El viernes pasado por la noche se iniciaba el fin de semana, días en que los funcionarios que deben dar soluciones apagan sus celulares, y Karina Roselos (35), sus seis hijos menores -uno de ellos discapacitado- y dos nietos quedaron “ahora sí en situación de calle”. Karina llamó a El Tribuno para contar que “me están sacando las cosas de la cancha porque los changos la necesitan para jugar”. Ese no fue el primer desalojo que vivió: el jueves 16 de mayo la forzaron a salir del terreno que ocupaba hacía 15 años en el barrio 17 de Octubre. Ese lote había sido comprado por Silvia Chaparro a Celedón Construcciones en 1997. La pareja Orozco-
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El viernes pasado por la noche se iniciaba el fin de semana, días en que los funcionarios que deben dar soluciones apagan sus celulares, y Karina Roselos (35), sus seis hijos menores -uno de ellos discapacitado- y dos nietos quedaron “ahora sí en situación de calle”. Karina llamó a El Tribuno para contar que “me están sacando las cosas de la cancha porque los changos la necesitan para jugar”. Ese no fue el primer desalojo que vivió: el jueves 16 de mayo la forzaron a salir del terreno que ocupaba hacía 15 años en el barrio 17 de Octubre. Ese lote había sido comprado por Silvia Chaparro a Celedón Construcciones en 1997. La pareja Orozco-
Roselos lo ocupó en 2000 y por ello fueron procesados por el delito de usurpación. Sin embargo, ese lote fue incluido en una ley de expropiación de la Provincia, la 7.296, con el fin de promover el acceso de los sectores de menores recursos a una vivienda y “adjudicarse en venta a sus actuales ocupantes”. De esta manera, una vez cumplido el desalojo, la Provincia de Salta y el Ministerio de Derechos Humanos presentaron un pedido de advocamiento porque entendieron que el juez de Instrucción Formal de Sexta Nominación, José María Alvarado Solá, había actuado de manera irregular al ordenar el desalojo de la familia Orzco-Roselos porque la despojó de un terreno expropiado. Incluso la ministra de Justicia, María Inés Diez, había solicitado un jury de enjuiciamiento a Alvarado Solá “por su evidente apartamiento de la ley y una invasión indebida en el ámbito de competencias propias del Poder Legislativo”.
El secretario de Derechos Humanos, Pablo Alavila, explicó a El Tribuno que pidieron la intervención de la Corte en el expediente “a los fines de evitar que la causa se dilate en el tiempo y que adopte una decisión sobre si se hizo bien el desalojo o hay que restituirle el bien a la Provincia y esta devolverle el terreno a la familia Orozco. La causa se encuentra apelada en la Sala II del Tribunal de Impugnación y la expropiación como prueba en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
“Los de DDHH me dijeron que me quedara en la cancha hasta que salga la resolución de la Corte y que nadie me podía mover, pero la Policía no quiere intervenir”, lamentó Karina, en la calle con su familia.