La Cámara de Diputados aprobó anoche una licencia extraordinaria solicitada por Matías Posadas, quien asumirá como interventor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), tras la escandalosa salida de Fernando Alesanco.
inicia sesión o regístrate.
La Cámara de Diputados aprobó anoche una licencia extraordinaria solicitada por Matías Posadas, quien asumirá como interventor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), tras la escandalosa salida de Fernando Alesanco.
Anoche, hubo duros pronunciamientos de legisladores opositores por las contrataciones directas que favorecieron a empresas de familiares de Alesanco y de otros funcionarios del IPV.
En medio del escándalo y de la indignación de los salteños, el gobernador Juan Manuel Urtubey decidió ayer intervenir el organismo y designar “temporalmente” a Posadas, un alfil oficialista del Frente Plural. Con la medida, el mandatario le quitó el manejo y poder sobre el IPV al ministro de Economía, Carlos Parodi.
La licencia, sin goce de sueldo, a la que accedió el exradical comienza desde hoy y se extenderá mientras dure en sus funciones. Anoche, Posadas dijo que el IPV estará abierto a todos los partidos políticos. Sin embargo, no hizo mención a las graves irregularidades que ahora debería investigar o dejar investigar.
Ya son dos o tres situaciones embarazosas las que se encontraron en la gestión de Alesanco, expresó ayer a medios radiales el presidente de Diputados, Santiago Godoy. El legislador anoche hizo un pedido de informe al presidente del IPV, pero con Alesanco fuera del organismo recaería sobre Posadas.
El año pasado, Alesanco firmó la ubicación de una casa para su hermano, Maximiliano Alesanco, en el barrio Mirasoles. La noticia causó el rechazo entre los salteños, muchos de ellos inscriptos desde hace décadas en el IPV. Mirta Tóffoli, madre de los Alesanco, también figuraba en la nómina de preadjudicatarios. No obstante, desde el organismo aseguraron que la exdocente y empresaria había renunciado al beneficio.
En ese barrio de la zona norte, construido con fondos públicos, también consiguió una casa el cuestionado gerente de Control de Obras del IPV. Por estos días, Zalazar Ruiz amplía la propiedad que recibió de manos del Estado. En tanto, a fines de mayo, el gobernador había ordenado al organismo establecer un límite a las refacciones que se realizan en las casas sociales.
Una endeble justificación
El año pasado, el flamante interventor del IPV había afirmado que “no solo la gente de escasos recursos tiene derecho a una vivienda social”. Con sus declaraciones trató de justificar las adjudicaciones a funcionarios en el barrio Lomas de Medeiros.
El exradical, que no oculta sus aspiraciones de llegar a la Intendencia capitalina, tiene en su entorno a más de un funcionario favorecido con programas habitacionales del Estado. Marcela Rosa Perdiguero, coordinadora general de la Escuela de Administración Pública, recibió una casa en el barrio Mirasoles. A su vez, Roberto Robino, secretario de la Administración Pública, obtuvo en noviembre de 2013 un crédito Procrear por $400.000 con el que construye una casa en el club de campo El Prado Eco Village. En junio del año pasado, había escriturado un terreno de 1.160 metros cuadrados por solo $63.800.
“La Auditoría General parece una morgue”
“Dónde está el Procurador General de la Provincia que debería actuar ante estos casos. Es un gran ausente. Dónde está la Auditoría General, que parece una morgue”. Con una eufórica manifestación, el diputado cerrillano Mario Abalos se refirió a las irregularidades en el IPV.
“Que el procurador no tenga miedo en tomar una noticia criminis. La sociedad empieza a creer que nadie controla en esta provincia”, apuntó anoche en el recinto.
Por su parte, la legisladora por Gemes, Liliana Mazzone, recordó que en reiteradas oportunidades había remarcado que se había desvirtuado la función del IPV. “Fue creado para otorgar viviendas pero se volvió una empresa constructora”.
También instó a que se investiguen los desmanejos y contrataciones directas “hasta las últimas consecuencias”. “Que la renuncia no signifique impunidad”, agregó.
El diputado Jorge Gauymás sobre las irregularidades del IPV expresó: “Por más que quieran, no podrán tapar el sol con el dedo”. Y cuestionó que ningún funcionario deje la administración pública y sea premiado con otro cargo.
Está el que hace y el que deja hacer, por Hugo Krasnobroda
El gobernador no podrá decir que no estaba avisado de que las cosas no iban bien en el IPV: la gestión de Alesanco hacía agua hace rato. Está el que hace y el que deja hacer: Alesanco hizo y Urtubey dejó hacer.
Se desconoce si Alesanco renunció por vocación propia o por un pedido explícito del jefe provincial, lo cierto es que ninguno de ellos se dignó a darle explicaciones a la gente sobre otra grave denuncia de corrupción en el Gobierno. Esto se da, ni más ni menos, justo en momentos en los que el Grand Bourg está sospechado de sobrevaluar una obra para arreglar un baño de Ceremonial por 240 mil pesos y áreas de la Secretaría General por casi medio millón.
La protección que le da el mandatario a sus funcionarios cuestionados, muy parecida a la que otorga Cristina a los suyos, no es un signo de fortaleza sino todo lo contrario. La sociedad no demanda complicidad en la clase política, demanda depurar a la corrupción. No es casualidad que los delitos con fondos públicos estén entre las cinco principales preocupaciones de la sociedad según todas las encuestas. Al gobernador no le pareció extraño que funcionarios se construyan mansiones con fondos para viviendas sociales ni que obtengan créditos en Procrear teniendo casas propias. Tampoco le parecieron graves los reiterados excesos policiales ni las irregularidades notorias de la fuerza en la investigación por las turistas francesas: Marcelo Lami, agradecido.
La renuncia de Fleming
Tras la renuncia de Fernando Alesanco a la presidencia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), se confirmó en la mañana de ayer que Matías Fleming, director general de Seguimiento de Contrataciones de la Secretaría General de la Gobernación, también dejó ese cargo. Su alejamiento fue oficializado a través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial.
En horas de la tarde, a través de un comunicado, el secretario de Procedimientos de Contrataciones, Facundo Marín, informó que la renuncia de Fleming como director general de Seguimiento de Contrataciones obedeció a motivos “personales” y negó que haya estado relacionada con la contratación de obras o refacciones.
La semana pasada, salió a la luz que se contrataron arreglos en el área de la Secretaría de la Gobernación por un valor de más de 400 mil pesos.
Desde la Secretaría de Procedimiento de Contrataciones remarcaron que no intervienen en esos casos, ya que esa es competencia de Obras Públicas.