Pablo Macarón es un abogado salteño que se recibió en el año 2000 por la Universidad Nacional de Tucumán. Apenas concluida su carrera volvió a su lugar, Orán, donde comenzó a trabajar, convocado por el obispo del pueblo, en la defensa de las comunidades indígenas que estaban siendo desalojadas por empresas de la zona.
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Pablo Macarón es un abogado salteño que se recibió en el año 2000 por la Universidad Nacional de Tucumán. Apenas concluida su carrera volvió a su lugar, Orán, donde comenzó a trabajar, convocado por el obispo del pueblo, en la defensa de las comunidades indígenas que estaban siendo desalojadas por empresas de la zona.
A partir de allí, hace ya 13 años, forma parte de la pastoral aborigen para brindar asesoramiento a numerosas comunidades del norte provincial, uno de los sectores del país con más conflictos de este tipo.
Su labor inspiró la elaboración de una tesis doctoral titulada “Derecho de propiedad ancestral de los pueblos indígenas”, con la ambiciosa y valiosa pretensión de contribuir con su texto al ejercicio de otros profesionales que tienen casos en los que hay disputas por tierras y que involucran a aborígenes y particulares. Macarón, cuando comenzó a trabajar en ese tipo de casos, notó que no había material bibliográfico jurisprudencial suficiente para poder fundamentar los planteos judiciales.
Macarón también se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Tucumán, trabaja para la Pastoral Aborigen del Obispado de Orán y del Arzobispado de Salta.
En una extensa entrevista concedida a El Tribuno, el letrado desarrolló algunos de los conceptos centrales de ese trabajo y habló sobre la necesidad y urgencia de avanzar en materia jurídica sobre el derecho de los aborígenes en pos de un genuino reconocimiento de estas comunidades y de la paz social.
Es el autor de la única tesis doctoral sobre derecho de propiedad indígena. ¿Cómo resumiría el abordaje de ese trabajo?
La idea de la tesis es armonizar el derecho de propiedad indígena con el respeto a la propiedad privada, proyectando soluciones que contemplen ambos intereses sin perjudicar a ninguno de los actores en la contienda y, con ello, ponderar la paz social, tan afectada en esta materia.
El motivo por el cual me decidí a elaborar este trabajo es porque no había una obra jurídica que pudiera servir a los abogados, a los jueces y a los fiscales como herramienta para poder fundamentar sus trabajos y resolver los fallos.
¿Cómo se articulan actualmente los conceptos de propiedad privada y propiedad indígena en materia jurídica?
La Constitución Nacional y el Tratado Internacional han incorporado al ordenamiento jurídico un plexo normativo que se refiere a la protección de la propiedad indígena. Lamentablemente el cumplimiento de esta normativa que hace que deba reconocerse la propiedad indígena a los pueblos originarios muchas veces se encuentra en pugna con la propiedad privada, igualmente tutelada por la Constitución Nacional y por tratados internacionales frente a una colisión de intereses. Considero que el derecho de propiedad indígena debe primar en el sentido de que debe reconocerse la propiedad indígena, pero que ese reconocimiento no puede bajo ningún punto de vista perjudicar a los particulares, ni avasallar derechos reconocidos, también de propiedad, a personas que no son indígenas.
¿Cómo puede dárseles respuesta y justicia a ambos sectores?
Frente a esa colisión de intereses la única forma de dar respuesta a ambos derechos tutelados por la Constitución es que el Estado Nacional indemnice a los particulares que se ven afectados en sus derechos. Si del relevamiento que se realiza surge que las comunidades indígenas están en propiedad privada, el Estado debe proceder a la compra de esas tierras o valorar la conveniencia de expropiarlas. Si no se toma ninguna de esas medidas no se puede reconocer el derecho indígena porque se estarían avasallando otros derechos de la propiedad privada.
¿Cómo procede el Estado hoy?
Hoy por hoy se deja que el conflicto y las luchas se produzcan entre el particular y la comunidad indígena. Eso trae gran inseguridad jurídica y atenta contra la paz social. Vemos casos de mucha violencia, como los Qom en Chaco donde ya hubo un asesinato. Ese conflicto social se traduce a una batalla por las tierras. Una batalla violenta por las tierras, muchas veces con armas y que se vuelve una desgastante lucha, de muchos años.
Igualmente, están haciéndose los relevamientos para ver qué tierras son indígenas y tratar de hacer el reconocimiento de las comunidades. Pero si ese relevamiento se hace en forma imprudente nunca habrá una resolución segura. Muchas veces los relevamientos se realizan sobre extensiones de tierra de grandes magnitudes en las que hay muchas propiedades privadas.
¿Cuáles son los derechos de los aborígenes que están siendo violados?
