Con críticas al juez de la causa, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno apeló su procesamiento por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público al haber multado a la consultora Finsoport SA por realizar mediciones de precios en forma paralela al Indec. Alejandro Rúa, abogado defensor del funcionario, consideró que el fallo en contra de su cliente es “un aporte del juez Bonadío a la campaña electoral de (el candidato del Frente Renovador) Sergio Massa. El juez pertenece a la fundación Fepesna y si uno abre la página www.fepesna.org.ar encuentra una foto de Bonadío al lado de Massa en pleno proceso electoral”, acotó el letrado y dijo no tener ninguna duda de la intencionalidad política del juez.
Mediante un escrito presentado ayer por su abogado, Moreno calificó el procesamiento del juez federal Bonadío como “arbitrario” y pidió a la Cámara Federal revocar la medida. El defensor Alejandro Rúa consideró que por esa misma razón el funcionario ya había sido investigado en 2012 por el juez federal Julián Ercolini, por lo que no debería ser investigado por el mismo hecho; aseguró, además, en la presentación que la multa impuesta a las consultoras privadas fue “en el marco de la ley y con los procedimientos que fija al imponer las sanciones”.
Moreno fue procesado el martes pasado por el juez Bonadío, quien además le trabó un embargo sobre sus bienes por 50 mil pesos, como así también a otros dos funcionarios kirchneristas. Bonadío, a raíz de comparativos que estableció entre los índices de precios evaluados por la consultora Finsoport y por los que calculan varias provincias, sostuvo que los privados “hallan correlato con la realidad, extremo que a la luz de la información colectada es indiscutible”.
“Queda claro que la supuesta falta de seriedad técnica o de la cantidad de medios utilizados por las consultoras en general y de Finsoport SA en particular, de cara a la obtención del IPC o aún su deliberada falsedad se diluye ante lo concreto de la similitud de los guarismos inflacionarios comparados”, consideró el juez.
El magistrado señaló que esos guarismos “no pueden suponerse obtenidos mediante un proceso de simple adivinación sino con una técnica que, a la luz de sus resultados, permitió arribar a la paridad de resultados estadísticos antes establecida, aún teniendo en cuenta la necesaria diferencia de infraestructura que media entre una consultora privada y un ente público”.
La causa se inició tras una denuncia hecha por el economista Jorge Todesca, titular de Finsoport SA Economía y Finanzas, quien aseguró que fue víctima de “una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria, pretendiendo con ello disfrazar lo que consideraban la ejecución de un delito por un lado, y por el otro intentando acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos”.
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Con críticas al juez de la causa, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno apeló su procesamiento por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público al haber multado a la consultora Finsoport SA por realizar mediciones de precios en forma paralela al Indec. Alejandro Rúa, abogado defensor del funcionario, consideró que el fallo en contra de su cliente es “un aporte del juez Bonadío a la campaña electoral de (el candidato del Frente Renovador) Sergio Massa. El juez pertenece a la fundación Fepesna y si uno abre la página www.fepesna.org.ar encuentra una foto de Bonadío al lado de Massa en pleno proceso electoral”, acotó el letrado y dijo no tener ninguna duda de la intencionalidad política del juez.
Mediante un escrito presentado ayer por su abogado, Moreno calificó el procesamiento del juez federal Bonadío como “arbitrario” y pidió a la Cámara Federal revocar la medida. El defensor Alejandro Rúa consideró que por esa misma razón el funcionario ya había sido investigado en 2012 por el juez federal Julián Ercolini, por lo que no debería ser investigado por el mismo hecho; aseguró, además, en la presentación que la multa impuesta a las consultoras privadas fue “en el marco de la ley y con los procedimientos que fija al imponer las sanciones”.
Moreno fue procesado el martes pasado por el juez Bonadío, quien además le trabó un embargo sobre sus bienes por 50 mil pesos, como así también a otros dos funcionarios kirchneristas. Bonadío, a raíz de comparativos que estableció entre los índices de precios evaluados por la consultora Finsoport y por los que calculan varias provincias, sostuvo que los privados “hallan correlato con la realidad, extremo que a la luz de la información colectada es indiscutible”.
“Queda claro que la supuesta falta de seriedad técnica o de la cantidad de medios utilizados por las consultoras en general y de Finsoport SA en particular, de cara a la obtención del IPC o aún su deliberada falsedad se diluye ante lo concreto de la similitud de los guarismos inflacionarios comparados”, consideró el juez.
El magistrado señaló que esos guarismos “no pueden suponerse obtenidos mediante un proceso de simple adivinación sino con una técnica que, a la luz de sus resultados, permitió arribar a la paridad de resultados estadísticos antes establecida, aún teniendo en cuenta la necesaria diferencia de infraestructura que media entre una consultora privada y un ente público”.
La causa se inició tras una denuncia hecha por el economista Jorge Todesca, titular de Finsoport SA Economía y Finanzas, quien aseguró que fue víctima de “una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria, pretendiendo con ello disfrazar lo que consideraban la ejecución de un delito por un lado, y por el otro intentando acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos”.