La paralización del segundo proceso de compra directa de maíz para asistir a los productores afectados por la sequía en la provincia demuestra lo endeble del argumento de la emergencia.
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La paralización del segundo proceso de compra directa de maíz para asistir a los productores afectados por la sequía en la provincia demuestra lo endeble del argumento de la emergencia.
Con la excusa de la emergencia, el Gobierno había justificado la compra de maíz a $1.700 la tonelada, cuando en el mercado regional se podría haber conseguido el producto a menos de la mitad del precio que se pagó. No obstante, el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro de la Producción, Alfredo De Angelis, defendieron el proceso, asegurando que ese era el precio real de mercado y que estaba bien pagado.
Pero ante el intento de repetir la operación para una segunda compra, los funcionarios a cargo tuvieron una sorpresa. El empresario Francisco Brunetti ofreció públicamente, a través de solicitadas, vender al precio más bajo y además entregar inmediatamente como adicional otros 600 mil kilos de maíz para los productores afectados.
Lo inesperado de la propuesta obligó a los funcionarios a evitar el escándalo público y frenaron el proceso encaminado, aunque finalmente la oferta de Brunetti fue desestimada por “extemporánea”.
Convocaron nuevamente a un proceso de compra directa, dieron por fracasado al anterior y recién la próxima semana se podría conocer quién ofrece las condiciones más convenientes para la nueva compra por parte del Estado. Es de suponer que la opción elegida será superadora a la oferta que Brunetti hizo en su momento.
En todo este proceso burocrático que determinó la suspensión de la ayuda, cabe preguntarse si los funcionarios responsables tienen en claro el concepto de emergencia, porque muchos productores siguen esperando y los animales siguen muriendo.
Es posible preguntarse también si ese concepto de emergencia es adoptado como política provincial, ya que hace poco tiempo desde la Nación señalaron que la emergencia para Salta nunca se declaró, simplemente porque los funcionarios salteños no la habían solicitado; lo reveló el propio jefe de Gabinete, Juan Abal Medina.
No se entiende entonces cómo el argumento de la emergencia es utilizado para compras directas con sobreprecios, pero no para aprovechar la oportunidad y llegar en tiempo y forma con la ayuda que necesitan los cientos de productores afectados por las inclemencias. La emergencia, entonces, adquiere ese tono de falacia y sospecha.
Pero aún existe una pregunta más determinante. Si es que antes el Gobierno defendió la compra de maíz a $1.700 la tonelada, ¿por qué ahora se frenó el segundo proceso?
Si se consideró válida y real la oferta de Brunetti -tanto como para declarar desierto un concurso del Estado-, ¿es posible entonces que se consiga un precio más bajo para la segunda compra?
Todo quedará develado la semana que viene cuando el Gobierno deba informar a cuánto pagará en esta oportunidad el maíz para los productores. Se perdió tiempo y el criterio de emergencia quedó desdibujado.