El juez Correccional y de Garantías de Metán, Sebastián Fucho, ordenó ayer que los ambientalistas autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento, que desde el pasado 14 de mayo llevan adelante una protesta con acampe en El Galpón, permitan el paso de los vehículos y personal de la empresa Austin S.A., que realiza los trabajos previos para la instalación de una planta para producir nitrato de amonio.
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El juez Correccional y de Garantías de Metán, Sebastián Fucho, ordenó ayer que los ambientalistas autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento, que desde el pasado 14 de mayo llevan adelante una protesta con acampe en El Galpón, permitan el paso de los vehículos y personal de la empresa Austin S.A., que realiza los trabajos previos para la instalación de una planta para producir nitrato de amonio.
“Como lógica consecuencia de lo analizado es que se debe hacer lugar al cese de los actos turbatorios de la posesión que se están llevando a cabo en contra de la empresa, para lo cual deberá intimarse a los denunciados y a toda otra persona que se encuentre en el portón de acceso al predio rural ubicado en el kilómetro 653 de la ruta nacional 16, a que no pueden impedir el acceso de personas de la empresa denunciante, ni a sus dependientes ni sub contratistas, ni realizar actos que menoscaben el uso y goce pacífico de la propiedad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de ordenarse el inmediato desalojo del lugar”, señala la resolución del magistrado metanense.
La disposición es clara. Los manifestantes podrán permanecer en el lugar, pero sin impedir el acceso a la empresa a un predio de su propiedad.
“En relación con el derecho de peticionar a las autoridades de manera debida, se permitirá que los manifestantes permanezcan de manera pacífica en el lugar de reunión, sin cometer conductas antijurídicas”, argumentó el juez Fucho.
“Es oportuno aclarar que la presente medida cautelar es al solo efecto de que la empresa Nitratos Austin S.A. ingrese libremente al predio rural de su propiedad, sin que ello sea autorización para industria y/o actividad alguna, ya que ello no es competencia del proveyente”, aclaró el magistrado en la resolución.
Batalla legal
La Justicia Federal y Ordinaria de Salta intervienen en una verdadera “batalla” legal por la cuestionada instalación de la planta para producir nitrato de amonio en El Galpón. Desde hace casi dos meses vecinos autoconvocados de distintas localidades del sur provincial bloquean el acceso e impiden el ingreso de vehículos de la empresa Austin, en el kilómetro 653 de la ruta nacional 16, cerca del el pueblo de El Tunal, en el paraje El Lapacho. Aseguran que el emprendimiento va a ser altamente contaminante. En ese lugar la firma realizaba los trabajos previos para iniciar las construcciones.
Una de las causas está a cargo del juez Fucho, que se inició por una denuncia radicada por la empresa Austin, a través de su gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, Mariana Faccio, en la que se acusó a los manifestantes de una turbación de la posesión. En el caso intervino la fiscal Ana Inés Salinas, quien luego de analizar los antecedentes solicitó al magistrado el cese de la turbación y el reintegro de la posesión del inmueble a la firma. Por otra parte, existen otras denuncias cruzadas entre la empresa Austin y los autoconvocados en las que interviene la fiscal Susana Redondo Torino.
La suspensión del proyecto
El pasado seis del corriente, ante la dimensión que tomaron las sucesivas protestas y enfrentamientos en El Galpón por la instalación de Austin, la empresa decidió la suspensión “momentánea” del proyecto. Desde la compañía argumentaron la “falta de seguridad de los trabajadores” ante los supuestos ataques y grado de violencia de los autoconvocados ambientalistas.
Tres personas detenidas y una demorada fue el saldo que había dejado un nuevo episodio de la disputa entre los autoconvocados ambientalistas de El Galpón y la compañía Austin SA.
Según versiones de los vecinos autoconvocados, la empresa había entrado de manera clandestina a una propiedad privada de un vecino por lo que decidieron filmar la situación. La compañía, de acuerdo a su Departamento de Comunicación, contradijo la versión y afirmó que contaba con el permiso necesario para pasar por esa zona.
Ante esta situación, trabajadores de la empresa afirmaron haber sido amenazados de muerte con armas de fuego, versión que no fue corroborada por la policía de esa localidad.