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La consagración de la impunidad

Domingo, 27 de diciembre de 2015 00:24
Omar Valdez, padre de uno de los jóvenes muertos en Guachipas, junto a Ana Fernández y familiares de víctimas de crímenes impunes durante una de las marchas de los viernes; todos quieren creer en la Justicia, pero no encuentran respuesta ni solidaridad de quienes deben administrarla. 
Desde agosto, Omar Valdez y su esposa se sumaron al grupo de padres, hermanos y amigos que todos los viernes marchan en la plaza 9 de Julio reclamando justicia por tragedias impunes. Mauricio Valdez era uno de los cuatro jóvenes que murieron calcinados el 28 de octubre de 2014 en el cerro El Acheral, en paraje Las Juntas, en Guachipas. En agosto pasado, David Albarracín rescató del celular de su hermano la filmación del incendio y la propia muerte.
En esos diez meses, las familias de Mauricio Valdez, Martín Albarracín, Víctor Ferreyra y Matías Vilte experimentaron el rigor de una burocracia que cuenta con todos los recursos para evitar que salga a la luz lo que quienes la manejan deciden que permanezca oculto. El video impactó en la opinión pública, pero no en los jueces.
No logran entender por qué el fiscal de Cerrillos, Gabriel Portal, cerró la investigación en marzo dando por sentado que todo había sido una fatalidad.
Los jóvenes habían sido enviados a apagar un incendio forestal de primera magnitud apenas con un bidón de veinte litros de agua cada uno, a pesar de que los bomberos de El Carril y la aeronave hidrante que sobrevoló la zona informaban que era imposible controlar el fuego.
Portal sabía, porque lo dejó escrito al clausurar la investigación, que el incendio no ponía en peligro viviendas ni personas; de hecho, se extinguió solo, pocos días después.
Las familias denunciaron por "encubrimiento" al ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo D' Andrea, y de "homicidio culposo" al exsecretario de Defensa Civil Víctor Ola Castro, al excoordinador de Brigadas Forestales, César Dagum y al jefe del Subprograma Brigada Forestal, Roberto Durneli.
Mauricio Valdez vivía en Villa Arenales, tenía tres hijos, una esposa, y una vida por delante. Había sido contratado para tareas de limpieza de plazas y jardines. Lo enviaron a controlar un incendio forestal.
Martín Albarracín tenía 28 años, y un proyecto personal muy ambicioso para su propio desarrollo profesional. Víctor Ferreyra, el mayor de todos, fue identificado como jefe de la cuadrilla: lo cierto es que la cuadrilla no tenía jefe. Matías Vilte también tenía un contrato precario. Para las familias, todo es sospechoso. Tienen la certeza de que Ola Castro, Dagum y Durneli recibieron una "orden superior".
Saben que el único riesgo cierto que generaba el incendio afectaba al ganado de la Defensora Oficial María Inés Diez, y que el intendente de Guachipas, Néstor Parra había pedido la intervención de los bomberos.
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Desde agosto, Omar Valdez y su esposa se sumaron al grupo de padres, hermanos y amigos que todos los viernes marchan en la plaza 9 de Julio reclamando justicia por tragedias impunes. Mauricio Valdez era uno de los cuatro jóvenes que murieron calcinados el 28 de octubre de 2014 en el cerro El Acheral, en paraje Las Juntas, en Guachipas. En agosto pasado, David Albarracín rescató del celular de su hermano la filmación del incendio y la propia muerte.
En esos diez meses, las familias de Mauricio Valdez, Martín Albarracín, Víctor Ferreyra y Matías Vilte experimentaron el rigor de una burocracia que cuenta con todos los recursos para evitar que salga a la luz lo que quienes la manejan deciden que permanezca oculto. El video impactó en la opinión pública, pero no en los jueces.
No logran entender por qué el fiscal de Cerrillos, Gabriel Portal, cerró la investigación en marzo dando por sentado que todo había sido una fatalidad.
Los jóvenes habían sido enviados a apagar un incendio forestal de primera magnitud apenas con un bidón de veinte litros de agua cada uno, a pesar de que los bomberos de El Carril y la aeronave hidrante que sobrevoló la zona informaban que era imposible controlar el fuego.
Portal sabía, porque lo dejó escrito al clausurar la investigación, que el incendio no ponía en peligro viviendas ni personas; de hecho, se extinguió solo, pocos días después.
Las familias denunciaron por "encubrimiento" al ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo D' Andrea, y de "homicidio culposo" al exsecretario de Defensa Civil Víctor Ola Castro, al excoordinador de Brigadas Forestales, César Dagum y al jefe del Subprograma Brigada Forestal, Roberto Durneli.
Mauricio Valdez vivía en Villa Arenales, tenía tres hijos, una esposa, y una vida por delante. Había sido contratado para tareas de limpieza de plazas y jardines. Lo enviaron a controlar un incendio forestal.
Martín Albarracín tenía 28 años, y un proyecto personal muy ambicioso para su propio desarrollo profesional. Víctor Ferreyra, el mayor de todos, fue identificado como jefe de la cuadrilla: lo cierto es que la cuadrilla no tenía jefe. Matías Vilte también tenía un contrato precario. Para las familias, todo es sospechoso. Tienen la certeza de que Ola Castro, Dagum y Durneli recibieron una "orden superior".
Saben que el único riesgo cierto que generaba el incendio afectaba al ganado de la Defensora Oficial María Inés Diez, y que el intendente de Guachipas, Néstor Parra había pedido la intervención de los bomberos.
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