En línea con una serie de medidas que viene tomando en los últimos meses por las fuertes acusaciones sobre lavado de dinero, el Gobierno decidió darle mayor poder a la Unidad de Información Financiera (UIF). Para ello decidió otorgarle a la oficina encargada de la investigación contra el lavado de dinero el rango y jerarquía de Secretaría de Estado.
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En línea con una serie de medidas que viene tomando en los últimos meses por las fuertes acusaciones sobre lavado de dinero, el Gobierno decidió darle mayor poder a la Unidad de Información Financiera (UIF). Para ello decidió otorgarle a la oficina encargada de la investigación contra el lavado de dinero el rango y jerarquía de Secretaría de Estado.
Por otra parte, mediante el decreto 469/2013 establece la ampliación de la estructura de la UIF con la creación de seis nuevas direcciones cuyos titulares deberán ser designados por el presidente de la unidad José Sbatella en un plazo de 90 días, previa intervención de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de ministros. Estas modificaciones se suman a las dispuestas en febrero pasado, cuando mediante una resolución de la propia UIF se estableció que el organismo será el “canal exclusivo de intercambio de información” sobre “lavado de activos y financiación del terrorismo”. Según la norma, la unidad pasará a integrar datos provenientes del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación. A esas instituciones se sumarán, según dispuso aquella resolución, “los organismos que cumplan funciones similares a los mencionados en otros países, las unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros”, de acuerdo con el texto oficial.
Se trata de una regulación en sintonía con el plan de seducción que despliega la UIF ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).