El jefe del Ejército no deja de recibir bombardeos con munición gruesa. Ayer, el fiscal federal Jorge Di Lello dictaminó que se debe impulsar una investigación penal sobre el comandante del Ejército, general César Milani, por el supuesto delito de “enriquecimiento ilícito”.
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El jefe del Ejército no deja de recibir bombardeos con munición gruesa. Ayer, el fiscal federal Jorge Di Lello dictaminó que se debe impulsar una investigación penal sobre el comandante del Ejército, general César Milani, por el supuesto delito de “enriquecimiento ilícito”.
El requerimiento del fiscal fue elevado al juez federal Daniel Rafecas, que tiene en sus manos las denuncias radicadas contra Milani por su patrimonio.
Según el programa político “Periodismo para todos” (PPT), Milani cobra un sueldo 15.000 pesos y, sin embargo, posee un lujoso chalet en el barrio La Horqueta, del partido de San Isidro, así como coches de alta gama y otros bienes.
Tras conocerse esa información, varios políticos de la oposición -Elisa Carrió, Fernando Solanas y Graciela Ocaña, entre otros- radicaron denuncias penales por el crecimiento económico de Milani.
Las presentaciones quedaron concentradas en Rafecas, un juez que asumió en el primer gobierno kirchnerista y, sin embargo, fue desplazado de la causa contra el vicepresidente Amado Boudou por supuestas irregularidades en la quiebra de la imprenta ex Ciccone Calcográfica.
En el programa PPT también se informó que Milani supuestamente actuó en el secuestro y desaparición de un soldado a sus órdenes, el conscripto Alberto Ledo, más las detenciones por causas políticas y torturas de Pedro Alan Olivera y su hijo Alfredo Ramón Olivera.
Aunque el jefe del Ejército negó cualquier relación con esos crímenes, en una entrevista publicada en un diario porteño, el Gobierno retiró el pliego de ascenso de Milani al grado de teniente general que había enviado al Senado.
Desde el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, hasta la Comisión Provincial de la Memoria, pasando por varios partidos opositores, han solicitado al Gobierno que releve a Milani de la jefatura del Ejército y lo pase a retiro.
Cabe destacar que el martes pasado, la presidenta Cristina de Kirchner defendió en cadena nacional la designación de Milani, también vinculado con la represión ilegal durante la última dictadura, y afirmó que no iba a permitir “ningún linchamiento mediático de quienes no les interesan los derechos humanos, sino solo hacer daño a un Gobierno” y ordenó a los senadores oficialistas que suspendieran el tratamiento del pliego de ascenso de Milani hasta después de las elecciones de octubre.
Comisión “antifuga” de represores
Luego de la fuga de dos represores, el Gobierno dispuso ayer la creación de una comisión de asesoramiento médico para evaluar el estado de salud de los procesados o condenados que estén internados o bajo tratamiento ambulatorio en dependencias de las Fuerzas Armadas, a fin de “evitar privilegios”.
El convenio fue firmaron por los ministros de Defensa, Agustín Rossi, de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y de Salud, Juan Manzur, tras la fuga del mayor (R) Jorge Olivera y el teniente (R) Gustavo De Marchi, prófugos desde el jueves pasado.
Alak subrayó que “esta medida se funda en la idea de que ningún privado de su libertad tenga algún tipo de privilegio”.
Tras la fuga, el Gobierno dispuso una recompensa de $2.000.000 para por cualquier información que determine la detención”.
Los datos
Según Graciela Ocaña, “Milani dice haber vivido 10 años con 300 mil pesos. No se lo puede creer ni un niño de 3 años”.
De todos modos, seguirá al frente del Ejército a pesar de que no cuente con el aval del Senado, que se hará a fin de año.