Ante el floreciente crecimiento del mercado paralelo, que disparó la brecha entre el dólar oficial y el libre al 85%, en el Ejecutivo nacional no se quedaron con los brazos cruzados y además de intentar paralizar las ventas, con los habituales operativos de Gendarmería y la AFIP en la city porteña, ahora estudia una iniciativa para reformar la ley penal cambiaria y profundizar el combate.
La idea es cambiar la tipificación del tipo de transacciones. Es decir, rebajarla al delito correccional para que las fuerzas públicas puedan actuar ante la evidencia de operaciones cambiarias que no se cursen por los canales legales, sin necesidad de aguardar la autorización previa de los organismos públicos que actualmente son los encargados de ordenar los procedimientos, consigna o La Nación.
El jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, confirmó la iniciativa pero evitó ahondar en detalles hasta que el proyecto de ley no sea presentado. En un plenario realizado a fines de agosto entre fiscales y jueces del fuero en lo penal económico, Gonella calificó la actual ley como "vetusta", porque pone en cabeza de la investigación del comercio ilegal de divisas al Banco Central (BCRA) y le concede discrecionalidad, añadió el matutino.
Para los fiscales, hay "connivencia" entre los grandes operadores de este negocio y personal del BCRA, como también miembros de la Policía Federal. "En muchos casos, llegamos al local, la oficina o el departamento en que tenemos detectado movimiento extraño y nos encontramos con policías avocados a su custodia", señalaron durante ese cónclave.
Ley penal cambiaria
La ley penal cambiaria (19.359), es de 1971, tiene al Banco Central como la autoridad máxima para las actuaciones y los pedidos de órdenes de allanamiento, mientras que la Policía Federal se encarga de acompañar a los funcionarios.
La reforma que está en estudio busca desplazarlos para romper con esa supuesta cadena, que los ayudaría a eludir los procedimiento, de acuerdo a lo que debatido en el encuentro. Durante esa reunión, los jueces avalaron la necesidad de readaptar los mecanismos de control y combate de las operaciones cambiarias ilícitas, pero destacaron la necesidad de poner el foco en quienes verdaderamente manejan el negocio, que a menudo, sospechan, involucra a funcionarios del Gobierno.
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Ante el floreciente crecimiento del mercado paralelo, que disparó la brecha entre el dólar oficial y el libre al 85%, en el Ejecutivo nacional no se quedaron con los brazos cruzados y además de intentar paralizar las ventas, con los habituales operativos de Gendarmería y la AFIP en la city porteña, ahora estudia una iniciativa para reformar la ley penal cambiaria y profundizar el combate.
La idea es cambiar la tipificación del tipo de transacciones. Es decir, rebajarla al delito correccional para que las fuerzas públicas puedan actuar ante la evidencia de operaciones cambiarias que no se cursen por los canales legales, sin necesidad de aguardar la autorización previa de los organismos públicos que actualmente son los encargados de ordenar los procedimientos, consigna o La Nación.
El jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, confirmó la iniciativa pero evitó ahondar en detalles hasta que el proyecto de ley no sea presentado. En un plenario realizado a fines de agosto entre fiscales y jueces del fuero en lo penal económico, Gonella calificó la actual ley como "vetusta", porque pone en cabeza de la investigación del comercio ilegal de divisas al Banco Central (BCRA) y le concede discrecionalidad, añadió el matutino.
Para los fiscales, hay "connivencia" entre los grandes operadores de este negocio y personal del BCRA, como también miembros de la Policía Federal. "En muchos casos, llegamos al local, la oficina o el departamento en que tenemos detectado movimiento extraño y nos encontramos con policías avocados a su custodia", señalaron durante ese cónclave.
Ley penal cambiaria
La ley penal cambiaria (19.359), es de 1971, tiene al Banco Central como la autoridad máxima para las actuaciones y los pedidos de órdenes de allanamiento, mientras que la Policía Federal se encarga de acompañar a los funcionarios.
La reforma que está en estudio busca desplazarlos para romper con esa supuesta cadena, que los ayudaría a eludir los procedimiento, de acuerdo a lo que debatido en el encuentro. Durante esa reunión, los jueces avalaron la necesidad de readaptar los mecanismos de control y combate de las operaciones cambiarias ilícitas, pero destacaron la necesidad de poner el foco en quienes verdaderamente manejan el negocio, que a menudo, sospechan, involucra a funcionarios del Gobierno.