El jueves, protesta de instructores frente a Derechos Humanos

El Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia adeuda el pago de 7 meses de haberes a los instructores que dan clases de deportes en playones y canchitas barriales. Son mil pesos mensuales por cada profesional.

Walter Ignes, instructor y presidente del Centro Vecinal del barrio Lamadrid, anticipó ayer a El Tribuno que el próximo jueves se reunirán a las 10, frente al edificio del Ministerio para exigir la normalización de la deuda. "De ahí no nos moveremos hasta que nos den una respuesta satisfactoria", dijo.

"Vamos a reclamar por lo que nos deben y si hace falta haremos un corte de calle en 25 de Mayo, entre Alsina y Necochea", adelantó, a su vez.

Y añadió el presidente del Centro Vecinal del barrio Llamadrid: "Vamos a exigir que nos paguen, como sea. Nosotros trabajamos y tenemos que cobrar por eso, no tenemos que andar mendigando nada a nadie. El mismo gobernador (Juan Manuel Urtubey) habló la semana pasada en un canal de televisión de Buenos Aires de los derechos de los trabajadores; entonces, este es un muy buen momento para demostrar que su gobierno hace lo que él dice. Por eso, esperamos que su gente se ponga las pilas y cumpla con los compromisos asumidos con nosotros".

Ignes recordó que a comienzos de año, el Ministerio de Derechos Humanos, con la firma de la ministra Marianela Cansino, hizo un convenio con la Federación de Centros Vecinales por 1.200.000 pesos, 10 cuotas consecutivas de 120 mil pesos, sobre lo que la Federación nos abona 1.000. La Secretaría de Deportes le abona 1.600, pero los instructores de esta modalidad perciben solo 1.000 pesos.

“Ahora, con el paso de las semanas y atentos al atraso en los pagos, en la Federación nos fueron corriendo las fechas de pago probable pero llegamos a hoy y ellos no tienen ningún depósito hecho, por lo tanto no pueden hacer efectivo el pago”, puntualizó.

Hace dos semanas, Ignes presentó una nota -Nº 240.161/2015- en el Ministerio de Derechos Humanos por este tema, dirigida a la ministra Cansino, a Mercedes Uldri Fuentes, secretaria administrativa y a Fernando Martinis Mercado, coordinador del Ministerio, pero no tuvo respuesta. “Los funcionarios no dan la cara, esa es la verdad. Entonces, nosotros nos encontramos con los empleados de las reparticiones que nos escuchan y nada más, no toman decisiones sobre nuestro problema”, contó. Recordó también que la semana pasada fue a ver a Sergio Plaza, secretario de Deportes. “Y no me atendió tampoco. Siempre está ocupado. Me atendió Adrián Cuadrado (director de Deportes), quien me dijo que solamente son gestores de los expedientes, pero todo el tema del dinero depende del Ministerio de Derechos Humanos. Y Allí, cuando voy a pedir audiencia para que me atienda, siempre está ocupado, en reunión, de viaje, nunca dan la cara y no dan soluciones”, dijo.

“Yo lo que planteo a los empleados que el tiempo de nosotros no es igual al tiempo del Gobierno ni de los que están mensualizados. Hay un compromiso asumido y lo tienen que cumplir. Nadie podrá creer que la Provincia de Salta no puede pagar $120 mil para cumplir con este proyecto que está comprometido y firmado”. El dirigente vecinal puntualizó: “Nosotros siempre hemos trabajado ad honorem. Ahora hace dos años que trabajamos con el Ministerio contra el pago de una suma de dinero. Siempre hubo atrasos para pagarnos ese dinero, pero nunca como ahora, nunca pasamos tantos meses sin cobrar y tener que llegar a reunirnos en la calle para exigir el pago”.

El Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia adeuda el pago de 7 meses de haberes a los instructores que dan clases de deportes en playones y canchitas barriales. Son mil pesos mensuales por cada profesional.

Walter Ignes, instructor y presidente del Centro Vecinal del barrio Lamadrid, anticipó ayer a El Tribuno que el próximo jueves se reunirán a las 10, frente al edificio del Ministerio para exigir la normalización de la deuda. "De ahí no nos moveremos hasta que nos den una respuesta satisfactoria", dijo.

"Vamos a reclamar por lo que nos deben y si hace falta haremos un corte de calle en 25 de Mayo, entre Alsina y Necochea", adelantó, a su vez.

Y añadió el presidente del Centro Vecinal del barrio Llamadrid: "Vamos a exigir que nos paguen, como sea. Nosotros trabajamos y tenemos que cobrar por eso, no tenemos que andar mendigando nada a nadie. El mismo gobernador (Juan Manuel Urtubey) habló la semana pasada en un canal de televisión de Buenos Aires de los derechos de los trabajadores; entonces, este es un muy buen momento para demostrar que su gobierno hace lo que él dice. Por eso, esperamos que su gente se ponga las pilas y cumpla con los compromisos asumidos con nosotros".

Ignes recordó que a comienzos de año, el Ministerio de Derechos Humanos, con la firma de la ministra Marianela Cansino, hizo un convenio con la Federación de Centros Vecinales por 1.200.000 pesos, 10 cuotas consecutivas de 120 mil pesos, sobre lo que la Federación nos abona 1.000. La Secretaría de Deportes le abona 1.600, pero los instructores de esta modalidad perciben solo 1.000 pesos.

“Ahora, con el paso de las semanas y atentos al atraso en los pagos, en la Federación nos fueron corriendo las fechas de pago probable pero llegamos a hoy y ellos no tienen ningún depósito hecho, por lo tanto no pueden hacer efectivo el pago”, puntualizó.

Hace dos semanas, Ignes presentó una nota -Nº 240.161/2015- en el Ministerio de Derechos Humanos por este tema, dirigida a la ministra Cansino, a Mercedes Uldri Fuentes, secretaria administrativa y a Fernando Martinis Mercado, coordinador del Ministerio, pero no tuvo respuesta. “Los funcionarios no dan la cara, esa es la verdad. Entonces, nosotros nos encontramos con los empleados de las reparticiones que nos escuchan y nada más, no toman decisiones sobre nuestro problema”, contó. Recordó también que la semana pasada fue a ver a Sergio Plaza, secretario de Deportes. “Y no me atendió tampoco. Siempre está ocupado. Me atendió Adrián Cuadrado (director de Deportes), quien me dijo que solamente son gestores de los expedientes, pero todo el tema del dinero depende del Ministerio de Derechos Humanos. Y Allí, cuando voy a pedir audiencia para que me atienda, siempre está ocupado, en reunión, de viaje, nunca dan la cara y no dan soluciones”, dijo.

“Yo lo que planteo a los empleados que el tiempo de nosotros no es igual al tiempo del Gobierno ni de los que están mensualizados. Hay un compromiso asumido y lo tienen que cumplir. Nadie podrá creer que la Provincia de Salta no puede pagar $120 mil para cumplir con este proyecto que está comprometido y firmado”. El dirigente vecinal puntualizó: “Nosotros siempre hemos trabajado ad honorem. Ahora hace dos años que trabajamos con el Ministerio contra el pago de una suma de dinero. Siempre hubo atrasos para pagarnos ese dinero, pero nunca como ahora, nunca pasamos tantos meses sin cobrar y tener que llegar a reunirnos en la calle para exigir el pago”.