La Cámara Federal porteña ordenó hoy reabrir una causa contra Alejandra Gils Carbó por nombramientos irregulares de fiscales ad hoc o subrogantes, en tanto que un fiscal pidió investigar a la Procuradora General de
la Nación y al juez federal Sebastián Casanello por el supuesto encubrimiento del empresario Lázaro Báez en la investigación por lavado de dinero.
La decisión de reabrir la causa contra Gils Carbó fue resuelta por la Sala I de la Cámara Federal al revocar una decisión del juez federal Casanello, quien había considerado que los nombramientos de la Procuradora no constituían delito, y es en el marco de una denuncia realizada por el senador de la UCR Mario Cimadevilla.
Casanello había archivado la denuncia pese a que el fiscal federal Guillermo Marijuan había impulsado una investigación, en la que a Gils Carbó se le achacaba el nombramiento irregular de varios subrogantes o ad hoc.
El más cuestionado es el de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de que en una primera intervención en la causa por lavado de dinero decidió no imputar al empresario Lázaro Báez.
Al mantener la apelación de Marijuan, el fiscal de Cámara Germán Moldes consideró que se debían llevar a cabo una
investigación y criticó que Casanello la haya archivado sin antes practicar ninguna medida.
Por otra parte, el fiscal federal Gerardo Di Massi imputó a Gils Carbó y al juez Casanello en el marco de una denuncia que hizo la diputada Elisa Carrió, quien acusó a la jefa de los fiscales y al magistrado de encubrir a Báez en la investigación por lavado de dinero.
La denuncia de Carrió contra Casanello sobrevino luego que éste se negara a practicar un allanamiento pedido por Marijuan de una baulera en la localidad bonaerense del Tigre, en donde se sospecha se ocultó documentación de "La Rosadita", la financiera de Puerto Madero vinculada al caso de lavado de dinero.
Además, le reprochó el haberse declarado incompetente en investigar la denuncia que ella hizo por la existencia de una supuesta bóveda en la chacra de Báez en Río Gallegos, la que giró en principio a Santa Cruz.
Asimismo, la acusación que hizo Carrió contra Gils Carbó y Gonella es por la intervención que tuvo el Ministerio Público al comienzo de la investigación contra Báez.
Di Massi le pidió al juzgado federal Marcelo Martínez Di Giorgi que requiera copia de la causa por lavado de dinero que tiene a cargo Casanello.
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La Cámara Federal porteña ordenó hoy reabrir una causa contra Alejandra Gils Carbó por nombramientos irregulares de fiscales ad hoc o subrogantes, en tanto que un fiscal pidió investigar a la Procuradora General de
la Nación y al juez federal Sebastián Casanello por el supuesto encubrimiento del empresario Lázaro Báez en la investigación por lavado de dinero.
La decisión de reabrir la causa contra Gils Carbó fue resuelta por la Sala I de la Cámara Federal al revocar una decisión del juez federal Casanello, quien había considerado que los nombramientos de la Procuradora no constituían delito, y es en el marco de una denuncia realizada por el senador de la UCR Mario Cimadevilla.
Casanello había archivado la denuncia pese a que el fiscal federal Guillermo Marijuan había impulsado una investigación, en la que a Gils Carbó se le achacaba el nombramiento irregular de varios subrogantes o ad hoc.
El más cuestionado es el de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de que en una primera intervención en la causa por lavado de dinero decidió no imputar al empresario Lázaro Báez.
Al mantener la apelación de Marijuan, el fiscal de Cámara Germán Moldes consideró que se debían llevar a cabo una
investigación y criticó que Casanello la haya archivado sin antes practicar ninguna medida.
Por otra parte, el fiscal federal Gerardo Di Massi imputó a Gils Carbó y al juez Casanello en el marco de una denuncia que hizo la diputada Elisa Carrió, quien acusó a la jefa de los fiscales y al magistrado de encubrir a Báez en la investigación por lavado de dinero.
La denuncia de Carrió contra Casanello sobrevino luego que éste se negara a practicar un allanamiento pedido por Marijuan de una baulera en la localidad bonaerense del Tigre, en donde se sospecha se ocultó documentación de "La Rosadita", la financiera de Puerto Madero vinculada al caso de lavado de dinero.
Además, le reprochó el haberse declarado incompetente en investigar la denuncia que ella hizo por la existencia de una supuesta bóveda en la chacra de Báez en Río Gallegos, la que giró en principio a Santa Cruz.
Asimismo, la acusación que hizo Carrió contra Gils Carbó y Gonella es por la intervención que tuvo el Ministerio Público al comienzo de la investigación contra Báez.
Di Massi le pidió al juzgado federal Marcelo Martínez Di Giorgi que requiera copia de la causa por lavado de dinero que tiene a cargo Casanello.