La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia de conciliación que se celebrará mañana entre representantes de la comunidad indígena Qom y el gobierno de Formosa, en el marco de una causa por un reclamo de tierras que
los aborígenes reclaman como propias por derechos ancestrales.
Se trata de una audiencia privada que se llevará a cabo a partir de las 11:00 en el despacho del presidente de la Corte,
Ricardo Lorenzetti, y para la cual fueron convocados por los Qom, el líder de la Comunidad Potae Napocna Navogh (La Primavera) de Formosa, Félix Díaz, y Cristino Sanabria.
Por el gobierno formoseño fue convocado el gobernador, Gildo Insfrán; la fiscal de Estado de la provincia, Stella Zabala; y el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ricardo Marra.
También fueron convocadas la Universidad de Formosa, ya que es la que disputa parte de las hectáreas en juego; y representantes de la Administración de Parques Nacionales.
La comunidad Qom reclama un fallo que impida al gobierno de la provincia al desmonte de un total de 609 hectáreas para la construcción de una universidad.
Hoy, monseñor Jorge Eduardo Lozano, obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, se reunió con los legisladores Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Socialismo), Virginia Linares y Cristina Calvo (GEN), Ricardo Alfonsín (UCR), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica-ARI), María Elena Barbagelatta (Socialismo), Humberto Tumini (Libres del Sur) para interiorizarse del conflicto de los Qom.
Los legisladores informaron al obispo sobre "el permanente hostigamiento y agresiones sufridos por la comunidad en el marco de una fuerte inseguridad y ausencia del Estado".
También hablaron sobre el reclamo por la devolución de sus tierras y la falta de documentación de identidad, que no los considera ciudadanos y les impide recibir los beneficios universales fijados por los distintos niveles de gobierno, informó la Conferencia Episcopal Argentina.
Fue abordado el tema de "la falta de reparación a las víctimas de la brutal represión policial, algunas de los cuales tienen heridas de gravedad y permanecen aislados".
También trataron "la carencia de asistencia sanitaria agravada por la falta de un intérprete que ayude en la comunicación y el intento de perjudicar y apartar de la comunidad al cacique Félix Díaz quitándole todo tipo de asistencia".
Donda agradeció "enormemente a la Iglesia y a la Pastoral Social" y señaló que "la comunidad Qom de La Primavera en Formosa y muchas otras sufren hambre, desnutrición y abandono".
En tanto, Prat Gay expresó que "en la Argentina no solamente están desprotegidos los Qom, hay más de un millón de personas en esa condición. La Iglesia tiene una función subsidiaria del Estado porque independientemente de las cuestiones jurídicas, hay que hacer un trabajo humanitario".
Para Alfonsín, "es necesario el acompañamiento social a la cuestión aborigen. Como sociedad tenemos que manifestarnos de manera más inclusiva".
Monseñor Lozano sostuvo que "uno de los problemas más acuciantes para resolver es la extrema pobreza en la que viven estas comunidades aborígenes".
Por la disputa, ya la Corte realizó una audiencia conciliatoria en marzo de 2012, tras la represión contra los integrantes de la comunidad el 23 de diciembre de 2010 en el que murieron uno de sus miembros (Roberto López) y el policía de la provincia Heber Falcón.
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La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia de conciliación que se celebrará mañana entre representantes de la comunidad indígena Qom y el gobierno de Formosa, en el marco de una causa por un reclamo de tierras que
los aborígenes reclaman como propias por derechos ancestrales.
Se trata de una audiencia privada que se llevará a cabo a partir de las 11:00 en el despacho del presidente de la Corte,
Ricardo Lorenzetti, y para la cual fueron convocados por los Qom, el líder de la Comunidad Potae Napocna Navogh (La Primavera) de Formosa, Félix Díaz, y Cristino Sanabria.
Por el gobierno formoseño fue convocado el gobernador, Gildo Insfrán; la fiscal de Estado de la provincia, Stella Zabala; y el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ricardo Marra.
También fueron convocadas la Universidad de Formosa, ya que es la que disputa parte de las hectáreas en juego; y representantes de la Administración de Parques Nacionales.
La comunidad Qom reclama un fallo que impida al gobierno de la provincia al desmonte de un total de 609 hectáreas para la construcción de una universidad.
Hoy, monseñor Jorge Eduardo Lozano, obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, se reunió con los legisladores Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Socialismo), Virginia Linares y Cristina Calvo (GEN), Ricardo Alfonsín (UCR), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica-ARI), María Elena Barbagelatta (Socialismo), Humberto Tumini (Libres del Sur) para interiorizarse del conflicto de los Qom.
Los legisladores informaron al obispo sobre "el permanente hostigamiento y agresiones sufridos por la comunidad en el marco de una fuerte inseguridad y ausencia del Estado".
También hablaron sobre el reclamo por la devolución de sus tierras y la falta de documentación de identidad, que no los considera ciudadanos y les impide recibir los beneficios universales fijados por los distintos niveles de gobierno, informó la Conferencia Episcopal Argentina.
Fue abordado el tema de "la falta de reparación a las víctimas de la brutal represión policial, algunas de los cuales tienen heridas de gravedad y permanecen aislados".
También trataron "la carencia de asistencia sanitaria agravada por la falta de un intérprete que ayude en la comunicación y el intento de perjudicar y apartar de la comunidad al cacique Félix Díaz quitándole todo tipo de asistencia".
Donda agradeció "enormemente a la Iglesia y a la Pastoral Social" y señaló que "la comunidad Qom de La Primavera en Formosa y muchas otras sufren hambre, desnutrición y abandono".
En tanto, Prat Gay expresó que "en la Argentina no solamente están desprotegidos los Qom, hay más de un millón de personas en esa condición. La Iglesia tiene una función subsidiaria del Estado porque independientemente de las cuestiones jurídicas, hay que hacer un trabajo humanitario".
Para Alfonsín, "es necesario el acompañamiento social a la cuestión aborigen. Como sociedad tenemos que manifestarnos de manera más inclusiva".
Monseñor Lozano sostuvo que "uno de los problemas más acuciantes para resolver es la extrema pobreza en la que viven estas comunidades aborígenes".
Por la disputa, ya la Corte realizó una audiencia conciliatoria en marzo de 2012, tras la represión contra los integrantes de la comunidad el 23 de diciembre de 2010 en el que murieron uno de sus miembros (Roberto López) y el policía de la provincia Heber Falcón.