El debate sobre la posibilidad de un tercer mandato del gobernador Juan Manuel Urtubey al frente de la provincia va tomando una intensidad insospechada hasta hace poco.
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El debate sobre la posibilidad de un tercer mandato del gobernador Juan Manuel Urtubey al frente de la provincia va tomando una intensidad insospechada hasta hace poco.
La presentación efectuada por Diego Saravia, titular del Frente Grande, ante la Corte Suprema de la Nación pidiendo una declaración de certeza al respecto de la habilitación o no para la re reelección en la provincia, abrió un espacio donde el debate se instaló, pese a la inmediata desestimación que varios referentes políticos hicieron al planteo.
Asumida inicialmente como un hecho consumado y con plena habilitación constitucional, la nueva reelección de Urtubey entró en el terreno de los abordajes y las interpretaciones jurídicas, dejando abierto otro costado de incertidumbre en el oficialismo salteño.
El razonamiento elemental que se hace desde el urtubeycismo es que si Juan Carlos Romero fue gobernador de Salta tres veces consecutivas, no habría ningún impedimento para que Urtubey también lo sea.
Pero la presentación de Diego Saravia ha movido alguna estructura inquietante para el oficialismo que se ve obligado a esperar la respuesta desde el máximo órgano de Justicia de la Nación.
El 19 de diciembre pasado, el Frente Grande de Salta presentó ante la Corte Suprema un pedido de "mera acción declarativa" para que interprete si Juan Manuel Urtubey está habilitado para postularse a un tercer período gubernamental.
La acción promueve que sea la Corte quien dilucide alguna contradicción en el artículo 140 de la reforma constitucional de la provincia, que habla sobre plazos y vigencia de los mandatos gubernamentales, pero que deja abierta una interpretación a partir de una cláusula transitoria sobre el primer período de mandato a partir de esa reforma.
Si la Corte Suprema de la Nación acepta su competencia en la materia, la incertidumbre quedará definitivamente instalada y las consecuencias políticas de su decisión serán de alto impacto.
Si bien no hay plazos para una respuesta y la Procuración debe analizar inicialmente la admisibilidad del pedido del Frente Grande Salteño, es de esperar que la devolución no tarde en llegar, tanto por una negativa de la procuradora general o por la competencia que pueda declarar la Corte Suprema sobre el caso.
Allí es cuando la incertidumbre se profundiza en el entorno reeleccionista de Urtubey; si bien es cierto la Constitución provincial establece que el intérprete final de las leyes provinciales es la Corte salteña, no es menos cierto que es la Corte Suprema la que entiende en el control de la constitucionalidad en todo el país.
Un claro ejemplo de este marco federal de Justicia es lo que ocurrió en Santiago del Estero cuando en 2013 el máximo tribunal hizo lugar a un pedido similar como el del Saravia e impidió que el entonces gobernador Gerardo Zamora se presentara a una re reelección.
Aquella vez Zamora tuvo que renunciar a su candidatura y su mujer terminó ocupando el cargo.
Casi dos años después y en Salta, referentes de distintas fuerzas políticas salieron a descartar la posibilidad de que Urubey no pueda presentarse a una reelección en la provincia.
Los más próximos al oficialismo temen la jurisprudencia del caso de Santiago del Estero, pero hay algo mucho más inquietante aún: el escenario altamente turbulento que ha desatado el manejo político dentro de la Corte Suprema de Justicia, donde el kirchnerismo se ha visto reducido.
Esa confrontación en el alto tribunal deja expuesta la re reelección de Urtubey no solo a una interpretación jurídica, sino también a una volátil cuestión política, que marcará desde Salta el comienzo del año electoral en todo el país.