Desde hace una semana, las investigaciones de El Tribuno siguen demostrando claramente que -pese a la intervención de Matías Posadas- en el Instituto Provincial de la Vivienda, las irregularidades no se superan, mucho menos desaparecen o se esclarecen. Desde la Gobernación de la provincia sigue primando el silencio, sin embargo el legislador oficialista, Manuel Santiago Godoy se animó a reconocer que las acciones en el IPV siguen siendo poco claras y apoyó la medida de crear una oficina de control ciudadano.
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Desde hace una semana, las investigaciones de El Tribuno siguen demostrando claramente que -pese a la intervención de Matías Posadas- en el Instituto Provincial de la Vivienda, las irregularidades no se superan, mucho menos desaparecen o se esclarecen. Desde la Gobernación de la provincia sigue primando el silencio, sin embargo el legislador oficialista, Manuel Santiago Godoy se animó a reconocer que las acciones en el IPV siguen siendo poco claras y apoyó la medida de crear una oficina de control ciudadano.
El martes estuvo sentado junto a Juan Manuel Urtubey en el momento de los anuncios ligados al IPV y ayer salió a tomar posición públicamente sobre el tema.
Es que el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, reclamó ante El Tribuno que se “sancione una ley para transparentar al IPV”.
“Al Instituto Provincial de la Vivienda hay que transparentarlo con una ley, ya que todos los interventores del organismo -en todas las épocas- siempre tendieron a cambiar las reglas de juego”, aseguró ayer el legislador provincial.
Godoy sostuvo que “hace cinco años Diputados aprobó un proyecto para el IPV que contemplaba la entrega de viviendas en cupos y en partes, pero quedó dormido en el Senado”.
Consultado sobre la creación de la oficina de control ciudadano, el dirigente justicialista indicó que “la mejor manera de controlar algo es que lo haga la ciudadanía”.
“Urtubey quiere transparentar más el IPV y por eso estoy de acuerdo con los anuncios efectuados el martes”, dijo el diputado. Y agregó que “cuando hay hechos poco transparentes en las áreas del Gobierno son los funcionarios los que no actúan: no se le puede achacar eso al gobernador”.
Una respuesta con lógica
El último informe periodístico de El Tribuno sigue generando mediada y respuestas apresuradas.
Solo 24 horas después de que este diario revele que el organismo entregó sin licitación la construcción de 460 viviendas a una empresa quebrada, el gobernador Juan Manuel Urtubey prometió el martes “transparentar” las adjudicaciones creando una oficina gubernamental de control ciudadano.
En diálogo con El Tribuno, el diputado nacional Guillermo Durand Cornejo se mostró ayer escéptico con el anuncio: “No imagino a un vecino yendo al Gobierno a denunciar al Gobierno”, señaló.
“El principio de la solución para la corrupción es reconocerla, y Urtubey no reconoce la corrupción en el IPV”, disparó el titular de Codelco. Para Durand Cornejo, crear una oficina de control ciudadano “representa más empleados y un mayor nivel de gasto. Lo que hay que hacer es cerrar oficinas que no sirven para nada y sacar a los vagos”.
El legislador sostuvo ayer que “nunca hubo problemas en el IPV como ahora”.
Y agregó que “si las casas las siguen recibiendo los funcionarios, nada cambiará”.
Una declaración con gusto a afrenta, por POR HUGO KRASNOBRODA, [email protected]
Del dicho al hecho hay un largo trecho. “Se acabaron los gobiernos para los poderosos”, exclamó el martes en la noche un efusivo Juan Manuel Urtubey, que no se entendía bien qué cosa estaba festejando. La declaración llamó la atención como pocas, ya que es su gestión la que viene entregando viviendas sociales a funcionarios y dejando con las manos vacías a los más humildes de la Provincia. Sobre eso, claro está, el gobernador sigue sin decir ni una sola palabra, como si no hubiesen pasado los escándalos del IPV, de Procrear y del uso de los vehículos oficiales para asuntos personales de los amigos del Grand Bourg. Si a eso se le suma que se destinó medio millón de pesos para arreglar un despacho oficial mientras el hospital Del Milagro sigue devastado y el San Bernardo sin camas, el exabrupto se transforma lisa y llanamente en una afrenta.
La transparencia no es algo que deba enunciarse, como hizo ayer Urtubey, sino es algo que debe practicarse, y eso aún sigue siendo una gran deuda pendiente de la gobernación. Los favoritismos también se notan en la justicia, al igual que en casi todas las áreas. El mandatario envía constantemente pliegos de familiares directos de sus funcionarios y ratifica como fiscales a personas de su confianza que culpan a las víctimas de un abuso por la barbarie que les ocurrió.
¿No es eso un Gobierno para los poderosos?