El derecho a la tierra es el más importante porque conforme a la cultura indígena, la tierra comprende todos los derechos de estas comunidades. Si no contamos con el derecho a la tierra no se puede hablar de cultura indígena, de biodiversidad, de educación bilinge, de pluriculturalidad, de la religión indígena. Sin tierra, las comunidades indígenas no van a poder hacer valer ninguno de los tantos otros derechos que se reconocen.
Uno de los aspectos es ver quién es indígena y quien no. Porque también existen y hemos presenciado casos en los que personas bajo el manto del indigenismo pretenden ser consideradas como indígenas y obtener ventajas de las leyes que le otorgan la propiedad indígena de las tierras. Eso termina causando un grave perjuicio a los verdaderos legitimados del derecho que son las personas de las comunidades indígenas.
¿Saben las personas de las comunidades aborígenes cuáles son los derechos que no se les están respetando?
Lo que ha caracterizado a las comunidades indígenas durante muchos años es el desconocimiento de las normas que hacen a sus derechos. Antiguamente, desde el 85 para atrás, no habían normas que tutelen el derecho indígena como si las hay hoy. Por supuesto hay muchos intereses que tienen que ver con el tema de la tierra referido a la agricultura y a la minería, que pueden resultar en una confrontación con los intereses y derechos de los indígenas. Eso tiene que ver con la pasividad que tiene hoy el Estado al reconocer muchos derechos, por no cumplimentar los procedimientos que tiendan al verdadero reconocimiento. Creo que el Estado tiene una política hoy que si no es de negación es, al menos, de dilación del reconocimiento. Y sí, aún hay muchos casos de abuso a sus derechos.
¿Desde el Estado, el discurso es completamente distinto?
Nosotros desde la Pastoral hemos tomado una postura en la que demandamos no al particular que figura como el dueño de la tierra, sino al Estado para que éste reconozca y entregue los títulos de las comunidades indígenas; y si hay que comprar las tierras a particulares o indemnizarlos, lo haga. Tengo conocimiento de varios juicios en los que el Estado no ha dado ningún tipo de respuesta más que plantear excepciones. Hoy no cumple con la normativa y genera conflictos porque reconoce los derechos a recuperar grandes extensiones de tierra donde hay particulares, pero por otro lado no cumple con los plazos razonables de los procedimientos para que haya paz social y seguridad jurídica.
Es un tema sensible porque atañe a la idiosincrasia, las costumbres, la cultura de cada comunidad...
Hay dos cuestiones centrales: primero la innegable necesidad de reparación histórica, por todos los atropellos que han vivido las comunidades indígenas a lo largo de la historia, hasta la actualidad, como la Batalla del Desierto, la conquista del Chaco, el traslado de los indios de las Ruinas de Quilmes... El segundo motivo por el que se quiere proteger a las comunidades indígenas es porque como política de Estado se ha decidido mantener su cultura, en tanto Estado pluriétnico, multicultural. A la vez, toda esta cultura no puede superponerse frente a otros derechos reconocidos por la Constitución.
Esto es contemplar que hay culturas diferentes conviviendo territorialmente, pero que la ley es una...
Es así. Y a mí me gustaría hablar de la ignorancia que hay sobre los indígenas en distintos sectores como el jurídico, el del periodismo, entre otros. Es una ignorancia por falta de educación, aún en sectores que pueden ser muy cultos en otros aspectos. Por eso es que en el trabajo propongo la creación de una cátedra de derechos indígenas en las universidades del norte. De esa forma se divulgará el conocimiento, las normas, los antecedentes existentes y los precedentes judiciales.
La mayor población indígena se encuentra en nuestra región...
Según un estudio del Conicet, más del 56% de los habitantes argentinos tienen genes indígenas. La mayor población indígena está en Salta, Jujuy, Chaco, Formosa y la Patagonia. La mayor cantidad de conflictos sociales están en el norte de Salta porque es donde todavía no se ha avanzado tanto sobre las comunidades indígenas.
En el marco de la educación pública, ¿qué ocurre con la enseñanza bilinge en pos de la inclusión?
Las leyes nacionales prevén que debe existir la educación bilinge en las comunidades indígenas, para preservar la lengua nativa que es parte de la cultura. Hay escuelas bilinges, pero muy pocas. Ese es un derecho que le estamos debiendo a las comunidades aborígenes.
¿Queda mucho por trabajar en materia jurídica para que el reconocimiento sea genuino?
Absolutamente. El tema es que se respeten todos los intereses. Propiedad aborigen y propiedad privada. Y no me refiero solo a los grandes terratenientes, sino también a personas que no son indígenas pero sí campesinos que viven en esos espacios. Como dice Alterini, “la seguridad jurídica mejora matemáticamente la calidad de vida de las personas”.