El fiscal general federal de La Rioja, Horacio Salman, negó haber pedido el sobreseimiento del titular del Ejercito, César Milani, en una causa por supuesta violación a los derechos humanos durante la última dictadura en La Rioja, pero aclaró que “no hay pruebas contra el militar”.
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El fiscal general federal de La Rioja, Horacio Salman, negó haber pedido el sobreseimiento del titular del Ejercito, César Milani, en una causa por supuesta violación a los derechos humanos durante la última dictadura en La Rioja, pero aclaró que “no hay pruebas contra el militar”.
Así lo aseguró el fiscal luego de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo cuestionara por pedir cerrar la investigación, iniciada a raíz de la denuncia que hizo en su contra el exdetenido Ramón Alfredo Olivera por supuesta privación ilegítima de la libertad.
En ese sentido, explicó que ese fue el motivo por el cual se declaró la nulidad del requerimiento hecho por el fiscal federal de Instrucción Darío Illanes, firmado por la subrogante Marta Elena Kunath.
“Hay dos criterios: uno, la jurisprudencia en Buenos Aires, que dice que si el juez quiere puede dar el sobreseimiento cuando hay una nulidad absoluta. Y el otro es el que sostengo yo, no se puede dar un sobreseimiento a alguien que no está imputado”, aseguró.
Por otra parte, indicó que “es una mentira enorme lo que se ha salido a difundir entre la gente, que esta causa se terminó”.
“Está más abierta que nunca, porque más allá de esta instancia quedan dos más, las apelaciones a la Cámara de Córdoba y a la Corte Suprema de Justicia”, señaló.
Salman recordó que él, por medio de un escrito, pidió al juez que se siga investigando la causa: “Que quede bien claro que yo nunca pedí el sobreseimiento y no compartí el sobreseimiento de Milani, y muy por el contrario, pedí que se siga investigando”, añadió.
“Es gravísimo”
El vicepresidente del bloque de diputados nacionales por la UCR, Miguel Bazze, consideró ayer que “es gravísimo” que el Jefe del Ejército César Milani haya utilizado un comunicado oficial de esa fuerza para calificar el proceso judicial y el accionar de la Justicia en el caso que lo involucra como sospechoso de haber participado en hechos de violación de los derechos humanos.
Para Bazze, “este acto representa un agravio intolerable a las instituciones de la república que el gobierno no puede permitir”.