Desconocimiento y falta de respuestas. Para el Gobierno salteño, un niño puede comer por $2,40 en los comedores comunitarios según el relato de los propios voluntarios que sufren día a día el tener que cocinar a casi 15 mil niños con esa significante suma. Sin embargo, sorpresivamente, el ministro de Finanzas, Carlos Parodi reconoció desconocer la cifra que se destina para esto desde el Estado provincial.
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Desconocimiento y falta de respuestas. Para el Gobierno salteño, un niño puede comer por $2,40 en los comedores comunitarios según el relato de los propios voluntarios que sufren día a día el tener que cocinar a casi 15 mil niños con esa significante suma. Sin embargo, sorpresivamente, el ministro de Finanzas, Carlos Parodi reconoció desconocer la cifra que se destina para esto desde el Estado provincial.
Tal como consignó esta semana El Tribuno, existen en Salta 161 comedores y 14.431 niños que asisten diariamente a los comedores según la Secretaría de Asistencia Crítica, dependiente del ministerio de Derechos Humanos.
La dramática radiografía en Salta tomó repercusión nacional y muchos medios se hicieron eco de la preocupante situación en la provincia.
Dicho monto, el cual resulta insignificante teniendo en cuenta la inflación no se actualiza desde 2012, lo que provocó una situación mucho más compleja aún en los comedores de la provincia.
Pero la respuesta del gobierno provincial no fue convincente. Ante esta situación, la respuesta del responsable de las finanzas en Salta dejó sin palabras a más de uno: admitió desconocer lo que el Estado provincial destina para los chicos.
Sin embargo, más adelante Parodi intentó minimizar la situación afirmando que los comedores reciben fondos de los municipios.
Así es que, ante la ausencia y la falta de respuestas del gobierno, los comedores comunitarios se rodean de solidaridad pero muchas veces los voluntarios se ven desbordados por el empeoramiento de la situación social en la provincia.
Muchas son las veces que los vecinos acercan mercadería a los comedores y en otros casos los almaceneros fían a los voluntarios.
Pero la solidaridad no alcanza y no corresponde. La obligación es del Estado.