Con una presentación realizada al procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, la diputada Virginia Cornejo solicitó que se investiguen presuntos delitos de acción pública que involucran a las 39 hectáreas que serán expropiadas a la sucesión de Celestino Burgos en el sur de la capital salteña.
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Con una presentación realizada al procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, la diputada Virginia Cornejo solicitó que se investiguen presuntos delitos de acción pública que involucran a las 39 hectáreas que serán expropiadas a la sucesión de Celestino Burgos en el sur de la capital salteña.
En barrios de la zona denunciaron que supuestos intermediarios empezaron a ofrecer lotes fiscales por valores de $5.000 a $10.000 en las inmediaciones del hipermercado Libertad. También manifestaron que allí el subsecretario de Tierra y Hábitat, Diego Barreto, habría prometido parcelas a vecinos que aceptaran viajar a Buenos Aires, con gastos pagos, para asistir al acto que encabezó la presidenta Cristina Fernández el sábado 25 de mayo.
El pasado 23 de mayo, en declaraciones a FM Capital, una jefa de familia del barrio Scalabrini Ortiz, cuyo nombre de pila es Noemí, señaló que el ofrecimiento clientelar de lotes se hizo en reuniones vecinales.
Noemí también afirmó tener constancias de invitaciones que el funcionario envió a vecinos del lugar, por mensajes de texto, para que concurran ese jueves, por la mañana, a las oficinas de Tierra y Hábitat.
David Moya, un dirigente de San Remo involucrado en las denuncias, reconoció haber organizado reuniones con vecinos de la zona, pero negó que en esos encuentros se hicieran ofrecimientos de lotes fiscales.
La legisladora que pidió la intervención del Ministerio Público hizo notar que los antecedentes del caso “ponen en evidencia la posibilidad de que estemos ante la comisión de delitos de acción pública por parte de funcionarios de la Provincia”. Cornejo pidió investigar, puntualmente, una presunta defraudación con las tierras que aún pertenecen a la sucesión Burgos, ya que aún no se sustanció el juicio expropiatorio habilitado por la ley que declaró esas 39 hectáreas de interés público a fines de 2012.
Entre las medidas de prueba, se pidió al Ministerio Público que requiera los audios de las declaraciones realizadas por la vecina de Scalabrini Ortiz el día 23 de mayo y por el dirigente de San Remo al día siguiente. “Las conductas que denunciamos ante el Procurador ponen en evidencia que se están ignorando los derechos urbanos de los habitantes de Scalabrini Ortiz, San Remo, Rosario de San Nicolás y otros barrios de la zona, como así también que hay funcionarios que no tienen ningún pudor en violar las leyes y reglamentos de urbanización cuyo estricto cumplimiento exigen en otras circunstancias”, acotó Cornejo.