Frenar la instalación de una empresa productora de nitrato de amonio para “salvar a los pueblos del interior de la contaminación ambiental” es la consigna que movilizó ayer a unas 200 personas que marcharon por la plaza 9 de Julio. Desde El Galpón, Metán, El Tunal y Joaquín V. González arribaron unos 70 autoconvocados que se oponen a que la empresa Austin Powder se instale en un predio en la localidad de El Galpón. Sostienen que una fábrica de nitrato de amonio implica un riesgo para la vida y salud de los habitantes por el nivel de contaminación que genera. Afirman, incluso, que transportar esa sustancia, que se utiliza para explosiones mineras, representa un peligro por su potencial destructivo.
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Frenar la instalación de una empresa productora de nitrato de amonio para “salvar a los pueblos del interior de la contaminación ambiental” es la consigna que movilizó ayer a unas 200 personas que marcharon por la plaza 9 de Julio. Desde El Galpón, Metán, El Tunal y Joaquín V. González arribaron unos 70 autoconvocados que se oponen a que la empresa Austin Powder se instale en un predio en la localidad de El Galpón. Sostienen que una fábrica de nitrato de amonio implica un riesgo para la vida y salud de los habitantes por el nivel de contaminación que genera. Afirman, incluso, que transportar esa sustancia, que se utiliza para explosiones mineras, representa un peligro por su potencial destructivo.
Si bien no pudieron llegar todos, alrededor de 35 de los que venían fueron demorados en Cabeza de Buey.
En la plaza principal de la ciudad los esperaban distintas agrupaciones como la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Partido Obrero, entre otros. Juntos marcharon con duras críticas al Gobierno y a la empresa extranjera. Denunciaron complicidades entre ambos. Las principales quejas apuntaron a presuntas irregularidades en el procedimiento para instalarse y que fueron convalidadas por el Ejecutivo a contramano de los habitantes de la zona. “La empresa nos quiere agarrar como basurero nuclear. Toda la contaminación que generará nos va a matar. Pretende usar 58 millones de litros de nuestra agua por día”, contó Graciela, una manifestante oriunda de El Galpón.
Alicia Salazar, secretaria del Club de Pesca Las Tienditas, llegó desde Metán para denunciar que los estudios de impacto ambiental que realizaron profesionales a pedido de ellos arrojan resultados catastróficos para la población de la zona.
“Nuestra función es defender el futuro de nuestros hijos y nietos. Sospechamos fuertemente que detrás de esto hay negociados muy fuertes. Queremos que esta empresa se vaya ya mismo de El Galpón”, expresó con enojo la mujer.
Los autoconvocados denuncian que el estudio de impacto ambiental que la empresa realizó incurre en irregularidades y omite información seria. Por este motivo piden que el Gobierno tome intervención y controle los procedimientos administrativos de habilitación para compañías que generan impacto en el medio ambiente.
“El nitrato de amonio se utiliza para la producción de explosivos. El 85% de la producción de la empresa va a ser de nitrato de amonio, el 15% restante, de fertilizantes. Van a dañar nuestras napas freáticas, el dique El Tunal y la vegetación”, explicó otro de los manifestantes.
“El gobernador nos dijo que va a hacer lo que el pueblo quiera. Ya vemos cómo nos escuchó”, dijo Alicia.
“Escuchen al pueblo”
La exjueza de la Corte de Justicia de la Provincia y especialista en materia ambiental, Cristina Garros Martínez, consideró que el impacto sobre la población se dará porque es una “planta traída de otro país sin la verificación técnica suficiente. Hay maquinarias usadas que pueden generar una explosión como ocurrió en Francia”.
Garros Martínez sostuvo que la cantidad de agua que la compañía va a utilizar es grande y va a estar destinada al consumo de la fábrica solamente.
Criticó la falta de realización de una audiencia pública donde los vecinos hubieren expresado los motivos por los que se oponen a la instalación de la empresa de nitrato de amonio.
Consideró que el “Estado tiene mucha culpa porque hay legislación vigente. Por eso, que no digan que se trata del desarrollo del pueblo porque hay mucha gente que puede quedar afectada”.