Dos diputados oficialistas, uno nacional y el otro provincial, reclamaron ayer independencia y transparencia y la eliminación de privilegios para familiares en las designaciones de la Justicia.
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Dos diputados oficialistas, uno nacional y el otro provincial, reclamaron ayer independencia y transparencia y la eliminación de privilegios para familiares en las designaciones de la Justicia.
En una entrevista con El Tribuno digital, José Vilariño (PV) reclamó que en la Justicia no primen “el amiguismo ni los lazos de parentesco. Necesitamos una Justicia abierta en la que puedan ingresar profesionales idóneos, con un proceso de selección transparente”.
El diputado provincial por Orán, Antonio Hucena (PJ), dijo por su parte que “no hay impedimento para que un profesional idóneo sea magistrado, aunque sea pariente de un funcionario”. No obstante propuso “reformas al Consejo de la Magistratura para que tenga mayor independencia y mejore el proceso de selección de jueces”.
Las informaciones sobre los privilegios de los parientes de funcionarios e influyentes se produce en momentos en que la Justicia y el Ministerio Público afrontan gran desprestigio. La sensación de impunidad y de ineficiencia se expande entre la ciudadanía luego de seis años de que Pablo López Viñals asumiera con plenos poderes en la Procuración y se convirtiera en operador de una estrategia de colonización del Poder Judicial, concebida y conducida por alguien con mayor trayectoria jurídica y política, el senador Rodolfo Urtubey.
Un comunicado del Consejo de la Magistratura, atribuible al juez de la Corte Guillermo Félix Díaz arrojó luz sobre el nudo de estas designaciones. Allí se admite que van a nombrar a 72 magistrados en “la mayor renovación de que se tenga noticia desde 1983”.
Nada dicen sobre el inminente ascenso meteórico de la mujer de Pablo López Viñals, de secretaria a camarista. Se trata de un trámite que convendría conocer en detalle. Quizá se trate de una excelente jurista, pero nadie ignora las prácticas de su marido, quien no se excusa cuando se trata del acuerdo de algún recomendado suyo -si lo hiciera, no participaría de ningún acuerdo- y que no duda en cambiar las reglas de juego para beneficiar a esos candidatos. ¿Por qué no lo haría por ella?
Ayer, en una nota publicada en un diario oficialista que, aunque algo tosca, muchos consideran escrita -o dictada- por el propio López Viñals, se intentó refutar las denuncias de nepotismo judicial pero, curiosamente, arrojó dudas sobre dos designaciones de jueces contra quienes no hay objeciones, pero son varones.
Al intentar mostrar a la información de El Tribuno como una forma de discriminación de la mujer, el redactor olvidó los antecedentes de sus protegidos Gabriela Buabse y Maximiliano Troyano. En realidad con ese giro inverosímil se intenta encubrir que los casos señalados son una muestra de una estrategia de control de los tribunales, mucho más amplia, que implica a otras figuras notorias, como Ernesto Samson, Guillermo Félix Díaz o Simón Padrós, a quienes, por cierto, nadie salió a reivindicar con nombre ni apellido.