El diputado nacional Sergio Massa propuso la confiscación de bienes de los funcionarios que no pueden justificar su patrimonio, en el marco de un paquete de leyes que también incluye los juicios por residencia y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
“Nosotros estamos planteando la posibilidad de la apropiación de bienes por parte del Estado de aquellos funcionarios que no pueden justificar el origen de los fondos, más allá del juicio penal. No tenemos que mezclar la cuestión judicial con la evaluación del desempeño político”, declaró Massa.
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El diputado nacional Sergio Massa propuso la confiscación de bienes de los funcionarios que no pueden justificar su patrimonio, en el marco de un paquete de leyes que también incluye los juicios por residencia y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
“Nosotros estamos planteando la posibilidad de la apropiación de bienes por parte del Estado de aquellos funcionarios que no pueden justificar el origen de los fondos, más allá del juicio penal. No tenemos que mezclar la cuestión judicial con la evaluación del desempeño político”, declaró Massa.
Massa habla de apropiación y no de expropiación. La expropiación es un mecanismo incluido en la Constitución Nacional que prevé obligatoriamente la sanción de una ley y el pago de un precio justo. La apropiación que pretende el Frente Renovador no implicaría la erogación de fondos estatales, según señala Infobae.
La propuesta de Massa surge luego de que el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, haya sido a declarar en el caso Ciccone acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. El juez federal Ariel Lijo sospecha que Boudou hizo gestiones desde el Estado para aprobar un salvataje financiero a la imprenta de papeles de seguridad, compró la compañía junto a sus socios, y gestionó contratos con el Estado para la confección de billetes. Este último acto se perfeccionó horas después de Boudou asumiera como vicepresidente.
La imprescriptibilidad que propone Massa para delitos como el que se acusa a Boudou implica que aquella persona que pasó por la función pública tenga que rendir cuentas hasta por hechos de corrupción eternamente. “No queremos que rijan esas trampas legales”, indicó el ex intendente de Tigre.
El juicio por residencia, eliminado de la Constitución en 1994, prevé que los dirigentes que pasaron por la función pública tengan que rendir explicaciones una vez que abandonan el cargo. “Esto implica que el día que terminás tu función, tenés que explicar lo que hiciste, y comprar una declaración del día que entraste a la función y el día que te fuiste”, argumentó.
El Frente Renovador es uno de los partidos que impulsa el juicio político al vicepresidente.