Violenta. Así terminó la mañana en uno de los dos organismos que ayer se vieron envueltos en protestas por demandas sociales postergadas.
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Violenta. Así terminó la mañana en uno de los dos organismos que ayer se vieron envueltos en protestas por demandas sociales postergadas.
Con gases lacrimógenos, cachiporras, llanto, personas heridas y gritos desgarradores que reafirmaban el porqué del reclamo los militantes de la agrupación Tupac Amaru repetían: “Queremos viviendas!”. Mientras, en la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, los empleados, en estado de asamblea, denunciaban el pésimo estado edilicio de las oficinas donde trabajan.
Eran las 10 cuando un grupo de militantes de la agrupación Tupac Amaru se presentaron en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para solicitarle la construcción de 100 viviendas a través del Plan de Emergencia Habitacional. Es un pedido que acumula varios años y que ayer dejó un saldo de siete detenidos y los ánimos caldeados luego de que efectivos policiales reprimieran la protesta.
Había mujeres embarazadas, niños en brazos y algunos hombres entre el grupo que ayer reclamaba al Ejecutivo una solución al problema habitacional que golpea a los miembros de la agrupación.
El conflicto se suscitó luego de que los delegados de los tupamaros, Carlos y Valeria Guardo, se reunieran con el titular del organismo, Fernando Alessanco, y no obtuvieran respuestas. Con aplausos y silbidos, los tupamaros comenzaron a protestar dentro de las instalaciones, aunque no imaginaron que inmediatamente un cordón policial ingresaría al lugar para reprimirlos.
Alessanco les comunicó que el pedido no puede canalizarse a través del IPV, ya que el organismo no realiza convenios directos con cooperativas, tal como lo solicitaron. “Les expliqué que el IPV no hace convenios con cooperativas de manera directa. Los convenios se hacen con la Subsecretaría de la Vivienda de la Nación y con los municipios”, señaló a El Tribuno. Posteriormente les pidió que declinen la medida de fuerza, pero la protesta siguió.
Represión policial
La postura de los tupamaros era intransigente: se negaban a retirarse del establecimiento aunque no estaban generando disturbios. La excesiva presencia policial, indicaba que el desalojo era inminente.
“Estamos peleando por 100 viviendas hace muchos años. Queremos recalcar que somos todos salteños y que sólo queremos tener la posibilidad de vivir bien. A cambio, nos reprimen con golpes y palos. ¿Ese es el gobierno que dirige Urtubey? Nosotros no estaríamos aquí si nos dieran la posibilidad de tener la vida que nos merecemos sin tener que estar sufriendo hambre”, dijo la militante Cristina Arrieta.
En medio de la represión, varios periodistas locales, entre ellos uno de los fotógrafos de este matutino, recibieron golpes por parte de efectivos policiales, mientras hacían su trabajo.
Otro desorden
Los ánimos en la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, estuvieron un poco más calmados aunque el reclamo también lleva varios meses sin respuesta alguna. La muerte de cuatro trabajadores producto de una neumonía fue condición suficiente para que los empleados reclamaran con fuerza que se mejore el edificio donde trabajan y decretaran estado de asamblea. Cierto es que el edificio ubicado en la calle Alvear al 400, se encuentra muy deteriorado. Las paredes brotadas de humedad, ventanas rotas, mamparas sin vidrios, falta de calefacción y escaso lugar para la atención al público, son algunas de las fallas. Ayer, hoy y el viernes no atenderán al público.
El subsecretario de la cartera, Diego Barreto, manifestó que “el reclamo es legítimo por las condiciones en las que está el edificio. Pero las muertes que ocurrieron, cuatro en un año, no podemos decir que se deben a las condiciones en las que está la sede”. Informó que podrían mudarse a otro edificio ubicado en la calle Luis Burela.
MUJERES TUPAMARAS DENUNCIARON GOLPIZAS.
El enojo de Milagro Salas
Milagro Salas, referente nacional de la agrupación Tupac Amaru, manifestó en diálogo con El Tribuno su preocupación por lo ocurrido ayer en el IPV. Consideró que se trató de una represión contra los militantes que acudieron al organismo a realizar un legítimo pedido.
Salas, apuntó contra el mandatario provincial, Juan Manuel Urtubey: “El Gobierno de Urtubey tiene que solucionar los problemas. No puede reprimir a niños y mujeres. Las problemáticas no se solucionan de esa manera”, expresó la dirigente jujeña.
Se mostró conmovida por el hecho y concluyó: “Que Urtubey recuerde que vivimos en democracia”.
Quien arribó a Salta para prestar apoyo a los militantes salteños es Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Agrupación Tupac Amaru. Participó de la conferencia de prensa que la organización realizó ayer frente a la sede del IPV. “Nosotros pensábamos que estas cosas no existían desde el 2001. Fue una salvajada”.
Reclamó por los siete militantes detenidos y sobre quienes hasta ayer, no se conocía su situación procesal. “No sabemos ni de qué se los imputan”, dijo Garfagnini.
Por su parte, el titular del IPV, Fernando Alessanco, contó a El Tribuno que desde el organismo se realizará una denuncia contra la agrupación Tupac Amaru por los daños y disturbios que tuvieron lugar ayer, durante la manifestación. La denuncia será presentada ante la Comisaría quinta. Alessanco comentó que la conversación que mantuvo con los delegados tupamaros fue grabada y que será presentada como prueba del diálogo que mantuvo con los militantes.
EMPLEADOS DE TIERRA Y HABITAT PIDEN UNA SEDE NUEVA.
Un mal de muchos
El caos que se suscitó ayer en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) refleja una demanda que se encuentra presente en muchas familias salteñas.
La necesidad de una contar con una vivienda propia es un anhelo de poco más de 30.000 grupos familiares; aunque si se toma en cuenta la cantidad de casas que están en un estado de irrecuperabilidad, la demanda se duplica, y supera las 70.000 unidades necesarias. En el interior, la demanda habitacional también es un problema que afecta a la mayoría. Sobre todo, en los departamentos más poblados como General San Martín y Orán.
Una de las respuestas que el Gobierno de la Provincia otorgó al problema fue la construcción de módulos habitacionales. Son pequeñas casillas que poseen una habitación y un baño en un espacio de menos de 17 metros cuadrados.
En la ciudad, hay más de 200 de estos ubicados en la zona sudeste. Habitan allí -hacinadas- familias numerosas de escasos recursos.
Los asentamientos que bordean la periferia de la capital buscan una solución que les garantice condiciones de vida digna. Pero por los requisitos que hoy exige el IPV, no pueden aplicar en el organismo para recibir una vivienda social.