En la Dirección General de Rentas (DGR) de la Provincia la situación entre trabajadores y autoridades pende de un hilo. Desde el viernes pasado, los empleados nucleados en tres gremios y una comisión, están en estado de asamblea y movilización, por lo tanto, en el organismo oficial no hay actividad.
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En la Dirección General de Rentas (DGR) de la Provincia la situación entre trabajadores y autoridades pende de un hilo. Desde el viernes pasado, los empleados nucleados en tres gremios y una comisión, están en estado de asamblea y movilización, por lo tanto, en el organismo oficial no hay actividad.
Los trabajadores exigen el cumplimiento de un acta acuerdo celebrada a fines de 2012 y homologada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia a principios de este año y que el director del organismo, Diego Dorigato, “se niega a respetar”. Por esta razón, afirmaron, el lunes no habrá actividad en el edificio de Rentas entre las 10 y las 14
El acuerdo, rubricado el 29 de octubre del año pasado por la representación gremial y el Poder Ejecutivo, otorgaba a los empleados, en concepto de productividad, el 2,5% del interanual del fondo estímulo, que es la diferencia en la recaudación del organismo entre un año y el siguiente.
Según denuncian desde la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial de Salta (ATAP), el director de Rentas, Diego Dorigato, no respetó el acuerdo y no permite que se cumpla. En cambio les informó, según relataron a El Tribuno, que el acta acuerdo alcanzada internamente y homologada por Trabajo será girada a la Cámara de Diputados de la Provincia para su análisis, modificación en caso de ser necesario, y aprobación como ley. “Dorigato tiene un concepto equivocado de vergenza administrativo-
jurídico”, señalaron a este medio Miguel Rojo y Sergio Zamboni, secretario general y adjunto respectivamente de la ATAP.
“La resolución es acto administrativo legal emanado de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, órgano competente y, por lo tanto, tal instrumento tiene fuerza obligatoria igual que un contrato administrativo o una ley, en razón de haber sido acordado en un proceso de conciliación obligatoria y esencialmente según la ley 14.786 (de resolución de conflictos colectivos de trabajo) y concordantes, que fueron invocadas por la misma Secretaría de Trabajo”, aseguró Rojo.
Por su parte, y para reforzar el concepto, Zamboni afirmó: “los artículos 77, 78 y 79 de la Ley 5.348 (de procedimientos administrativos) otorgan la presunción de legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad a dicho acto administrativo regular y su cumplimiento es exigible a partir de su notificación. Es una obligación de hacer, no una promesa”.
“Esta situación llevó a que, el 7 de mayo pasado y acompañados por los gremios ATE, UPCN y la CFE (Comisión de Fondo Estímulo), le solicitemos a la Secretaría de Trabajo que, como autoridad de aplicación, haga cumplir el acuerdo homologado en un plazo de cinco días, sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna medida con ese propósito”, destacó Rojo.
El secretario general de ATAP agregó que por esa razón dieron por concluida la instancia conciliatoria y, el viernes último, decidieron realizar asambleas y movilización en la sede de calles Caseros, Balcarce y España hasta el día 30 de mayo inclusive. “Las medidas se mantendrán hasta conocer respuestas concretas del Gobierno provincial en torno al acuerdo no respetado”, sentenció.