. La gente sabe que algo importante sucede con la Justicia argentina pero la información, por su inmenso caudal, desinforma. Parece una madeja imposible de desenredar. El ciudadano tal vez intuya algunas preguntas, aunque no tenga respuestas. ¿Es democrático el Poder Judicial? ¿Estos proyectos benefician a la gente? ¿Serán más rápidos los juicios? Sabe de la importancia del tema porque conoce que días atrás puso en la calle a más de un millón de personas y también las llevó a una inusual vigilia frente al Congreso.

Los proyectos en danza son seis y no todos de igual importancia. El que limita la posibilidad del ciudadano para pedir medidas cautelares contra el Estado nacional no beneficia a la gente, porque aumenta su desigualdad frente al Estado.

Tampoco favorece el proyecto que politiza aún más al Consejo de la Magistratura, que lo hará menos imparcial y más lento. Y lo convierte en un arma política apuntada a los magistrados.

La creación de otra etapa para los juicios, las Cámaras de Casación, contraría la idea de mayor celeridad judicial. Los tres restantes proyectos -ingreso igualitario a la planta administrativa y publicidad de declaraciones juradas y de fallos- no se relacionan ni con la independencia del Poder Judicial ni con justicia expeditiva, ni otorgan beneficio alguno a los litigantes.

Consejos de la Magistratura

Muchas provincias tienen Consejo de la Magistratura, la Nación también tiene el suyo. No todos son iguales ni tampoco, como equivocadamente se cree, elijen jueces.

Los Consejos se limitan a examinar los candidatos que se presentan, a calificarlos y a confeccionar una terna. Es el Poder Ejecutivo quien que elige al candidato, pero aun así esa elección no significa nombramiento, el que solo llega cuando el Senado otorga el acuerdo al propuesto por el Ejecutivo.

A los Consejos los iguala solo esa función de selección. En lo demás difieren. El Consejo de la Magistratura de Salta, por ejemplo, tiene solo 9 miembros, 3 por diputados, 3 por jueces y ministerio público y 3 por los abogados. El de la Nación, en cambio, tiene 13 miembros, que aumentarán si se sanciona la ley que tiene alborotado al país. Actualmente los legisladores suman 6 titulares y los representantes de los abogados solo dos.

El Consejo salteño no tiene representantes ni del Poder Ejecutivo ni del Senado, y elige candidatos tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Público; en cambio, el Consejo de la Magistratura nacional, al que no le compete elegir fiscales ni defensores, tiene representantes de los Diputados, de los Senadores y también del Poder Ejecutivo para elejir solamente candidatos a jueces.

Otra diferencia: el órgano salteño no tiene facultades para remover magistrados por mala conducta. En la Nación, en cambio, esta importantísima tarea, en términos políticos, de juzgar a los jueces también es competencia del Consejo de la Magistratura.

El proyecto también dispone que para las periódicas elecciones para renovar miembros, las listas de jueces y de abogados que compitan deberán estar incluidas en las de los partidos políticos que se presentarán a elecciones generales. El procedimiento es algo más complejo, pero lo dicho da una idea de la politización, y partidización que invadirá a la justicia desde el mismo día en que se inicien las campañas electorales, sin beneficio ni para la gente ni para el funcionamiento judicial y perjuicio de la independencia judicial.

 Procesos aun más lentos

La Justicia nacional desarrolla su procedimiento en tres tramos o niveles: los juzgados, las cámaras de apelaciones y la Suprema Corte. No todos los juicios necesitan recorrer los tres tramos, pero cuando el Estado es una de las partes podrá ser necesario. El proyecto, al crear cámaras de casación inserta un nuevo tramo que sumará más demora al proceso. Esta modificación va en contra de una Justicia más rápida. Con el agravante de que una de esas nuevas cámaras tendrá competencia contenciosa administrativa, la cual intervendrá cuando el particular litigue contra el Estado nacional como poder público. Si a ello se añade la eliminación de medidas cautelares, se deduce que el proyecto no ofrece ningún beneficio a la ciudadanía.

Si se sancionan los dos proyectos más cuestionados: Consejo de la Magistratura y restricción a las medidas cautelares, la sociedad en general será perjudicada y sus derechos estarán menos garantizados. Habrá un gran avance del Gobierno nacional sobre el Poder Judicial, será de tal envergadura que, de hecho, el Ejecutivo habrá sido investido con la suma del poder público.
 

Medidas cautelares

Distintas leyes especiales otorgan al Estado nacional, que tiene un cuerpo de abogados numeroso distribuido por todo el país, ventajas procesales en los juicios que le inician los particulares. Esas ventajas atentan contra el principio de igualdad ante la ley. El proyecto en danza las aumentará si se sanciona la prohibición impuesta a los particulares de oponer al Estado medidas cautelares que, preventivamente y hasta que un juicio resuelva, hoy puede suspender un acto supuestamente dañino para el particular, por ejemplo un jubilado. Este punto de la reforma carece de consenso social porque va claramente contra el interés de la ciudadanía.
 

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