"Yo entiendo que nosotros vivimos de la caza y la pesca. Pero algunos no entienden que eso es solo por temporada y no todo el año. Cuando pillamos una corzuela es un buen aporte de carne, pero también necesitamos comer otras cosas para tener una alimentación que sea buena. Queremos seguir cazando y pescando, porque somos del monte, pero no alcanza con eso. El trabajo nos da la posibilidad de conseguir lo que necesitamos: alimentos, educación, medicamentos. Tenemos becas y pensiones, pero no alcanzan. No digo que está mal. Tienen que seguir estando, pero tampoco está mal trabajar si uno tiene la posibilidad de hacerlo", dijo Dino Salas.
La comunidad wichi de San Ignacio de Loyola recibió en marzo de 2012 el título comunitario por 1.867 hectáreas que ocupan desde tiempos ancestrales. "Ahora que tenemos título comunitario, esperamos que el Estado nos ayude a obtener los planes para poder producir, como dice la ley de bosques", le dijo en septiembre de 2013 a El Tribuno David Saravia, secretario de la comunidad wichi. El trabajo llegó este año, no de la mano del Estado, sino desde la vecina finca El Carmen, propiedad del grupo argentino Molino Cañuelas.
"Es una de las pocas comunidades con titularidad registral. Es claramente una salida de la miseria en la que viven, una alternativa real que ya está funcionando", ilustró el ingeniero Cabral. El proyecto, en concreto, abarca 300 hectáreas, de las cuales 185 serán desmontadas y puestas en producción. Las restantes 115 quedan como área de protección del bosque nativo, como exige la legislación. "La idea es tener un volumen de superficie que de rédito y rentabilidad, pero que la comunidad pueda poner en producción, que sea manejable en la realidad. Por eso iremos por etapas de 50 hectáreas, aproximadamente, hasta llegar a las 185, en un plazo de tres años", agregó Cabral.
Además, dos veces por semana una agente sanitario visita el lugar con educadores y un nutricionista. Se brinda ayuda escolar a los chicos y se alfabetiza a los mayores. Los nutricionistas enseñan comidas nutritivas a las madres, para que los chicos puedan rendir más en sus estudios. También se están haciendo bloques de cemento para vender y se capacita personal aborigen para formar una administración. Se están armando huertas comunitarias, cada tres familias aborígenes. Hoy, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) levanta con mucha demora las primeras 8, de 24 casas para la comunidad. Salas está preocupado porque piensa que las intervenciones mediáticas de Greenpeace podrían demorar el progreso que se empieza a sentir en la comunidad.
Molino Cañuelas, propietario de la finca El Carmen, entre otras empresas es el vecino que trabaja con la comunidad de Dino Salas y uno de los blancos elegidos por la multinacional ambientalista. Según la ley, antes de aprobar un cambio de categoría se tiene que convocar públicamente a una audiencia. Greenpeace nunca se presentó en esa audiencia pública a plantear sus objeciones como estipula la ley. Solo objetó la autorización a la finca El Carmen, una vez que fue aprobada.
"El trabajo no es pecado. Yo tengo mis títulos. Somos dueños y queremos trabajar", apuntó el cacique Dino Salas.
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"Yo entiendo que nosotros vivimos de la caza y la pesca. Pero algunos no entienden que eso es solo por temporada y no todo el año. Cuando pillamos una corzuela es un buen aporte de carne, pero también necesitamos comer otras cosas para tener una alimentación que sea buena. Queremos seguir cazando y pescando, porque somos del monte, pero no alcanza con eso. El trabajo nos da la posibilidad de conseguir lo que necesitamos: alimentos, educación, medicamentos. Tenemos becas y pensiones, pero no alcanzan. No digo que está mal. Tienen que seguir estando, pero tampoco está mal trabajar si uno tiene la posibilidad de hacerlo", dijo Dino Salas.
La comunidad wichi de San Ignacio de Loyola recibió en marzo de 2012 el título comunitario por 1.867 hectáreas que ocupan desde tiempos ancestrales. "Ahora que tenemos título comunitario, esperamos que el Estado nos ayude a obtener los planes para poder producir, como dice la ley de bosques", le dijo en septiembre de 2013 a El Tribuno David Saravia, secretario de la comunidad wichi. El trabajo llegó este año, no de la mano del Estado, sino desde la vecina finca El Carmen, propiedad del grupo argentino Molino Cañuelas.
"Es una de las pocas comunidades con titularidad registral. Es claramente una salida de la miseria en la que viven, una alternativa real que ya está funcionando", ilustró el ingeniero Cabral. El proyecto, en concreto, abarca 300 hectáreas, de las cuales 185 serán desmontadas y puestas en producción. Las restantes 115 quedan como área de protección del bosque nativo, como exige la legislación. "La idea es tener un volumen de superficie que de rédito y rentabilidad, pero que la comunidad pueda poner en producción, que sea manejable en la realidad. Por eso iremos por etapas de 50 hectáreas, aproximadamente, hasta llegar a las 185, en un plazo de tres años", agregó Cabral.
Además, dos veces por semana una agente sanitario visita el lugar con educadores y un nutricionista. Se brinda ayuda escolar a los chicos y se alfabetiza a los mayores. Los nutricionistas enseñan comidas nutritivas a las madres, para que los chicos puedan rendir más en sus estudios. También se están haciendo bloques de cemento para vender y se capacita personal aborigen para formar una administración. Se están armando huertas comunitarias, cada tres familias aborígenes. Hoy, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) levanta con mucha demora las primeras 8, de 24 casas para la comunidad. Salas está preocupado porque piensa que las intervenciones mediáticas de Greenpeace podrían demorar el progreso que se empieza a sentir en la comunidad.
Molino Cañuelas, propietario de la finca El Carmen, entre otras empresas es el vecino que trabaja con la comunidad de Dino Salas y uno de los blancos elegidos por la multinacional ambientalista. Según la ley, antes de aprobar un cambio de categoría se tiene que convocar públicamente a una audiencia. Greenpeace nunca se presentó en esa audiencia pública a plantear sus objeciones como estipula la ley. Solo objetó la autorización a la finca El Carmen, una vez que fue aprobada.
"El trabajo no es pecado. Yo tengo mis títulos. Somos dueños y queremos trabajar", apuntó el cacique Dino Salas.