La crisis política en Brasil se extiende y las protestas se reproducen entre diversas ciudades. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó ayer que “la voz de la calle tiene que ser escuchada” y dijo que las multitudes que han salido a protestar en demanda de mejores servicios han “enviado un mensaje directo a los gobernantes”.
Las protestas comenzaron en San Pablo por el aumento, pequeño, del precio del transporte público, y se extendieron luego a Río de Janeiro y Brasilia, donde la presidenta fue silbada por 50.000 personas en el acto de la inauguración de la Copa Confederaciones el sábado pasado.
Pese a episodios violentos aislados durante las manifestaciones, que se realizaron en decenas de ciudades y en las que se calcula que participaron unas 250.000 personas, Rousseff sostuvo que las protestas “demuestran el valor de la democracia” y revelan que “los ciudadanos están en la búsqueda de sus derechos”.
En sus primeras declaraciones públicas sobre las protestas que desde casi diez días se expanden por el país, la jefa de Estado condenó los episodios de violencia, pero destacó que la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron pacíficamente.
Valoró el “espíritu pacífico de las personas que fueron a las calles democráticamente” en una movilización que “supera los mecanismos tradicionales de las instituciones, partidos políticos o sindicatos”.
Según Rousseff, “las manifestaciones comprueban la grandeza de nuestra democracia y el civismo de nuestra población” y suponen “un mensaje directo a los gobernantes en todas las instancias”.
Las demandas de la población “por ciudadanía, mejores escuelas, hospitales, transporte público de calidad y a un precio justo, por el derecho a influir en las decisiones de los Gobiernos, en repudio de la corrupción y el desvío de dinero público, comprueba el valor intrínseco de la democracia”, afirmó.
Rousseff recordó que para su generación protestas así eran impensables, porque ella misma sufrió prisión y tortura durante la dictadura.
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La crisis política en Brasil se extiende y las protestas se reproducen entre diversas ciudades. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó ayer que “la voz de la calle tiene que ser escuchada” y dijo que las multitudes que han salido a protestar en demanda de mejores servicios han “enviado un mensaje directo a los gobernantes”.
Las protestas comenzaron en San Pablo por el aumento, pequeño, del precio del transporte público, y se extendieron luego a Río de Janeiro y Brasilia, donde la presidenta fue silbada por 50.000 personas en el acto de la inauguración de la Copa Confederaciones el sábado pasado.
Pese a episodios violentos aislados durante las manifestaciones, que se realizaron en decenas de ciudades y en las que se calcula que participaron unas 250.000 personas, Rousseff sostuvo que las protestas “demuestran el valor de la democracia” y revelan que “los ciudadanos están en la búsqueda de sus derechos”.
En sus primeras declaraciones públicas sobre las protestas que desde casi diez días se expanden por el país, la jefa de Estado condenó los episodios de violencia, pero destacó que la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron pacíficamente.
Valoró el “espíritu pacífico de las personas que fueron a las calles democráticamente” en una movilización que “supera los mecanismos tradicionales de las instituciones, partidos políticos o sindicatos”.
Según Rousseff, “las manifestaciones comprueban la grandeza de nuestra democracia y el civismo de nuestra población” y suponen “un mensaje directo a los gobernantes en todas las instancias”.
Las demandas de la población “por ciudadanía, mejores escuelas, hospitales, transporte público de calidad y a un precio justo, por el derecho a influir en las decisiones de los Gobiernos, en repudio de la corrupción y el desvío de dinero público, comprueba el valor intrínseco de la democracia”, afirmó.
Rousseff recordó que para su generación protestas así eran impensables, porque ella misma sufrió prisión y tortura durante la dictadura.
La opinión
La clase media pide más servicios
Por Eduardo Davis, analista de la agencia Efe
Las protestas que han sacudido a Brasil en la última semana han revelado un malestar social hasta ahora sumergido, que responde a demandas insatisfechas de una sociedad que exige mucho más que poder de consumo. Unas 250.000 personas ocuparon las calles el lunes en 20 ciudades para expresar su disconformidad con el alza del precio del transporte y el gasto público en la Copa Confederaciones.
Pero también reclamaron por la pésima calidad de los servicios, la corrupción, la inflación, la violencia policial y un sinnúmero de asuntos que desvelan un profundo malestar. El “otoño brasileño” ha sorprendido al Gobierno y a los analistas en un país que en los últimos años ha sido considerado modelo de paz social y de planes de erradicación de la miseria, distribución de renta y políticas públicas volcadas a los más pobres.
Desde 2003 unos 40 millones de personas han salido de la pobreza y pasaron a integrar una clase media que “tiene nuevas demandas y no se conforma con consumir”. Esa franja es el 54 % de la población y carece de servicios públicos de calidad, sea en el ámbito de salud, educación o el transporte.